Bachelet denunció ante la ONU el deterioro de los DDHH en Nicaragua

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Contexto NODAL
El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de junio a más de 15 opositores, entre los que se encuentran cinco precandidatas y precandidatos a presidente. Estados Unidos, la Unión Europea, ONU, OEA y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y pidieron por la liberación de todas las personas apresadas para garantizar elecciones libres. Por su parte, el gobierno afirma que las detenciones se dan en el marco de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley N° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que afirma que “todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” no podrán optar a cargos de elección popular y se les iniciará acciones penales.

Bachelet denuncia ante la ONU deterioro de la situación en Nicaragua

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, señaló la ex Presidenta en su intervención.

Bachelet lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

También se ha detenido a otros ochos líderes políticos (entre ellos cinco mujeres) y dos dirigentes gremiales, “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”, subrayó Bachelet, quien insistió en que los arrestos han estado rodeados de “graves violaciones de las garantías procesales”.

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, “como en efecto está ocurriendo”, aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión “no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”, así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

La alta comisionada también afirmó que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la “persecución selectiva” contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos”, subrayó, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.

Estos abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, “generan un clima de temor” que en opinión de la alta comisionada “inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”.

Bachelet pidió por todo ello al Gobierno del presidente Daniel Ortega “cambios urgentes”, que “implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.

También apeló a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.

Reclamó por último que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, “a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país”.

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