La CIDH pide que se otorguen medidas cautelares a Cristiana Chamorro y otros dirigentes opositores detenidos

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Contexto de Nodal
El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de junio a más de 15 opositores, entre los que se encuentran cinco precandidatas y precandidatos a presidente. Estados Unidos, la Unión Europea, ONU, OEA y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y pidieron por la liberación de todas las personas apresadas para garantizar elecciones libres. Por su parte, el gobierno afirma que las detenciones se dan en el marco de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley N° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que afirma que “todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” no podrán optar a cargos de elección popular y se les iniciará acciones penales.

CIDH otorga medidas cautelares a Cristiana Chamorro y extrabajadores de FVBCH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a través de una Resolución que fue emitida el pasado 24 de junio, que se otorguen medidas cautelares a favor de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, todos extrabajadores de la Fundación Chamorro, la cual se encuentra bajo investigación por un supuesto caso de lavado de dinero.

El organismo internacional reconoce que «a raíz de la posible candidatura de Cristiana Chamorro Barrios a la presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas». El caso se considera como una herramienta del presidente Daniel Ortega para sacar de la contienda electoral a quien sería la precandidata presidencial que podría resultar ganadora en las urnas el próximo mes de noviembre.

La Comisión ha solicitado al gobierno de Nicaragua que, adopte las medidas necesarias «para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Lourdes Arróliga; adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privadas de la libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables; e informe sobre las acciones adoptadas en un plazo de 15 días.

Caso FVBCH

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) publicaba desde 2018 diversos informes recopilando los actos de agresión contra personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa e información. Aunque en febrero de 2021, decidió cerrar operaciones tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

Cristiana Chamorro, quien presidía la fundación, había exteriorizado desde inicios del año 2021 sus intenciones de postularse como precandidata presidencial en aras de buscar una solución a la crisis política que enfrenta el país desde hace tres años. Desde entonces, habría empezado a ser objeto de campañas de desprestigio en redes sociales, incluyendo amenazas.

Finalmente, un día después de presentar sus intenciones para inscribirse de forma oficial como precandidata del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), la casa de Chamorro fue allanada y tomada por agentes de la Policía Nacional, quienes la mantienen a la fecha bajo régimen de casa por cárcel.

El caso contra Chamorro y la Fundación VBCH ha dejado a otros dos extrabajadores detenidos, Walter Gómez y Marcos Fletes, de quienes se desconoce su ubicación y se les ha negado contacto alguno con sus familiares o abogados.

La CIDH ha advertido que la falta de acceso a sus familiares y abogados de las personas detenidas «puede incrementar su situación de vulnerabilidad, en la medida que permanecen en un estado de indefensión ante posibles incidentes o circunstancias que pongan en peligro sus derechos a la vida e integridad personal».

En cuanto a Lourdes Arróliga, también extrabajadora de la FVBCH, la Comisión concluyó que también podría hallarse en una situación de riesgo, «pues, está en un contexto similar al del resto de las personas beneficiarias, siendo vigilada en su casa y lugar de trabajo por patrullas de la policía; y habría recibido amenazas recientemente».

Nicaragua


COMUNICADO | La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga en Nicaragua

28 de junio de 2021

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 24 de junio de 2021 la Resolución 49/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga. Según la solicitud, a raíz de la posible candidatura de Cristiana María Chamorro Barrios a la presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención. Al respecto, la CIDH consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Las personas beneficiarias son exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde el 2018 publica informes que recopilan y sistematizan los actos de agresión contras personas en el ejercicio de su derecho a libertad de prensa e información. En febrero de 2021, la Fundación decidió cerrar sus actividades ante cambios en la legislación doméstica que consideró podría implicar violaciones a los derechos humanos de sus integrantes. Según la solicitud, en enero de 2021, se habría empezado a difundir el nombre de la señora Cristiana Chamorro Barrios, quién fue presidenta de la Fundación, como posible candidata a la presidencia de la República. Desde entonces, habría empezado a ser objeto de campañas de desprestigio en redes sociales, incluyendo amenazas por parte de terceros.

El 28 de mayo de 2021, Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco fueron detenidos en el marco de una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sin que el Estado haya brindado información sobre su lugar de detención, ni permitido contacto alguno con sus familiares o abogados hasta la fecha de envío de la última información. El 2 de junio de 2021, las autoridades estatales habrían allanado la casa de Cristiana Chamorro Barrios, donde permanecería encerrada, sin poder salir al exterior de la misma y estando totalmente incomunicada y vigilada a tiempo completo por agentes policiales que permanecen dentro de la propiedad. Al respecto, la CIDH advirtió que la falta de acceso a sus familiares y abogados a las personas detenidas puede incrementar su situación de vulnerabilidad, en la medida que permanecen en un estado de indefensión ante posibles incidentes o circunstancias que pongan en peligro sus derechos a la vida e integridad personal.

Asimismo, la Comisión Interamericana tomó en cuenta el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, el que viene siendo monitoreado por su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (MESENI), así como por la especial situación de exposición en la que se encontrarían las personas que se han manifestado en contra de las acciones de represión del actual Gobierno. Según la información proporcionada, las intimidaciones y actos de hostigamiento de los cuales serían objeto se fundan, en gran parte, en su perfil como exintegrantes de una fundación cuya labor estuvo enfocada principalmente en la defensa del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Además, información indica que se han registrado actos de hostigamiento y agresión en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la presidencia en las próximas elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre de 2021.

En cuanto a Lourdes Arróliga, la Comisión concluyó que también podría hallarse en una situación de riesgo, pues, está en un contexto similar al del resto de las personas beneficiarias, siendo vigilada en su casa y lugar de trabajo por patrullas de la policía, y habría recibido amenazas recientemente.

La Comisión tomó nota de la respuesta aportada por el Estado y advirtió que, más allá de sostener que los alegatos de los solicitantes carecen de suficiente credibilidad, no aportó mayores elementos para desvirtuarlos. En ese sentido, no indicó sobre la ubicación de Walter Silva y Fletes Casco, en qué circunstancias se hallan privados de libertad o si sus condiciones de detención se adecúan a los estándares internacionales aplicables. Tampoco informó las medidas que se habrían implementado para asegurar la protección de los derechos de Chamorro Barrios. Con independencia de los motivos por los cuales una persona resulta privada de su libertad, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de velar por sus derechos a la vida e integridad personal. Adicionalmente, pese a haberse efectuado una solicitud de información al respecto, se observa que el Estado no dio respuesta alguna a la situación de Arróliga.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga. En particular, el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privados de la libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

CIDH


Continúa investigación por delitos que atentan contra la Ley 1055

El Ministerio Público de Nicaragua continúa informando a la población nicaragüense sobre el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES y los miembros de sus Juntas Directivas.

A continuación, texto íntegro:

Comunicado 023-2021

El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando a la población nicaragüense sobre el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES y los miembros de sus Juntas Directivas, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos; asimismo contra todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua.

Sobre la investigación que se continúa en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, el día de hoy, se presentó el señor Josué Miguel Centeno Baltodano, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron y luego de firmar el acta procedió a retirarse.

Ayer, se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, por estar siendo investigado por desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” y por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” y el Código Penal. La solicitud fue admitida por la judicial, se llevó a cabo la audiencia y se dictó detención judicial por 90 días.

Las personas que hemos y seguiremos citando, son todas aquellas relacionadas con las investigaciones y se les previene que si no se presentan, deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; quienes expresen estar fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por autoridad competente (Migración y Extranjería).

El Ministerio Público, en cumplimiento con el ordenamiento jurídico nicaragüense vigente, y en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, continuará realizando las diligencias investigativas necesarias. En todo momento se ha velado por la objetividad y calidad de la investigación, se han respetado los derechos constitucionales de las personas entrevistadas e investigadas. Como parte del sistema de justicia penal, continuará contribuyendo a mantener la seguridad y garantizando el respeto de las normas de convivencia pacífica.

Dado en la ciudad de Managua, a los 28 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

La Voz del Sandinismo


Carlos Fernando Chamorro está en Costa Rica exiliado por segunda vez

Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Semana y Confidecial, confirmó este lunes que se encuentra exiliado por segunda vez en Costa Rica, ante el riesgo que existía de ser apresado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en medio de una nueva ola represiva desatada contra figuras críticas a su administración.

«Ante esta persecución que pone en riesgo mi integridad física, la de mi familia, y a mis compañeros de trabajo, me he visto obligado, nuevamente a salir al exilio, para proteger mi libertad y poder seguir haciendo periodismo», informó el periodista.

De igual forma, agradeció al gobierno del presidente Carlos Alvarado y al pueblo costarricense por acogerlo nuevamente «para seguir haciendo periodismo en libertad», pues a pesar de la censura y la persecución que prevalece en Nicaragua, asegura que continuarán «ejerciendo el periodismo, apegados a nuestro compromiso con la verdad».

«Con el legado de patriotismo que aprendí del ejemplo de mis padres, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios, rechazo con todas mis energías los delitos criminales que pretenden imputarme. Pero no necesito defenderme de los calumniadores, mi trabajo periodístico y el de Confidencial habla por sí mismo», sostuvo.

Asedio a la familia Chamorro

Desde hace un mes, el gobierno Ortega-Murillo inició una cacería contra líderes de la oposición, abriéndoles una serie de procesos investigativos a través del Ministerio Público por presuntos casos de lavado de dinero y haciendo cita de la Ley 1055, que tacha a ciudadanos de supuestamente atentar contra la soberanía del país.

La arremetida ha dejado a dos hermanos de la familia Chamorro Barrios detenidos, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliar, y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro. Además del primo de ambos, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro.

El 20 de mayo, la Policía Nacional allanó por segunda vez la redacción de Confidencial sin presentar orden judicial, y el pasado 21 de junio ejecutó un allanamiento en la casa de habitación del periodista Carlos Fernando; lo que consideró acciones claras de que la policía también tenía el propósito de encarcelarlo.

«A los periodistas nos ha tocado documentar esa historia oprobiosa de dictadura y represión, pero también la otra historia de dolor, de resistencia y esperanza. Y vamos a seguir contando esa historia por la memoria de las víctimas, sin aceptar jamás la censura o la autocensura, ni la criminalización del periodismo» indicó el periodista.

La detención de 21 ciudadanos críticos al gobierno de Daniel Ortega durante las últimas semanas se da mientras avanza el calendario electoral y se acercan cada vez más los comicios de noviembre, sobre todo en un momento de fuerte tensión a un mes de que deban presentarse de manera oficial los candidatos presidenciales de cada partido político.

La persecución gubernamental ha dejado a cinco de los precandidatos presidenciales tras las rejas, quienes figuraban como favoritos a competir contra Ortega en las elecciones; asimismo, han sido detenidos otros líderes y activistas de la oposición, incluyendo a empresarios, periodistas y extrabajadores de las fundaciones que dirigían algunos precandidatos.

Nicaragua Investiga

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