LGBTFOBIA: Brasil es epicentro de otra pandemia

Foto: Brasil de Fato
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Por Flor Urbani*

La vulnerabilidad que atraviesa la comunidad LGBTIQ+ en Brasil no es noticia. En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ARGMedios analiza la situación crítica que atraviesa el país con más asesinatos de personas trans del mundo.

Por doce años consecutivos, Brasil encabeza la lista de acuerdo con la ONG Transgender Europe. Las cifras indican que cada 48hs, una persona trans es asesinada en el país. De acuerdo al relevamiento conducido por la organización Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) fueron 175 personas trans asesinadas el año pasado en el país, representando un aumento del 43.5%, respecto a 2019.

Además de los crímenes consumados, se registró un incremento del 54% sobre los intentos de asesinato. Si contabilizamos los casos en América Latina, Brasil representa el 44% de los casos. Otro dato revelado por el informe de ANTRA es que la persistencia y aumento de casos se mantiene entre los mismos estados. Según el informe, São Paulo, Ceará, Bahía y Río de Janeiro se encuentran entre los cinco primeros estados con más asesinatos de personas trans desde 2017.

São Paulo ocupa el primer puesto, representando un aumento del 38% de casos con relación a 2019, con 29 casos; seguido de Ceará con 22, lo que aumentó el número de asesinatos en un 100% con respecto a 2019; Bahía, con 19 y un aumento de 137,5% con relación a 2019 y Río de Janeiro se mantuvo en la quinta posición, pasando de siete casos a 2020, un aumento del 43%.

La pandemia, un nuevo factor de riesgo para las personas trans

La pandemia y sus respectivas medidas de aislamiento social, potencializaron una serie de problemas previamente enfrentados por la comunidad LGBTIQ+ como evidencia el diagnóstico realizado por la organización #VOTELGBT. Específicamente en lo que se refiere al aislamiento y exclusión.

El informe destaca el siguiente testimonio de una mujer trans; “Antes de la pandemia ya sufría transfobia por parte de la familia, pero todos trabajamos. Con esta pandemia, empezamos a estar juntos más a menudo y por la no aceptación de mi familia y por la violencia psicológica por parte de mi madre, salí de la casa. Estoy desconsolada y no me siento bien psicológicamente”.

En cuanto a la población trans, que sufre mucho más la exclusión del entorno familiar y educativo, el acceso a estructuras de contención es prácticamente inviable debido a la cuarentena. “Perder el acceso a su red de apoyo significa la falta de entornos seguros para ser quienes son”, resalta el estudio. Espacios como universidades y los entornos de convivencia social son mucho más que lugares de estudio o ocio. Se refieren a entornos donde pueden sentirse completos y seguros, físicamente y emocionalmente.

La limitación al acceso a servicios para la comunidad LGBTIQ+ fue otra de las consecuencias. “Si bien los sistemas de salud se centraron en la pandemia, otros servicios cruciales para las personas LGBTIQ+, como las terapias relacionadas con problemas de salud sexual y mental, no estaban fácilmente disponibles”, destaca Amnistía Internacional en su Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo publicado en abril.

El 42,74% de los consultados por #VOTELGBT considera que el aumento en problemas relacionados con salud mental ha sido el mayor impacto de la pandemia en sus vidas. Y el 54% de ellos afirma la necesidad de apoyo psicológico.

La invisibilidad ante la falta de datos oficiales

Todos los datos citados anteriormente tienen un factor en común: ninguno de ellos proviene de una institución gubernamental. Existen normativas nacionales para implementar el levantamiento de datos aunque no sean adoptadas.

Por ejemplo, desde 2014 existe una resolución federal vigente mediante la cual se establecen los parámetros para la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en los informes policiales. Sin embargo, la medida no es aplicada en todo el país. De los 26 estados y el Distrito Federal en el país, 15 de ellos no entregaron el año pasado las tasas de agresión, homicidio y violación o las revelaron parcialmente respecto a la comunidad LGBTIQ+.

La falta de sistematización resulta en un retrato parcial sobre la violencia ejercida contra la comunidad LGBTIQ+. Consultado por el portal Brasil de Fato, el investigador Dennis Pacheco, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, explica que sin datos oficiales que realmente representen la realidad de la violencia contra LGBTIQ+, es difícil crear políticas de seguridad pública efectivas para proteger a la población.

El investigador apunta que las cifras son la base empírica y el punto de partida para el diseño de estrategias así como para trazar un perfil detallado de delitos, víctimas y agresores y asesinos.

Las iniciativas recaen en la sociedad civil y gobiernos locales

El gobierno nacional ya ha dejado clara su postura, desde sus inicios. En la toma de posesión, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro declaró que combatiría la “ideología de género”. Para Sara Isabel Pérez, lingüista y coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de Género de la Universidad Nacional de Quilmes, entrevistada por Nodal, esto se traduce en que Bolsonaro combatirá la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, los derechos de mujeres, jóvenes y niños, avances en derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Dicho y hecho. Mediante el Decreto N ° 9.759 del 11 de abril de 2019, el presidente disolvió el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación y Promover los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis. y transexuales (CNCD / LGBT). En la práctica, el decreto cierra las actividades del organismo principal para combatir la discriminación y promover la ciudadanía de la población LGBTI + en Brasil.

Ante la falta de datos federales que den cuenta de la realidad atravesada por la comunidad, las iniciativas tanto de diagnóstico como de implementación recaen en las esferas más bajas de intervención. La lucha por la protección y garantía de derechos de la comunidad LGBTIQ+ es impulsada por un conjunto de actores que reúnen a políticos, a organizaciones sin fines de lucro y a la sociedad civil.

Además de ANTRA y #VOTELGBT mencionadas anteriormente, otro ejemplo es la Fundación Getúlio Vargas. La institución lanzó el diciembre pasado un protocolo con el objetivo de orientar a la policía para actuar en casos de homotransfobia. Los lineamientos van desde el abordaje hasta el registro de hechos y la recepción de víctimas. En el país, solo el Distrito Federal tiene tales regulaciones.

No todos las cifras en aumento durante 2020 fueron negativas. La comunidad LGBTIQ+ logró el año pasado un aumento de representatividad histórica durante las elecciones municipales. Al menos 90 personas del colectivo fueron elegidas como concejales en el país, el cuádruple desde las elecciones de 2016. Sin embargo, los desafíos persisten. La concejal Benny Briolly, la primera parlamentaria trans elegida en Niterói, en el Estado de Río de Janeiro, anunció la semana pasada la decisión de abandonar temporalmente Brasil por amenazas contra su integridad física.

Cabe destacar dos victorias conseguidas durante el año pasado por la comunidad LGBTIQ+ vinieron de la mano del Supremo Tribunal Federal. La primera ocurrió en mayo cuando la justicia determinó eliminar las restricciones de donación de sangre a los hombres gays. La segunda medida, sancionada un mes después, enmarcó la homofobia y transfobia en la ley de delitos de racismo hasta que el Congreso Nacional apruebe la legislación respectiva.

*Periodista, Politóloga, Bonaerense en RJ


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