Luchas socioambientales en la Patagonia argentina: ¿quién es el enemigo? – Por Sebastián Sayago
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Sebastián Sayago *
Las luchas socioambientales contra el extractivismo y la predación ambiental, desarrolladas de diferentes modos a lo largo y ancho de América Latina, pueden ser interpretadas como la manifestación de los límites del modo de producción capitalista. La explotación de la naturaleza con el fin de mercantilizar sus elementos (recursos o productos, dirán algunos) tiene como contracara la contaminación, el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, el aumento de la pobreza, la pérdida de soberanía nacional sobre el territorio y la corrupción de la clase política y, por lo tanto, del Estado.
Con rasgos particulares, la situación en la Patagonia argentina no es muy diferente de lo que sucede en otros países. Hay provincias en la que, desde hace años, hay explotación hidrocarburífera y minería metalífera a cielo abierto. Las promesas del ‘derrame de riqueza’ y el bienestar general no se cumplieron en ningún caso. Los estados provinciales están endeudados, los servicios públicos (en especial, salud y educación) están deteriorados y el aumento de la pobreza y la precarización laboral no cesan.
En este escenario, cobra notoriedad el caso de Chubut, ya que, desde hace casi veinte años, el pueblo se opone a la minería metalífera a cielo abierto o megaminería. El antecedente más claro de esta lucha es el plebiscito de 2003 en Esquel, mediante el que el 81% de los votantes rechazó la propuesta de instalación de un yacimiento aurífero. Antes, ya había surgido un movimiento antinuclear en contra de la idea del expresidente Carlos Menem de instalar un basurero nuclear en Gastre, una localidad de la meseta. Esto ocurrió en la famosa década del ‘90, en la que el partido justicialista ejecutó reformas neoliberales profundas, muchas de las cuales todavía están vigentes.
El Estado postmenemista
Como sabemos, Carlos Menem privatizó muchísimas empresas estatales, incluso las que eran estratégicas para el desarrollo del país. Mediante la reforma de la Constitución, en 1994, provincializó la explotación de los recursos naturales, favoreciendo la acción de mafias regionales y corrupción a baja escala. Fragmentó el sistema educativo nacional, transfiriendo la responsabilidad de la gestión a las provincias, lo que terminó resultando en una pérdida de la calidad educativa y la pauperización del trabajo docente. Combinó clichés neoliberales y populistas para hablar de la realidad política. Reclutó y promovió a figuras que se han reciclado en el kirchnerismo: Felipe Solá, Daniel Scioli, José Luis Gioja, Daniel Filmus, Aníbal Fernández, Martín Redrado, entre muchos otros. De hecho, hasta el propio Néstor Kirchner, en 1995, se postuló a la reelección como gobernador de Santa Cruz estampando su nombre en la lista encabezada por Menem.
Es cierto que el kirchnerismo ha cambiado varios ejes del modelo menemista; principalmente, en la política exterior, la política de derechos humanos y la asistencia social. Incluso revindica un rol mucho más activo del Estado en los procesos sociales y económicos. Pero no ha revertido lo más importante de la reestructuración menemista: el desguace del Estado nacional en parcelas provinciales y el modelo de saqueo de recursos naturales. Hay aquí una continuidad no declarada y bastante incómoda.
La privatización de YPF fue apoyada con entusiasmo por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes luego realizaron una cuasireestatización de la empresa al aumentar la participación estatal dentro de su conjunto accionario. También reestatizaron Aerolíneas Argentinas y las AFJP.
Menem aprobó una Ley de Minería que fija un tope de 3% de regalías para la provincia (unas migajas), además de otorgar otros beneficios a las empresas. El kirchnerismo no solo mantuvo este marco regulatorio sino que lo aprovechó para seguir impulsando la megaminería en todo el territorio nacional.
En Chubut, desde hace años, el gobierno pretende aprobar un proyecto de zonificación minera que habilite la minería a cielo abierto por zonas y por etapas, comenzando por dos departamentos (uno de ellos es Gastre, donde Menem pretendió instalar el basurero nuclear). El proyecto contó con el apoyo sucesivo de las gestiones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y ahora de Alberto Fernández. No hubo grieta en este asunto.
El pueblo se defiende
La lucha socioambiental es la más importante en la provincia en los últimos 30 años. Es policlasista y multicultural. Incluye a grupos urbanos y rurales, a grupos “blancos” y a mapuche-tehuelche, a trabajadores de todos los ámbitos. En todo este proceso el pueblo ha realizado aprendizajes valiosísimos. Actúa a través de una dinámica de asambleas que contrasta con la linealidad autoritaria de los aparatos partidarios y las burocracias sindicales. Desarrolla procesos de información, enseñanza y divulgación participativos y horizontales. Todos aprenden y todos pueden explicar lo que está pasando y lo que pretende hacer el gobierno y el lobby minero.
En la Constitución Provincial se prevé un mecanismo de democracia semidirecta: la presentación de proyectos de Iniciativa Popular en la Legislatura, con el aval de al menos el 3% del padrón electoral. Solo hubo dos casos en la historia de Chubut: la Iniciativa Popular contra la megaminería presentada en 2014 y la presentada en noviembre del año pasado. En 2014, el tratamiento fue burlado por la mayoría de los legisladores. Esa instancia fue reprobada públicamente luego de la difusión de la fotografía de Gustavo Muñiz, recibiendo pedidos del gerente de una empresa minera en plena sesión.
La Segunda Iniciativa Popular, también orientada a la prohibición de la megaminería, fue presentada en noviembre del año pasado y contó con el respaldo de más de 30.000 firmas, mucho más del mínimo exigido por la ley. Fueron juntadas en pleno ASPO, lo que no es poca cosa. Pero, en vez de realizar un tratamiento serio, la legislatura desestimó la iniciativa de un modo veloz e irrespetuoso. El justicialismo dividió los votos para crear el efecto de discrepancia y, por 13 a 12 (con 2 abstenciones), pasó por encima un maravilloso ejemplo de participación popular y apuesta a la democracia representantiva.
¿Quién es el enemigo?
El gobernador de la provincia es Mariano Arcioni, aliado de Sergio Massa, uno de los pilares del Frente de Todos. Ganó la campaña electoral en 2019 prometiendo que iba a mantener su oposición a la megaminería. Sin embargo, a los pocos meses de asumir, dijo que desde hacía tiempo estaba trabajando con diversas empresas mineras en la elaboración del proyecto de zonificación. Es decir, perpetró una de las estafas electorales más groseras en la historia chubutense. Y no solo eso: en esta voltereta, contó con el apoyo de su bloque de diputados y con el de Alberto Fernández, que en repetidas ocasiones habló acerca de la necesidad de desarrollar esta industria en Chubut (incluso, la promocionó en diferente eventos nacionales e internacionales).
La lucha socioambiental suele centrar rechazo en el lobby minero y en el gobierno provincial de turno. El primero es el que compra la prensa y coimea funcionarios, como es el caso del diputado provincial Sebastián López, quien saltó a la fama a fin del año pasado, cuando se difundió un video en el que se lo veía pedir plata a una empresa minera para “hacer la rosca política”. El segundo es la cara más visible de la responsabilidad política en el territorio: gracias a Menem, la minería es un asunto de las provincias.
Sin embargo, nada de esto sería posible sin el apoyo del gobierno nacional. Tanto el macrismo como el kirchnerismo tienen una profunda convicción extractivista. Aseguran que es importante explotar uranio y litio, que el país necesita estos recursos para su desarrollo. Sin embargo, no plantean modificar la Ley de Minería menemista, con el fin de proteger la soberanía nacional. Y también apoyan la extracción de oro y plata, cuya utilidad se acota a la ambición de grupos empresarios que negocian estos metales a escala internacional. Nada queda para el pueblo.
Mientras tanto, con menos prensa, hay proyectos de desarrollos productivos ecológicos, que cuidan la naturaleza y favorecen las economías comunitarias, impulsados por instituciones científico-tecnológicas y organizaciones sociales. Pero, claro, son ideas que no favorecen el negociado minero y, por eso, son desestimadas por el gobierno. Mejor dicho, por esa trama de grupos e intereses que articula políticas mediante los gobiernos de turno, más allá de los resultados electorales.
*Integrante de TraCES (Colectivo de Trabajadorxs de la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut)
