Tatiana Marroquín, economista salvadoreña: “La población no está preparada para afrontar adecuadamente el riesgo de especulación que hay detrás del bitcoin”

Foto: vía 102nueve
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Por Luciana Mazzini Puga, de la redacción de NODAL

El Salvador se posicionó hace unas semanas como el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como una moneda de curso legal. El proyecto fue presentado por el presidente Nayib Bukele y aprobado por el Congreso.

La nueva ley generó controversia entre economistas y organismos internacionales. Por un lado, el Banco Mundial rechazó ayudar a implementar la moneda por deficiencias medioambientales y de transparencia. Por el otro, el presidente del BID descartó que el uso del bitcoin como moneda legal ayude a dinamizar la economía. Asimismo, los partidos opositores expresaron su disconformidad: FMLN pidió que su uso no sea obligatorio y ARENA exigió la derogación de la normativa.

Tatiana Marroquín, economista salvadoreña, dialogó con NODAL acerca de las certezas e incertidumbres que rondan la nueva ley y sobre cómo impacta en el país y en la cotidianeidad de las personas. Afirma que “dependiendo de qué tan agresiva sea la política monetaria que va a tomar el Estado será la gravedad de las consecuencias” y agrega que la nueva ley trae consecuencias en el mercado local, en las políticas financieras y también en el comercio exterior.

¿En qué consiste la ley que permite que el bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador?

Su artículo Nº1 permite convertir el bitcoin en dinero, en moneda de curso legal. Esto crea ciertos problemas porque anteriormente a esa ley, aunque el bitcoin era un activo con el cual se podían hacer transacciones entre personas, no estaba identificado como dinero, no sólo en términos legales, sino que socialmente no es una moneda que cumpla todas las funciones del dinero. Lo que hace la ley es darle esa función de dinero, no solo de activo o de inversión, sino que la gente pueda intercambiar. Una de las cosas más relevantes de la ley es que el Estado permite el pago de impuestos con bitcoin. Su artículo N°7 expresa que las personas están obligadas a recibir bitcoins cuando se les ofrezcan en pagos y que todas las deudas contractuales antes de la ley pueden ser pagadas en bitcoins.

Todavía hay muchas incertidumbres acerca de algunos detalles, como por ejemplo a qué se refiere con pagos y la obligación de pagos. También hay una excepción a que las personas que no tienen la tecnología no están obligadas a recibirlo, pero no específica a qué se refiere con “tener esa tecnología”. Hay aún un montón de cabos sueltos con respecto al aterrizaje institucional y económico de la ley.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de su implementación?

Como hay tantos cabos sueltos y tanta incertidumbre con respecto a cuál es la visión de política económica detrás de esta ley, es bastante difícil aterrizar los aspectos positivos y negativos con mucha seguridad. Lo que sí podemos establecer es que la obligatoriedad de recibir bitcoins enfrentaría a las personas a riesgos financieros que tiene este tipo de moneda en su volatibilidad. Los salvadoreños y salvadoreñas no están preparadas para afrontar adecuadamente este riesgo de la especulación que hay detrás del bitcoin y que es la que le da su valor, sobretodo en el marco de un país en el cual hay mucha población en situación de pobreza y los ingresos no son sustanciales.

También hay muchas preguntas con respecto a la protección que van a tener las personas en caso de fraude por estas tecnologías. Tanto las billeteras digitales como el manejo de bitcoin y la tecnología que lo rodea no tienen regulación, entonces en el momento de fraude o de algún aprovechamiento de la industria tecnológica frente a las personas, no hay nadie que responda ni que dé la cara, ni un Estado o una institución fuerte detrás de esta estructura financiera.

Además, a los economistas nos preocupa mucho porque estamos en una economía dolarizada por lo cual la posibilidad de que se ocupe el bitcoin como una política monetaria, como otra moneda paralela, también trae consecuencias en el mercado local, en las políticas financieras y también en el comercio exterior. Dependiendo de qué tan agresiva sea la política monetaria que va a tomar el Estado, será la gravedad de las consecuencias”

De los aspectos positivos, se dice que está la baja del costo en la transmisión de remesas. Eso aún está en estudio porque no se ha establecido exactamente cuál sería el costo de convertir bitcoins a dólares, entonces sin saber esos costos no podemos decir que va a ser más barato o más flexible que lo que ya tenemos que son los costos por las remesas y las transferencias en dólares.

Por el momento, veo muy pocos aspectos positivos porque incluso la atracción de inversiones, que es algo que se está colocando como una de las ventajas, es una inversión bastante extractivista a la que, por el momento, no se ven posibilidades de que se encadene las personas y la economía local a esta atracción de inversiones que se ha prometido que va a ser sin impuestos y otros beneficios para los inversionistas extranjeros. Pocas luces se ven con respecto al beneficio que traería para las personas salvadoreñas.

¿Qué implica que El Salvador sea el primer país del mundo en oficializar el bitcoin?

Somos el primer país que forzamos por decreto que el bitcoin tenga función de dinero, dinero como cualquier otro en otro país. Esto nos coloca como un experimento financiero a nivel internacional. De ahí las consecuencias, por ejemplo: los comentarios o las opiniones del Banco Mundial con respecto a la implementación o su opinión con respecto a ayudarnos a implementarlo, o la opinión de diversos economistas, instituciones internacionales que regulan el lavado de dinero o cualquier transferencia financiera. Nos hemos colocado como país en una discusión bastante grande en cuanto a, en primer lugar, si el bitcoin puede ser forzado por decreto como dinero y como medio de pago. También nos enfrentamos a las consecuencias de tomar esa decisión como una herramienta de política monetaria frente a los problemas ya existentes en El Salvador, como el endeudamiento público y los problemas fiscales y económicos.


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