Costa Rica | El problema de la corrupción sube al escenario electoral – Por Álvaro Murillo

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Álvaro Murillo

La divulgación de una red de supuestos sobornos en la adjudicación de obras públicas vuelve a colocar el tema de la corrupción en la mesa de discusión nacional en momentos de preparativos de las elecciones nacionales del 2022.

Cuatro años después del “cementazo”, el amplio operativo policial del lunes reveló —de nuevo— un esquema de aparentes relaciones corruptas entre empresas privadas y funcionarios de instituciones públicas, aunque con varias particularidades.

El ambiente político se agita ahora con un caso que acumula casi dos años de investigaciones casi silenciosas de la policía judicial y que toca a un sector tradicional de las empresas privadas del país, al punto de provocar la captura de los poderosos liderazgos de las constructoras H. Solís y Meco.

La corrupción, que solo el 6% de la población la ubica como el principal problema del país (sexto en la lista de la encuesta CIEP-UCR de abril 2021), vuelve a detonar como tema durante un gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pese a que el poder de las dos mega constructoras viene de las últimas dos décadas.

Eso no es necesariamente una mala noticia, según Andrés Araya, politólogo director de la organización Costa Rica Íntegra, representante local de Transparencia Internacional: “Se debe discutir como parte de la campaña porque no es algo abstracto, es algo que impacta en la economía, que es también una prioridad”, comentó tras recordar que el Índice de Percepción de la Corrupción en Costa Rica es 57 en la escala 1-100, por detrás de otros 41 países del mundo.

Además de la recuperación de la economía y del alto desempleo posteriores a la pandemia, la corrupción queda instalada en el debate electoral conforme avanza el caso del que el país apenas se enteró este lunes 14 de junio. Diligencias judiciales, nuevos datos y repercusiones se conocerán conforme se desarrolla la campaña electoral.

El curso de esa discusión, sin embargo, podría depender del avance del caso en instancias judiciales, con la interrogante de si el Ministerio Público podrá atender de manera pronta y diligente un caso complejo que se suma a otros asuntos pendientes, como el mismo “cementazo” que lleva cuatro años de proceso.

Evelyn Villarreal, presidenta de Costa Rica Íntegra, señaló que ese es el reto ahora: establecer responsabilidades y sancionar. “Se ve bien que la inversión hecha por el país en mecanismos de detección parece haber funcionado en este caso. La debilidad en el proceso está en lo que sigue. Cabe hacerse la pregunta sobre cómo va a terminar”, dijo en alusión a otros escándalos que han quedado sin aclararse o impunes.

Este caso también es complejo, reconoció Villarreal. Toca a varias instituciones y sus relaciones con privados a lo largo de un período extenso, con la particularidad de que en esta ocasión se trata de compañías poderosas del sector construcción, que no estaba libre de sospechas sobre irregularidades. “Era un secreto a voces desde hace bastante tiempo”, acota Villarreal.

El fuerte peso de H. Solís y de Meco en los contratos viales con el Estado hace que los cuestionamientos sobre presuntos sobornos vayan más allá del gobierno actual e incluso del PAC, que acude a su convención para elegir candidatura presidencial el 8 de agosto, menos de dos meses después de la revelación de este caso.

Partidos tradicionales y sus aspirantes a cargos públicos, sea a diputaciones o a la Presidencia de la República, se enfrentan a cuestionamientos que podrían jugarles en contra, advierten dos politólogos consultados que, por sus funciones actuales en instancias involucradas, prefirieron no ser citados.

Una de las inquietudes incluye el financiamiento, pues en el pasado ha habido informaciones sobre aportes de personas allegadas de esas compañías hacia partidos políticos. Aunque una consulta de este semanario al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo reportó 11 donaciones de personas investigadas en el caso de este lunes, que en total no llegan juntas a los ¢800.000.

Se trata de aportes hechos entre 2006 y 2010 al Partido Liberación Nacional (PLN) por Carlos Cerdas (presidente de Meco) y Edwin Edmundo Castro Rodríguez (presidente de la Sociedad Constructora Montedes), ambos detenidos.

En el recuerdo está el viaje que en 2013 hizo a Panamá el presidente de Meco, Carlos Cerdas, con Johnny Araya, recién confirmado candidato presidencial, y su presidencial del PLN y su jefe de campaña, Antonio Álvarez Desanti, actual aliado del candidato liberacionista para el 2022, José María Figueres.

Otro ejemplo: el diputado liberacionista por Limón, David Gourzong Cerdas (subjefe de la fracción del PLN), presidía en 2016 la compañía Anamarcala, constructora ligada a H. Solís, en donde su hijo David Gourzong Christie era ingeniero residente y representante de proyectos importantes.

Además, las constructoras cuestionadas poseen también contratos millonarios con numerosos gobiernos locales que están bajo el dominio de partidos políticos variados, en condiciones que podrían recibir cuestionamientos también.

Ahora los focos están puestos en el PAC, sobre todo con la vinculación hecha por las autoridades judiciales sobre Camilo Saldarriaga Jiménez, hasta este lunes asesor de plena confianza del presidente Carlos Alvarado.

Saldarriaga, quien fue jefe de la campaña de Alvarado en 2018, aparece como investigado y, aún no fue detenido, aunque sí fue allanado en su oficina y domicilio por las autoridades judiciales. Por la noche aseguró que renunciaba al puesto para defender su inocencia y no afectar al Gobierno. No se conoce hasta ahora cuáles habrían sido las acciones que hicieron al OIJ implicar al economista de 29 años.

El caso judicial pone, como mínimo, signos de pregunta sobre las obras viales desarrolladas en los últimos tres años para la jefatura del ministro Rodolfo Méndez Mata, un trabajo que era reconocido por propios y ajenos como un punto alto en la gestión del gobierno de Alvarado, en medio de numerosos cuestionamientos que se reflejan en la baja calificación popular.

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