La CorteIDH condena a Honduras por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández en 2009

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CorteIDH condena al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández

En el Día Internacional del Orgullo LGBTI y el décimo segundo aniversario del golpe de Estado de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado de Honduras en la muerte de Vicky Hernández, mujer trans asesinada en el marco del toque de queda instaurado por las fuerzas públicas el 28 de junio de 2009

En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGBTI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.

El Tribunal también determinó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homicidio, así como por el marco jurídico general de discriminación, se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no discriminación y el derecho a la identidad de género de Vicky Hernández.

Además, la Corte encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.

¿QUIÉN ERA VICKY HERNÁNDEZ?

Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa». La noche del 28 de junio de 2009, Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la norteña ciudad de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.

Una patrulla de la Policía Nacional habría intentado detenerlas. Debido al contexto de violencia del que eran víctimas por formar parte de la comunidad LGBTI, Vicky y sus amigas intentaron huir por diferentes vías. Al día siguiente Vicky Hernández fue hallada sin vida con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido aclarada por las autoridades hondureñas y el caso permanece impune.

Durante la primera de dos audiencias del caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras, el perito Carlos Zelada Cuña señaló que en el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBTI. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia. Diez de ellas eran miembras del «Colectivo Unidad Color Rosa». Once de estos crímenes ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.

CORTE IDH ORDENA MEDIDAS DE REPARACIÓN

La Corte IDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Sumado a esto y debido a las violaciones, ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Honduras entre las que se encuentran el promover y continuar las investigaciones por el homicidio de Vicky Hernández, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la realización de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.

De igual forma, ordenó la creación de una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; la creación e implementación de un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida.

Asimismo, la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; y el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

Desde el golpe de Estado de 2009, el observatorio de la Red Lésbica Cattrachas reporta 388 muertes violentas de personas LGBTI y una desaparecida; de estos casos, 83 han sido judicializados, obteniéndose únicamente 34 sentencias condenatorias: 4 de lesbianas, 17 de hombres gays y 13 de mujeres trans. Sin embargo, ninguna de estas sentencias contempla como móvil del crimen, el agravante genérico establecido en el Código Penal por discriminación o prejuicio basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.

Tras el anuncio de la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de Vicky Hernández, la Red Lésbica Cattrachas publicó en sus redes que «se trata de un gran precedente para las personas LGBTI en la región». Además, agregó que «#JusticiaParaVicky es el reconocimiento de la identidad de género. Al honrar su nombre y su memoria, estamos buscando la protección de todas las personas trans en nuestra región».

Criterio.hn


Al menos 388 muertes violentas LGBTI en Honduras desde el golpe de Estado de 2009

Este lunes 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI, se cumplen doce años del golpe de Estado en Honduras y del asesinato de Vicky Hernández. Desde entonces se han registrado 388 muertes violentas de personas LGBTI y una desaparecida.

Del total de las muertes, solo 83 han sido judicializadas, obteniéndose únicamente 34 sentencias condenatorias, reporta el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas.

El golpe de Estado de 2009 significó una grave ruptura institucional que tuvo repercusiones en temas sociales, económicos y políticos. La población LGBTI fue una de las impactadas bajo el nuevo régimen, prueba de ello es que, a la madrugada siguiente del golpe de Estado, tras la instauración de un toque de queda por las fuerzas de seguridad del Estado, fue asesinada en la ciudad de san Pedro Sula—zona norte—Vicky Hernández.

Este lunes, en una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado de Honduras por el crimen de la activista trans Vicky Hernández.

De acuerdo con el perito Carlos Zelada Cuña, en el contexto del golpe de Estado fallecieron al menos veintinueve personas de la comunidad LGBTI. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia. Diez de ellas eran miembras del Colectivo Unidad Color Rosa. Once de estos crímenes ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.

La coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, planteó a Criterio.hn que «el orgullo, también es exigir justicia por las personas que asesinaron», pues la impunidad es la norma pese a que el Estado ha recibido financiamiento externo por parte de la cooperación internacional para la creación de entes enfocados en la reducción de esta.

En una carta dirigida al fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla, y al director de la Policía Nacional, comisionado Orbin Alexis Galo Maldonado, Cattrachas increpa a ambas autoridades a realizar un análisis profundo de las causas que producen la alta incidencia de impunidad en la investigación, judicialización y sanción de los crímenes de violencia letal de personas LGBTI.

Además, la organización subraya que de las 34 sentencias condenatorias (4 de lesbianas, 17 de hombres gays y 13 de mujeres trans) ninguna contempla como móvil del crimen, el agravante genérico establecido en el Código Penal por discriminación o prejuicio basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas, pese a que la organización ha entregado a lo largo de 10 años, la información individual de las personas LGBTI que han sido asesinadas y registradas en el Observatorio de Muertes Violentas de la organización.

Indyra Mendoza contó que las personas LGBTI en Honduras, además de sufrir crímenes, sufren por discriminación. Lo apuntado por la defensora de la diversidad sexual, tiene además connotaciones religiosas e ideológicas, lo que se evidencia con la emisión de discursos cargados de odio por parte de políticos y religiosos.

En el año 2012 la comunidad LGBTI interpuso una denuncia por discriminación contra el pastor de la iglesia evangélica, Evelio Reyes, un hombre ligado al poder económico y político. El religioso mantuvo un discurso de discriminación hacia las personas de diversidad sexual que buscaban un cargo de elección popular en el marco de las elecciones de aquel entonces.

Hasta el momento la historia no ha variado en nada, ninguna persona de la diversidad sexual ha alcanzado un cargo de elección popular.

Los fundamentalismos religiosos y morales conllevaron para que en enero pasado el Congreso Nacional, liderado por el Partido Nacional, incorporara la prohibición absoluta del aborto y del matrimonio igualitario en Honduras, mediante una reforma a los artículos 67 y 112 de la Constitución.

Insisto, seguimos siendo esa cuota permitida que se da el Estado de muertes porque las estadísticas así lo dan. No hay investigación, no hay judicialización, no hay sentencias. Entonces no hay un mensaje a la población de que nuestras vidas valen: Indyra Mendoza, coordinadora de la de la Red Lésbica Cattrachas.

El también defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBI, Erick Martínez, manifestó a Criterio.hn que los entes de seguridad pública son los principales agresores, discriminadores y acosadores de las personas de la diversidad sexual, junto a los religiosos y los congresistas que han blindado las leyes bajo la moralidad y prejuicios para que la comunidad LGTBI no tenga los mismos derechos que el resto de la sociedad.

Históricamente la comunidad LGTBI ha luchado contra una sociedad conservadora y sin educación, que mediante su ignorancia ha humillado, denigrado y hasta asesinado a personas de la diversidad sexual, pero que esperamos que está situación se pueda revertir y se garantice mediante una ley que condene todo acto de violación a los derechos de la comunidad, expresó Martínez.

Que solo el 9 % de los casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual estén bajo judicialización e investigación, nos demuestra que en Honduras no hay nada que avale nuestra integridad y seguridad, por lo tanto, las personas con odio no tienen miedo de ser castigados, apuntó el defensor.

Respecto a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, Martínez, contó que el próximo mes se realizarán diversas actividades y movilizaciones, exigiendo un cese a la violencia y que haya investigación en los asesinatos contra personas de la diversidad sexual.

Criterio.hn


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