América Latina y el Caribe: un nuevo momento histórico de acumulación – Por José Galindo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por José Galindo*
Todo se orientaba a, por lo menos, media década de estabilidad regresiva para los pueblos del Abya Yala… hasta que el coronavirus tocó la puerta del continente, desordenando lo que parecía estable y dando un nuevo impulso a las fuerzas populares. Lo que no sabemos es cuánto durará.
América Latina y el Caribe acaban de ingresar a un nuevo momento histórico, con sus propias lógicas y sus propios límites. Si a mediados de la década pasada los gobiernos de izquierda parecían agotarse irremediablemente, ahora dicha tendencia ha sido revigorizada por la llegada de México y el reingreso de Argentina. Bolivia, que parecía condenada a seguir los pasos de otras intervenciones imperiales locales, se sobrepuso a un golpe de Estado principalmente gracias a la impronta que lo nacional-popular ejerce sobre su historia y Brasil también da señales de querer superar la etapa de confusión institucional que permitió la emergencia del bolsonarismo después de otro golpe de Estado en 2016.
Por si fuera poco, pueblos que antes parecían inmunes a toda forma de progresismo hoy no pueden disimular su desencanto con el añejo recetario neoliberal y las élites que lo administraron durante décadas, lo que implica un desafío imprevisto para el tutelaje imperial sobre el continente.
Momentos de acumulación y desgaste
“Hay momentos de acumulación y momentos de des-acumulación”, dijo en julio de 2016 el politólogo cubano Roberto Regalado, para referirse a la tendencia menguante de los gobiernos progresistas del Hemisferio. Hasta entonces, se habían dado una serie de transformaciones en diferentes dimensiones de la vida de varias sociedades latinoamericanas con desiguales grados de profundidad, pero caracterizados todos por un mayor protagonismo del Estado en la redistribución de la riqueza, la inclusión de sectores populares en la administración del poder o, por lo menos, una sana reducción de la influencia de las élites tradicionales en la toma de decisiones claves para el futuro de sus pueblos.
Entre 1999 y 2005, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil atraviesan profundas transformaciones políticas como resultado de movimientos bruscos en las capas tectónicas de sus formaciones sociales. Caen gobiernos, por revueltas o elecciones, dando paso a un conjunto de reemplazantes que desde todo punto de vista estaban un poco más a la izquierda del centro tolerado por Estados Unidos, aquel punto de irradiación soberana extra continental. A ellos deben sumarse Cuba, Nicaragua, Uruguay y, por un momento, Paraguay, configurando un mapa latinoamericano imprevisible a finales del siglo pasado. La opinión conservadora se refirió a esta tendencia como “la Ola rosada”, mientras que algunos entusiastas en la izquierda la bautizaron como “la Tercera Ola emancipatoria de América Latina”.
Durante un lapso que duró poco más de una década, además de los cambios señalados dentro de sus respectivas sociedades, a nivel internacional, una tendencia inocultable hacia la conformación de un bloque regional latinoamericano podía ser apreciada, particularmente impulsada por Brasil o Venezuela, llegando a conformar organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y, la más desafiante, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que por primera vez excluía la intromisión de Estados Unidos en la resolución de asuntos regionales.
Pero la marcha de estos gobiernos de izquierda en América Latina se ve interrumpida por diferentes razones, todas confluyentes, sin embargo, con su desplazamiento y el de su proyecto político. Venezuela entra en un periodo de crisis después de la muerte de Hugo Chávez, provocado por la decidida y hostil intervención yanqui; Argentina vuelve al redil del neoliberalismo luego de que una incesante guerra mediática dirigida por el grupo Clarín, entre otros factores, agotara el capital político de Cristina Fernández; Ecuador ve traicionadas sus expectativas de la mano de Lenín Moreno, quien le vende una elección a la oligarquía financiera y terrateniente; mientras que Brasil, Paraguay y, pronto, Bolivia, caen en manos de la derecha por variadas modalidades de golpe de Estado. Para noviembre de 2019 la reconfiguración conservadora del continente parecía haberse consumado.
La victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina darían, sin embargo, un necesario respiro al progresismo latinoamericano que rápidamente sería reforzado por la recuperación democrática de Bolivia, hasta que llegamos al momento actual.
La excepción chilena y la sorpresa colombiana
Esta historia debe ser contada con sus matices en tanto no es lineal. Al mismo tiempo que el orden constitucional era violentado por policías, militares y clases medias en Bolivia, bajo la dirección de su oligarquía y Washington, en Ecuador, Chile y Colombia atravesaban protestas cada vez más masivas, que llegaron a niveles críticos en los dos primeros países, principalmente en rechazo a un conjunto de reformas neoliberales que empeoraban todavía más las condiciones de vida de poblaciones ya pauperizadas. Es decir, para la izquierda regional no todo iba de bajada o, al menos, no todo iba de subida para la derecha. La acumulación de contradicciones en el seno de la sociedad chilena, como señala Atilio Boron, termina explotando una vez que el crédito pierde su eficacia para atenuar la pobreza de millones de personas y entre octubre y marzo de 2019 este país no solo logra hacer retroceder una propuesta fiscal regresiva del gobierno de Piñera, sino que también consigue poner en la agenda la realización de una Convención Constituyente refrendada en octubre de 2020.
Para llegar a ese punto fueron necesarias casi una treintena de muertes y la sistemática violación de los Derechos Humanos de los chilenos. Cientos de personas perdieron la vista a causa de la (mal) intencionada intervención de la Policía y muchas más fueron arrestadas e incluso torturadas. ¿Cuáles son los resultados? El pasado domingo Chile eligió a los 155 representantes de la Convención Constituyente que aspira a superar el legado pinochetista, arrojando resultados incuestionablemente malos para la derecha de aquel país. La principal coalición de derecha, Chile Vamos, logró apenas el 23% de los votos, por lo cual tendrá que conformarse con 37 escaños. No obstante, la izquierda tradicional tampoco tuvo resultados satisfactorios, llegando a aglutinar solamente 28 escaños alcanzados con el 18% de los votos emitidos, mientras que la centro-izquierda de la exNueva Mayoría, obtuvo 25 escaños que en su mayoría son del Partido Socialista (PS).
Entonces, ¿por qué decimos que los resultados fueron malos para la derecha? Porque además de haber alcanzado muy poca representación a través de su coalición oficial, la principal sorpresa de estas elecciones vino con la elección de 48 independientes, entre los cuales, obviamente, no faltan representantes conservadores e incluso ultra conservadores, pero donde destacan sobre todo líderes de las revueltas de finales de 2019 e inicios de 2020, con 24 elegidos de la “Lista del Pueblo”. Es decir, al menos a nivel general, y más que una victoria de la izquierda, la última elección ha sido una decidida derrota para la derecha.
Paralelamente, Colombia todavía atraviesa una convulsionada coyuntura iniciada hace semanas con motivo, también, de una reforma tributaria regresiva que colocaba mayor presión impositiva sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. El ciclo de protestas fue respondido con el uso desproporcional de la fuerza, que hasta ahora ha provocado casi una treintena de muertos según fuentes conservadoras, o casi media centena, de acuerdo a otras no oficiales. El epicentro del movimiento, ubicado en la ciudad de Cali, ha sido acompañado por la solidaridad de otros sectores populares en el resto del país, y amenaza con escalar a niveles mucho mayores en caso de que el gobierno de Duque no pueda desactivarlo. Algo que no tiene intención de hacer mediante el diálogo.
Estamos hablando, acá, de una de las sociedades más violentas a nivel latinoamericano, que no es ajena a los horrores de la guerra y la represión estatal. Solo desde 2016, fecha en la que se firma un Acuerdo por la Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, han sido asesinados más de 900 líderes sociales que, justamente, abogaban por el cese del conflicto interno en el país. Solamente en 2020 más de 16 mil personas fueron desplazadas por la violencia, particularmente en las zonas rurales. De hecho, antes de la crisis migratoria venezolana, Colombia era el país con mayor cantidad de refugiados en el extranjero de todo el continente, y el segundo en todo el mundo, con 1,8 millones de refugiados fuera de sus fronteras.
Acá hay un paralelismo, quizá forzado, pero merecedor de cierta reflexión. Tanto Chile como Colombia son, actualmente, los dos principales aliados del gobierno de Estados Unidos en la Región, así como los dos países donde el dominio de las élites tradicionales y oligárquicas parecía el más estable, lo que no significa el más humano ni el más democrático. Con todo y a pesar de la fuerte represión silenciada por los medios de comunicación globales, estas sociedades no llegaron a cuestionar el status quo ni proponerse cambios radicales, al menos desde inicios de este siglo. Y justamente por ello es que la situación actual de ambos gobiernos es sumamente anormal, pues indica que algo se ha roto en el seno de sus formaciones sociales: el pacto de protección / sujeción hobbesiano.
La disrupción pandémica
Como puede notarse, hay una interrupción histórica que puede percibirse en todo esto. La restauración conservadora en la Región parecía un hecho, salvo por las excepciones de Argentina y México, a inicios de 2020. Todo se orientaba a, por lo menos, media década de estabilidad regresiva para los pueblos del Abya Yala… hasta que el coronavirus tocó la puerta del continente, desordenando todo lo que parecía estable y dando un nuevo impulso a las fuerzas populares.
La pandemia tuvo un efecto triple sobre las sociedades latinoamericanas: primero, agudizó las tendencias represivas de los Estados regionales; segundo, agravó la situación socioeconómica de los sectores más vulnerables de cada país; y tercero, hizo más profundas y evidentes las desigualdades en el seno de cada pueblo, particularmente en cuanto al acceso a servicios básicos como la salud. Dado que eran gobiernos conservadores los que administraron esta triple crisis, fueron ellos los que terminaron pagando los platos rotos, lo que patenta que estaban en el lugar y momento equivocado de la historia. Y esto, en Bolivia, que tenía todavía cierta acumulación histórica a favor de las masas populares, se tradujo en el retorno de la izquierda de la mano de Luis Arce, mientras que, en Colombia, simboliza la ruptura del pacto de sujeción / protección entre las clases medias de cada uno de estos países. Pacto que ya era débil en Chile debido a que el crédito ya no podía neutralizar los peores efectos del neoliberalismo en su sociedad.
¿Qué es el pacto hobbesiano? Hablemos de Thomas Hobbes, y su mítico Leviatán, único garante de la coexistencia pacífica de los seres humanos, producto de un acuerdo entre las partes, por el cual se marca la transición del estado de naturaleza peligroso, hostil y miserable al estado civil o político. Varios individuos acuerdan transferir su libertad a un hombre o un conjunto de hombres a cambio de que dicho depositario de poder, el soberano, garantice a los pactantes su seguridad. En palabras de Hobbes:
“El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad.”
El Leviatán, que en el caso de Colombia y Chile, aunque no plenamente capaz de garantizar seguridad a todos los miembros de la sociedad, sí, al menos, cierta estabilidad y previsibilidad a las clases medias, obedientes y sumisas en tanto puedan mantenerse en su posición por encima de las clases populares.
Hoy, los Estados de ambos países ya no pueden cumplir con ese pacto.
Un nuevo momento de acumulación de fuerzas
Cuando le preguntaron a Atilio Boron sobre la posibilidad de una nueva ola progresista a raíz del retorno de la izquierda en Argentina, México y Bolivia, este respondió con suma cautela, advirtiendo que “…sería un error suponer que esta nueva oleada podría ser una re-edición del proceso anterior. Serán gobiernos progresistas pero más moderados que sus predecesores, en donde aquel ciclo tuvo un apogeo que fue nada menos que la derrota del ALCA, el principal proyecto geopolítico del gobierno de Estados Unidos para todo el siglo veintiuno (…) Pero es indudable que pese a todo ello el subsuelo profundo de Latinoamérica está en movimiento. Lo decisivo para el éxito de este proyecto será, como siempre, la movilización del campo popular, su efectiva organización y concientización. Sin ese impulso ‘desde abajo’ poco podrá lograrse”.
O volviendo a Regalado: “Hay momentos de acumulación y desacumulación”. Si bien las fuerzas de izquierda no se encuentran con la fortaleza con que contaban a principios de este siglo, es evidente que tampoco el polo conservador tiene las condiciones que tuvo en la última década del siglo pasado. No es momento de cosecha, sino de siembra; de acumulación de fuerzas, establecimiento de alianzas y construcción de utopías.
