Colombia | El Comité del Paro anuncia un “desescalamiento de bloqueos” para continuar las negociaciones con el gobierno

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Comité de Paro dice que dio instrucción de desescalamiento de bloqueos

Minutos antes de empezar un nuevo diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, con el cual se busca soluciones para salir de la crisis que atraviesa el país desde hace un mes, los líderes sindicales aseguraron este martes que el domingo tomaron la decisión de buscar desbloquear las carreteras del país.

Este ha sido uno de los puntos que ha puesto como condición el Gobierno Nacional para instalar la mesa de negociación.

“Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país”, dijo Fabio Arias, fiscal de la CUT.

Por su parte, Nelson Alarcón, integrante del Comité, señaló que “nosotros hicimos un desescalamiento en los puntos de resistencia, como le hemos llamado, el Gobierno les llama bloqueos (…). Esa es una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscar una solución negociada y concertada a este paro nacional”.

Seguidamente señaló que esto lo hacen para que “hoy el Gobierno Nacional no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos”.

Esto fue respaldado por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores de los diálogos junto con la ONU, quien reconoció que el Comité del Paro ha hecho un esfuerzo para facilitar los desbloqueos.

“Ha evolucionado. Ayer (lunes) constatábamos hacia las horas de la tarde más de 30 sitios donde se había logrado el desbloqueo, en la noche se dieron más. Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos”, dijo el representante de la Iglesia católica.

La Defensoría del Pueblo celebró el anuncio y advirtió que ha mediado en el levantamiento de 31 bloqueos en el país en 10 departamentos, pero aún faltan “62 bloqueos que persisten a nivel nacional en Valle del Cauca, Cauca, Huila, Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cundinamarca y Putumayo”.

En el comunicado compartido el domingo, los sindicalistas señalaron que “con militarización y violencia”, el Gobierno Nacional estaba bloqueando la negociación.

No obstante, algunos ciudadanos se preguntan si esta orden y una negociación con el Comité harán cesar los bloqueos y el paro nacional. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por Noticentro 1 CM&, muestra que el 59 por ciento de los encuestados respondieron que es un movimiento sin control, y solo el 29 por ciento le adjudicó ese poder al Comité del Paro. Pero la mitad de los encuestados aseguraron que sienten que el Comité del Paro representa sus intereses, aunque el 43 por ciento negó esto.

En cuanto a los bloqueos, la encuesta revela que el 79 por ciento dijo que no está de acuerdo con esta forma de protesta, aunque un 20 por ciento dijo que sí.

El Tiempo


Comité de paro nacional da vía libre

Este martes se pronunció el comité de paro nacional ordenando el desbloqueo de las vías en medio de las manifestaciones para dar paso al diálogo.

Durante el día se dará una jornada de negociación entre el Gobierno y el comité del paro nacional. Este acto se llevará a cabo gracias a la decisión que el representante Nelson Alarcón, vocero del comité del paro nacional asumió, al ordenar el desbloqueo inmediato de todas las vías del país.

Ante esta decisión, el comité señala que el gobierno ya no tendrá excusas para dar inicio a los diálogos, dado que esta era una de las condiciones expuestas por el presidente Iván Duque para llevar a cabo dicha mesa de negociación.

En varias regiones del país, los mandatarios están llegando a acuerdos para desbloquear vías, uno de esos ejemplos es la ciudad de Neiva, donde el alcalde Gorky Muñoz habló con los manifestantes logrando el desbloqueo del puente Santander.

Los manifestantes de Neiva dieron ejemplo en acatar la orden de manera inmediata, y hacia las 9:30 de la mañana quitaron las barricadas que bloqueaban a lado y lado del puente el paso vehicular, y habilitaron el tránsito en ambos sentidos. Adicional, el Cuerpo Oficial Bomberos Neiva junto con la secretaria de gestión del riesgo y la alcaldía municipal, avanzan con jornadas de limpieza en el puente Santander que por varios días estuvo cerrado debido a las manifestaciones pacíficas que se adelantan en el territorio colombiano, siendo esta una muestra de lo que representa el compromiso de los neivanos.

“Estamos tratando de limpiarlo, pintarlo, para que se den cuenta que la primera línea no son los vándalos, que la gente de bien está pintando que son los que dañan, que destrozan, queremos que se den cuenta que aquí nos unimos para demostrarle al país y a Neiva, que sí se puede por medio del diálogo, lo hemos logrado de una manera histórica en Neiva”, agregó vocero de los manifestantes.

Neiva hoy es ejemplo nacional. Mientras en otras ciudades la militarización ha sido la salida para el desbloqueo de vías, en la capital del Huila, el diálogo y la concertación fue el camino.

Cabe resaltar que los manifestantes se han declarado en asamblea permanente por 24 horas, donde buscarán avanzar en un proceso de coordinación y entendimiento con los sectores que mantienen bloqueos en El Patá y en Altamira, para buscar que se habilite un cordón humanitario.

Sin embargo, se espera que la ciudad continúe superando el conflicto y permanezca ese ejemplo de diálogo eficaz, para lograr de manera permanente el desbloqueo.

La Nación


¿Y si gobernadores y alcaldes no cumplen con la orden de asistencia militar?

Aunque el decreto 575 les ordena a los gobernadores de ocho departamentos y los alcaldes de 13 ciudades coordinar con Ejército y Policía el levantamiento de los bloqueos, algunos de ellos dicen que prefieren recurrir a las vías del diálogo y la concertación.

Con el decreto 575 del pasado viernes 28 de mayo, por medio del cual el presidente Iván Duque determinó la asistencia militar en ocho departamentos y 13 ciudades del país, alterados por los enfrentamientos entre Fuerza Pública y manifestantes en el marco del paro nacional, sus gobernadores y alcaldes quedaron supeditados a coordinar con las autoridades militares y de policía las medidas pertinentes al restablecimiento del orden público. Es decir, en coordinación con Ejército y Policía, los mandatarios deben adoptar las medidas necesarias para evitar y levantar los bloqueos en las vías, además de implementar planes y acciones para reactivar la productividad y la movilidad en sus respectivas jurisdicciones.

El decreto les señala además la obligación de “brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, para lograr mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana”. Asimismo, deben tener informada a la opinión pública, nacional e internacional, sobre los avances en dichas medidas y, dado el caso, decretar toques de queda ante cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario. Todo lo anterior, con una advertencia clara: “Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”.

¿Quiénes son los mandatarios regionales y locales sometidos a esa decisión presidencial? Se trata de los gobernadores Clara Luz Roldán del Valle del Cauca; Elías Larrahondo del Cauca, Jhon Rojas de Nariño, Álvaro Granja del Putumayo, Luis Enrique Dussán del Huila, Arnulfo Gasca del Caquetá, Victor Tamayo de Risaralda y Silvano Serrano de Norte de Santander. En cuanto a los alcaldes, están Jorge Iván Ospina de Cali, Óscar Escobar de Palmira, John Jairo Santamaría de Yumbo, Julián Adolfo Rojas de Buga, Víctor Hugo Vidal de Buenaventura, Juan Carlos López de Popayán, Germán Chamorro de Pasto, Luis Fernando Villota de Ipiales, Gorky Muñoz de Neiva, Carlos Alberto Maya de Pereira, Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga, Andrés Tovar de Madrid y Guillermo Aldana de Facatativa, estos dos últimos en Cundinamarca.

El decreto en mención ha generado una ardua discusión y hay quienes consideran que es inconstitucional. ¿Es de obligatorio cumplimiento por parte de esos gobernadores y alcaldes? Para el jurista Rodrigo Uprimny, no y estos pueden, e incluso deben, por tratarse de inconstitucionalidades burdas, aplicar la excepción de inconstitucionalidad e implementar únicamente los contenidos e interpretaciones constitucionales del decreto. “Esto significa que deben intentar levantar únicamente los bloqueos desproporcionados y no todos los bloqueos; en esos casos deben intentar el diálogo y la concertación primero; sólo agotada esa posibilidad pueden recurrir a la fuerza, que debe ser usada en forma proporcionada, conforme a los estándares de derechos humanos y sin nunca involucrar al ejército en esas tareas”, escribió en una columna publicada en el portal de DeJusticia.

Incluso, el abogado Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, va más allá al señalar que los mandatarios regionales y locales ni siquiera pueden ser sancionados por negarse a esa asistencia militar para evitar o levantar por la fuerza los bloqueos pues, según dijo, en un Estado de Derecho no se pueden establecer mecanismos vía decreto para sancionarlos por no cumplir las decisiones. “Se requiere una ley particular que establezca no solo motivos, sino el proceso con base en la que se va a hacer esa sanción (…) no se puede poner a los militares por encima de la autoridad civil (…) los militares no pueden cumplir ninguna función que esté atribuida a otra institución del Estado, ni siquiera en estado de excepción, por lo que no pueden realizar actividades que le corresponde a la Policía”, enfatizó.

De hecho, ya se conoce de algunos de esos gobernadores y alcaldes que han dicho que antes que la acción policial y militar, prefieren privilegiar el diálogo frente a las acciones de los manifestantes en sus departamentos y ciudades. Es el caso, por ejemplo, del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán y el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. El primero viene implementando unas mesas de diálogo con los manifestantes que bloquean las vías de acceso al sur del departamento y el Caquetá, lo que ha permitido reabrirlas para dar paso a alimentos y combustibles. Su intención es evitar enfrentamientos con el Esmad y el Ejército. El alcalde Muñoz, por su parte, aunque habla de bloqueos, asegura que han sido intermitentes y que hoy las protestas son pacíficas, por lo que prefiere buscan consensos.

Otros mandatarios, como el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, han dicho que no van a militarizar la ciudad, postura que mantiene también la Gobernación de Caquetá, que en un comunicado señaló: “No podemos enmarcarnos con las situaciones descritas en el decreto 575, por lo cual la asistencia militar no se hace necesaria actualmente, pues no se cumplen los preceptos para utilizarla”. Jhon Rojas, gobernador de Nariño, aseguró, por su parte, que prefiere recurrir y agotar el diálogo y la concertación, antes que las medidas de fuerza. Eso sí, por el momento no se conoce algún pronunciamiento de la Procuraduría frente a quienes se abstengan de cumplir con el decreto presidencial.

Como antecedente, vale referenciar que hace dos semanas, un día después de que en Buga (Valle del Cauca) se registraran fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes que bloquearon la vía Panamericana, y también confrontaciones en zona urbana del municipio, el Ministerio Público les advirtió a cinco alcaldes del departamento que podrían ser investigados por omisión de funciones en medio del paro nacional. “La indiferencia es omisión y la omisión tiene consecuencias disciplinarias”, les dijo. El llamado de atención iba dirigida a los mandatarios de Yotoco, Restrepo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, pidiéndoles que adoptaran las medidas que consideraran necesarias para garantizar el derecho a la protesta, sin restringir los derechos fundamentales del resto de la población. Una advertencia que, dirán algunos, les cabe a los involucrados ahora en el decreto 575.

El Espectador


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