Paraguay | La oposición repudia proyecto de ley presentado por Abdo Benítez: “Se aproxima a un régimen autoritario”

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Opositores piden que Abdo corrija su proyecto y vuelva a presentarlo

La Mesa de Presidentes de los Partidos de Oposición al gobierno colorado publicaron un manifiesto de repudio contra el anteproyecto de ley del presidente Mario Abdo que crea un marco legal para las medidas sanitarias y punitivas mientras dure la pandemia del COVID-19 en Paraguay.

Piden al primero del Ejecutivo que debata y proponga los cambios necesarios para que la ley sea debidamente corregida y constituya en un “marco legal democrático” para regular el estado de emergencia de acuerdo artículo 68 “Del derecho a la salud”.

Aseguran que el proyecto contraviene expresas disposiciones constitucionales y, por ello, consideran que es “nulo de nulidad” absoluta. Desde la nucleación sostienen que la propuesta de normativa se “aproxima a la instauración de una régimen autoritario”. Manifiestan que de avanzar estaría violentando la Constitución y lo que autoriza a resistir de acuerdo al artículo 137.

“El proyecto cercena derechos”

Los presidentes de los partidos políticos contrarios a la manera de gestionar la crisis por parte del Mario Abdo manifiestan que el proyecto “cercena derechos consgrados constitucionalmente. “En la práctica política no debería haber lugar para este tipo de iniciativas”, expresan para dar cuenta el repudio por consideralo anticívico.

“El resto del proyecto es más confuso y contradictorio”, indican y hacen un llamado a los senadores y diputados a que produzcan un instrumento que establezca normas que prevengan los abusos por parte de las autoridades de aplicación y estén acordes a la Constitución y la leya que rigen el país, reza el comunicado.

La Nación


Proyecto de “ley garrote”: Constitución permite “limitar” derechos para garantizar la vida, considera abogado

El Ejecutivo planteó al Congreso Nacional el proyecto de ley de emergencia sanitaria -o “ley garrote”- con el que busca sancionar a la ciudadanía en caso de incumplir las restricciones sanitarias. La iniciativa surge ante la deficiente gestión del Gobierno en la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

En conversación con ABC Cardinal, Rolón Luna señaló que en general está de acuerdo con el proyecto de ley debido a que considera que en la Constitución Nacional (CN) se prevé limitar derechos para garantizar la vida. “En general, estoy de acuerdo con una ley que establece esos límites y alcances de esas restricciones. Estoy de acuerdo con eso y no con los decretos”, manifestó.

No obstante, el profesional del derecho refirió que las restricciones no pueden ser establecidas a través de los decretos presidenciales. En ese sentido, indicó que la vía es la legislación con la elaboración de normativas, como permite la CN.

Agregó que un contexto de emergencia sanitaria se pueden plantear ciertas restricciones o limitaciones a derechos mediante la legislación. “En una situación de emergencia sanitaria pueden establecerse restricciones porque se trata del derecho a la vida”, declaró.

Seguidamente, Rolón refirió que considera preminente el derecho a la vida, ya que -según entiende- cuenta con un sustrato con respecto a otros privilegios constitucionales. “El derecho a la vida está en primer lugar, luego el medio ambiente y luego el derecho a la libertad. Hay un sustrato del propio disfrute de otros derechos, como es el derecho a la vida”, mencionó.

Igualmente, indicó que el “verdadero peligro” se encuentra más allá de la ley, haciendo referencia a las irregularidades que cometen las instituciones de seguridad y del Poder Judicial. ”Más allá de la ley, el problema está en la Policía, la Fiscalía y nuestros jueces, que no cumplen con sus garantías”, expresó.

El abogado refirió que, si bien tiene objeciones con respecto a artículos particulares del proyecto, considera que la iniciativa del Ejecutivo no tiene como objetivo habilitar prácticas arbitrarias. “En el artículo por artículo tengo objeciones. De ahí a decir que se trate de una ley habilitante me parece un despropósito”, sostuvo.

Rolón Luna acotó, en ese sentido, que le resulta “muy forzado” señalar que Abdo Benítez pretende ser un dictador, cuando -según indicó- no es ni siquiera un gobernante. Rolón Luna también refirió que, teniendo en cuenta la situación sanitaria, puede haber “matices” en la perspectiva que son distintas al período prepandemia, por lo que el debate debe centrarse sin utilizar analogías incorrectas.

“La discusión debería darse en un plano de buena fe. Me parece muy forzado decir que Mario Abdo tiene vocación de dictador cuando no tiene ni la de gobernante y mucho menos de dictador”, afirmó.

En otro momento, Rolón Luna cuestionó a los medios de prensa por tomar postura ante un proyecto de ley como el que elaboró el Ejecutivo. Afirmó que considera que el rol del periodismo debe limitarse a informar u opinar y no realizar campañas contra iniciativas legislativas.

“Ley garrote”, rechazada por varios sectores

Desde organizaciones sociales, gremios productivos y partidos políticos manifestaron su rechazo al proyecto de “ley garrote” que plantea el Ejecutivo. Coinciden en que la iniciativa brinda atribuciones arbitrarias y permite la vulnerabilidad de derechos constitucionales.

Entre los principales cuestionamientos se destacan que permite la autorización al Ejecutivo de suspender derechos constitucionales (art. 6), la creación de tribunales especiales (art. 9), la disolución de la división de poderes (art. 11) y las multas confiscatorias (art. 19). Se puede entender, entonces, que la iniciativa es ideológicamente monstruosa, ya que podría considerarse como una ley habilitante, que es el pilar habitual de las dictaduras.

No obstante, autoridades del Ejecutivo insisten en su aprobación, ya que consideran que existe una necesidad de sancionar a quienes incumplan las medidas sanitarias en un contexto de crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. Ayer, trataron de justificar la “ley garrote” ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, pero los senadores señalaron las numerosas deficiencias de la iniciativa legislativa.

abc


Ejecutivo presenta ley de emergencia sanitaria con nuevas figuras penales para el contexto de pandemia

El Poder Ejecutivo envió este martes al Congreso un proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que recoge las experiencias de lo aplicado hasta el momento en el control de la pandemia y crea nuevas figuras del tipo penal.

Estas figuras corresponden a la inmunización irregular de vacunas, es decir la aplicación de dosis contra el covid-19 para persona a las que no les correspondía conforme al Plan Nacional de Vacunación. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Ambas figuras se aplican a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentan a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurtos y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular, indicó el jefe de Gabinete Civil, Hernán Hutteman.

El proyecto de ley también detalla los procedimientos de control de las medidas sanitarias, que estará a cargo del Ministerio de Salud y comprende el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

Este tipo de sanciones serán de carácter administrativo y cuentan con multas de 2 a 300 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho y su reincidencia, indicó Hutteman.

En el caso de las multas, las mismas irán a una cuenta especial fiscalizada por el Ministerio de Hacienda y que será destinada a los programas relacionados con la emergencia sanitaria, señala el texto del proyecto.

Junta de Emergencia Sanitaria

El proyecto de ley también establece la creación de una “Junta de Emergencia Sanitaria” conformada por autoridades del Poder Ejecutivo, que se reunirá de forma ordinaria cada 15 días y de forma extraordinaria en circunstancias urgentes.

A través de esta junta se recibirán reportes del Ministerio de Salud, se evaluarán las medidas sanitarias vigentes y será la instancia de diálogo con los sectores empresariales, comerciales y otros, afectados por las medidas aplicadas mientras dure la declaración de emergencia por la pandemia del covid-19.

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