Golpe de Estado | Fiscalía admite denuncia contra Áñez por asumir la presidencia irregularmente en 2019

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Fiscalía admite denuncia contra Áñez porque asumió la presidencia del Senado en 2019 al margen del Reglamento

Por ABI

El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó este martes que el Ministerio Público admitió la denuncia penal planteada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, contra Jeanine Áñez porque asumió la presidencia de esa instancia legislativa en 2019 mediante un procedimiento irregular, violando el Reglamento General de la Cámara Alta.

“El Ministerio Público ha recibido la denuncia por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en contra de la señora Áñez (y abrió) la investigación por el tipo penal de prolongación de funciones (…) tanto como presidenta del Senado como también como presidencia del Estado Plurinacional”, manifestó, citado por La Razón en su versión digital.

La denuncia penal del caso fue planteada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, conspiración, anticipación y prolongación de funciones y otros.

Por su lado, el abogado de Áñez, Luis Guillén, anunció que pedirá que la denuncia se sume a otro proceso contra su cliente que fue planteado por la exdiputada Lidia Patty por la supuesta perpetración de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Una persona no puede ser juzgada dentro de este país por un mismo hecho y la demanda presentada por Andrónico Rodríguez relata los mismos hechos que se están ya dilucidando en el marco de la investigación del caso terrorismo, sedición y conspiración”, manifestó a los periodistas.

Hace algunos días, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó que el Reglamento Interno de la Cámara Alta, en su artículo 35 parágrafo II, establece que: “para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al bloque de minoría”.

En este contexto, señaló que a Áñez, en su condición de senadora, lo que le correspondía era convocar a sesión y conformar la directiva, hecho que no sucedió.

“Entonces no sé cuál ha sido su interpretación jurídica para declararse presidenta del Senado, cuando no le correspondía, de ninguna manera le correspondía y después presidenta del Estado”, cuestionó.

Finalmente, mencionó que se recabó grabaciones, documentación y registros de la reunión de legisladores y otros funcionarios que participaron de este hecho irregular.

La Época


Procuraduría afirma que hay cinco juicios pendientes contra Áñez y su gabinete

Por Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Un informe elaborado por la Procuraduría General del Estado (PGE), establece que hay un juicio de responsabilidades y cinco juicios ordinarios pendientes en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete. Este informe recuerda que es una recomendación de la anterior legislatura que formó una comisión y dejó las conclusiones.

El juicio de responsabilidades es solo contra a la expresidenta, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada.

Entre los juicios ordinarios figuran uno contra Jeanine Áñez y sus exministros Alvaro Coimbra, Karen Longaric, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Femando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzman, Yerko Núñez, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Otro juicio ordinario aplica contra Arturo Murillo Prijic y Luis Femando López, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

El tercer juicio ordinario es contra Jaime Zurita Trujillo (Comandante de la Policía Departamental de Cochabamba y Alfredo Cuéllar (Comandante de Guarnición Militar Cochabamba) por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

El cuarto juicio ordinario es contra el fugado coronel Iván Rojas del Carpio, ex director nacional de la FELCC y Franko Orlando Suárez Gonzales, Comandante de Acción Conjunta, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

El quinto y último proceso ordinario es contra Williams Kaliman Romero, ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por autorizar la salida de las FFAA en los hechos de Ovejuyo, Zona Sur y el municipio de Betanzos, en Potosí.

El informe no señala si estos procesos están en curso o se iniciará la demanda correspondiente ante las autoridades del Ministerio Público.

El documento de la PGE también señala que durante el gobierno de Áñez se iniciaron casi un centenar de juicios contra los dirigentes del MAS, los mismos que habrían sido rechazados por falta de pruebas. El documento señala que esa es la constatación de que hubo una persecución política contra los dirigentes del masismo.

“La Fiscalía General del Estado inició investigaciones de oficio y a instancia de parte, se registran 61 procesos por los conflictos sociales; 88 procesos relacionados a los ataques a viviendas de exautoridades, periodistas y otros; 3 procesos por ataques a la Defensoría del Pueblo; 9 procesos investigativos contra exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales y 9 procesos iniciados contra miembros de la ‘Resistencia Juvenil Cochala’”, señala el párrafo 84 del informe.

Asimismo, indica que Áñez emitió un decreto presidencial de amnistía que impedía a los aprehendidos vinculados al gobierno de Evo Morales acogerse a ese beneficio; luego, en el párrafo 88 señala que por esa razón se expidió otro decreto presidencial, esta vez a cargo de Luis Arce, favorable a los funcionarios y militantes masistas que fueron privados de libertad durante los conflictos de 2019.

El Deber


Gobierno de Trump amenazó a investigadores del MIT que demostraron que no hubo fraude en Bolivia

Un informe llevado a cabo por dos investigadores del MIT, publicado por el Washington Post en febrero de 2020, demostró que no hubo fraude en las elecciones bolivianas del 2019, y que la OEA se equivocó. Hoy el mundo se entera que el gobierno estadounidense intimidó y amenazó a los investigadores que realizaron aquella importante investigación.

Recordará la población boliviana que Arturo Murillo, ministro de Gobierno del gobierno de facto, viajó a EEUU entre septiembre y octubre de 2020. El jueves 15 de octubre de 2020, tres días antes de realizarse las elecciones en Bolivia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos contactó a los investigadores indicando que habían recibido una solicitud formal para investigar sobre las elecciones bolivianas. Cuando uno de los investigadores le respondió que la investigación se basó en información disponible públicamente, el Departamento de Justicia respondió amenazando con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”.

Los correos se han hecho públicos en el portal The Intercept, e indican que la amenaza de una citación fue una medida extraordinaria, ya que el Departamento de Justicia estadounidenses tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno. Según una fuente familiarizada con la investigación, la investigación del Departamento de Justicia asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior.

Tres hechos deben rescatarse de lo acontecido:

  • El gobierno de facto de Áñez buscó la ayuda del gobierno estadounidense para frenar las investigaciones que revelaron que nunca hubo fraude.
  • El gobierno norteamericano intimidó a los investigadores del MIT, rompiendo incluso los protocolos existentes y la libertad de prensa.
  • El gobierno norteamericano paralizó forzozamente las investigaciones que demostraban que no hubo fraude en Bolivia.

La Resistencia


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