Difamar – Por Gustavo Petro

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Gustavo Petro *

La Corte Suprema de Justicia, decidió en relación con el caso que se me abrió por el video de Juan Carlos Montes en donde me entregaba 20 millones de pesos para mi campaña al senado, prescribir y declararse inhibida y archivar el proceso. Prescribió por la fecha de los hechos.

El año 2005, es decir que desmintió la denuncia de Abelardo, el cordobés amigo del paramilitarismo, que afirmaba en su denuncia, para hacer aparecer esos dineros como un pago del narcotráfico, que la entrega del dinero databa del año 2009, fecha en donde expuse al diario “El Espectador” mi propuesta de reforma de la extradición, que en vez de quitarla, la endurecía.

Por esa misma razón la Corte Suprema de Justicia no solo prescribió la investigación, acto judicial que no demuestra mi inocencia, sino que se inhibió por no encontrar conducta atípica, es decir, no encontró la base de un delito, lo cual si demuestra mi inocencia.

El video fue sustraído del computador personal de Juan Carlos Montes. Siempre sospeché que lo obtuvo el fiscal y se lo entregó a Paloma Valencia para lograr que la prensa no hablara de mi debate sobre su participación en los hechos de corrupción de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento, cosa que la prensa presurosa garantizó con centenares de noticias adversas a mi conducta, sin mencionar los hechos de uno de los casos mas grandes de corrupción que involucraba al fiscal del entonces.

Que la senadora Paloma Valencia haya usado un video hurtado, es en si mismo delictivo. En su declaración bajo gravedad de juramento y preguntada sobre el hecho, dijo que se abstenía de mencionar la fuente porque ella era periodista. Es evidente que el uso de ese video no fue en calidad de periodista sino de senadora de la República.

El video de Juan Carlos Montes sirvió para ocultar los graves hechos de corrupción en la ruta del Sol II que involucraban a los dos hombres más ricos de América del sur y de Colombia y a todos los partidos de la política tradicional de Colombia.

50 millones de dólares fueron distribuidos en sobornos a la dirigencia política del país, y el fiscal general resultó ser el abogado de Odebrecht y Sarmiento Angulo, dispuesto a garantizarles su impunidad. Pero a la prensa no le intereso a donde habían ido a parar los 50 millones de dólares, sino los 20 millones de pesos que me entregaba Juan Carlos.

Hoy, varios años después, he demostrado mi inocencia.

Pero en esos casi cuatro años, la prensa quiso deshacer mi imagen pública con horas enteras de opiniones, noticias, sugerencias que ponían en duda mi honorabilidad. En medio de esa avalancha, las redes uribistas amplificaron la calumnia y llegaron a millones de colombianos. Se trataba de destruir una candidatura presidencial con la mentira.

¿Cúal sería el valor, si se midiera en términos monetarios, de esa campaña de desprestigio contra mi? ¿Cómo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia podría ser reproducida de la misma manera que la noticia difamatoria? ¿Cómo medir el daño causado a la familia Montes, las amenazas a sus hijos, los allanamientos, la persecución contra ellos?

Prácticamente no habría forma de indemnizar lo que significa para una familia una campaña de ese calibre. No se puede explicar en términos monetarios. Solo se puede explicar en términos políticos.

La difamación que se ha construido sobre mí, que la Corte Suprema de Justicia ha revelado, lo mismo que la actual que busca mostrarme como el gran organizador del incendio que el propio uribismo ha desatado por su incompetencia y su insensibilidad social, tiene una explicación en el mantenimiento en el poder de una clase política corrupta y sanguinaria.

Nuestros contradictores no tienen argumentos. En ninguna red social, en ningún medio de comunicación verán argumentos en eso que hoy llamamos el uribismo. Su retorica no es mas que la difamación.

Difaman a la juventud de Colombia y la llaman terrorista, guerrillera. Los mismos que en el Congreso aprobaron la reforma constitucional que llevó los dineros de la educación a la guerra por más de cien billones de pesos, son los que hoy se atreven a gritarle “terrorista” a esa juventud que dejaron sin la oportunidad del estudio.

Difaman a los pobres para poder matarlos. Para lograr que la pasión perversa de una parte de la sociedad aplauda el asesinato de la juventud.

Ya habíamos escuchado difamaciones similares apenas hace unos años. “No estarían recogiendo café” dijo el presidente cuando las madres de los desaparecidos preguntaron por sus hijos, encontrados después en los listados de bajas hechas a la guerrilla.

Difamaron a 6.402 jóvenes a los que sindicaron como guerrilleros después de ejecutarlos, es decir asesinarlos por el gobierno. Allí ya vimos el futuro del proyecto político de Uribe. Miles de jóvenes asesinados, difamados para que millones de padres de familia aplaudieran y votaran por el asesino.

Esa es la triste realidad de Colombia. La difamación convence a millones de mentes ligeras, y la difamación sirve para matar a miles.

Por eso hoy vemos la escena repetida. Miles de jóvenes detenidos arbitrariamente, golpeados, torturados, humillados, abusados, desaparecidos, mutilados o asesinados, mientras varios padres de familias salen a aplaudir. Están convencidos que esos jóvenes del paro que masacran son terroristas, vándalos, confabulados con una conspiración internacional contra Colombia.

Cualquiera cuerdo, inteligente diría que es una estupidez. Pero así es. A una parte de la sociedad la han deseducado en concebir la política como un problema de odios y no de propuestas. Las propuestas se estrellan contra la sinrazón. Le han robado el corazón a millones de personas que no reaccionan como cualquier ser humano reaccionaría en el mundo: Buscar detener un gobierno que asesina la juventud.

La difamación tiene eco en una sociedad convertida en rebaño. No ver a un joven que ha sufrido 20 años de hambre, la de él, la de su familia, que ha visto gracias a las redes y a los medios que existe un mundo de abundancia, pero que a él o a ella solo le corresponde un mundo de sueños extinguidos y no ver en su reacción cuando el barrio es invadido por el régimen que le quita la oportunidad de la vida, una reacción genuina de dignidad, sino atribuirle la conducta del terrorista, es el producto de una fuerte campaña de difamación de la que las redes son protagonistas, pero que tiene un estructurador en los grandes medios de comunicación.

El vandalismo terrorista, dijo el presidente, y como loros todos los días repitieron los medios, difamando a los jóvenes de la protesta. No existe vandalismo terrorista que no sea el que ejerce el Estado, cuando roba y mata.

La difamación contra la actual juventud ya tiene su consecuencia. En medio del aplauso de padres de familia se asesina a los hijos de otros padres de familia.

Lo mismo intentaran hacer conmigo. Sienten un inmenso temor de un gobierno democrático en Colombia que acabe la corrupción. Sienten temor los contratistas de armas, de carreteras, los carteles, sienten temor las mafias, y los corruptos de la política y por eso, me difaman.

Pero como en el caso de los jóvenes, la difamación que se me hace propagada a lo largo y ancho del país por la gran prensa y por las cadenas de whatsapp alimentadas por bases de datos de ciudadanos en poder del estado que se roban y entregan a los propagandistas de la difamación, tiene el objetivo de legitimar el asesinato.

Los que detentan el poder y por fin sienten que llega a su final, difaman para matar. Difamaran y matarán para conservar su poder sanguinolento y corrupto.

* Senador progresista colombiano, fue alcalde de Bogotá y candidato presidencial por Colombia Humana.


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