Kamala Harris afirma que EEUU “debe responder” ante la destitución de jueces de la Corte en El Salvador

Foto: AFP
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EUA debe responder ante las destituciones de jueces en El Salvador, dice vicepresidenta Kamala Harris

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, consideró este martes que su Gobierno debe responder a las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de El Salvador.

La vicepresidenta hizo estas declaraciones durante su intervención en la 51ª conferencia anual de Americas Society/Council of the Americas, donde tienen previsto hablar a lo largo de esta jornada varios miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.

“Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la corte de mayor instancia de la nación”, recordó la responsable estadounidense.

Harris consideró que un poder judicial independiente “es crucial” para una democracia sana y una economía fuerte. “Debemos responder”, zanjó.

“Tenemos que defender los derechos humanos básicos de toda la gente y cuando esos derechos son violentados debemos responder… Estamos enfocándonos en atacar las causas y las raíces de la migración y entre las raíces hemos identificado a la corrupción, impunidad, la falta de buena gobernanza”, apuntó la vicepresidenta, que es la encargada de las políticas y acciones de Estados Unidos enfocadas en los tres países del Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala.

La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados constitucionales de la CSJ y del fiscal general.

Harris confirmó que dentro de un mes viajará a México y Guatemala para sostener reuniones con “aliados” del sector privado y de organizaciones civiles del Triángulo Norte. Hasta ahora, los acercamientos directos entre la vicepresidenta con representantes del gobierno salvadoreño son nulos.

“Debemos actuar si hay corrupción. Sabemos que la corrupción causa el colapso en las instituciones del Estado, previene que la gente tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la justicia y sabemos que en el Triángulo Norte, la corrupción nos impide crear las condiciones desde sus bases para la gente no siga huyendo de la región”, dijo la vicepresidenta.

El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.

Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.

Este lunes, la ONU y la Unión Europea (UE) expresaron su inquietud por lo que acontece en El Salvador, sumándose a la preocupación manifestada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.

Harris es la funcionaria de mayor rango que se ha pronunciado sobre este asunto desde el Gobierno de EE.UU., cuyos lazos con el Ejecutivo de Bukele no pasan por su mejor momento.

La Prensa Gráfica


EE. UU: Congresistas Meeks y Sires sugieren “revocar las visas de los que orquestaron los eventos del sábado”

“Estados Unidos también debería revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la policía nacional que orquestaron los eventos del sábado por la noche. Instamos a la Organización de los Estados Americanos a revisar urgentemente si las acciones del Congreso de El Salvador han violado las obligaciones del país bajo la Carta Democrática Interame”, dijeron a través de un comunicado W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Albio Sires, presidente del Subcomité de Seguridad Civil del Hemisferio Occidental , Migración y Política Económica Internacional; con respecto a los acontecimientos políticos suscitados en El Salvador el sábado pasado.

Para los funcionarios, el abuso de poder que está imponiendo el presidente Nayib Bukele merece una respuesta firme. “Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. La administración responsable de los recursos de los contribuyentes estadounidenses requiere una evaluación objetiva de si estas personas recién instaladas, incluido el nuevo fiscal general, planean impartir justicia igualitaria bajo la ley salvadoreña o promover los intereses estrechos del presidente y sus aliados”.

Asimismo catalogaron como un golpe brutal a la democracia de El Salvador, las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En cuanto a la destitución del Fiscal General señalan que dañó gravemente la integridad e independencia del sistema de justicia; ya que había estado investigando actos de corrupción cometidos por funcionarios gubernamentales pasados ​​y actuales.

A juicio de los diplomáticos estadounidenses “en una noche, el presidente Bukele borró efectivamente la separación de poderes y la independencia del poder judicial, condiciones de las que depende una democracia funcional”.

Con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, los diputados oficialistas de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de una solicitud con dispensa de trámite, es decir, sin ser discutida en las comisiones.

La solicitud inicial fue propuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, quien también fue electa como vicepresidenta del Órgano Legislativo.

Luego de la votación para lograr la destitución, los diputados se tomaron cinco minutos para “evaluar” los perfiles de los candidatos que conformarán las nuevas magistraturas de la Sala.

Durante los casi dos años de gobierno, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha sido uno de los filtros para detener los abusos de poder del gobierno de Nayib Bukele.

Entre otras, la Sala prohibió utilizar militares y policías para intimidar a los diputados opositores, impidió hacer capturas arbitrarias durante la cuarentena domiciliar y ha exigido que se cumpla los procesos de formación de ley a fin de evitar piezas no discutidas o extralimitación de poderes.

La iniciativa de Nuevas Ideas justifica la intención de remover a los magistrados “ante las múltiples sentencias antipopulares”. De concretarse, se avanzaría aún más hacia el control del tercer órgano de Estado por parte del oficialismo, que ya tiene la Presidencia y el Legislativo.

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