UNAJ | Trabajo y pandemia

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A causa de la crisis económica generada por la pandemia, la cantidad de trabajadores y trabajadoras ocupadas en la Provincia de Buenos Aires disminuyó en un 23% -un cuarto de la población total de ocupadas/os- entre el primer y segundo trimestre de 2020. Asimismo, los dos grandes dispositivos de contención de la cuestión social y productiva: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); y la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP) permitieron cubrir a 11 millones de personas y a más de 250 mil empresas.

Estos son algunos de los datos obtenidos a partir de la investigación “COVID-19: Trabajo, Género y Desigualdades en la Provincia de Buenos Aires” realizada por un equipo de investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de José C. Paz, en la cual analizaron una serie de dimensiones que afectaron el nivel de empleo durante el primer y segundo trimestre de 2020.

Los informes de la investigación permiten exponer una de las consecuencias más visibles de los impactos provocados por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO) que fue la “importante caída de la actividad económica durante el segundo trimestre y, junto a ello, los consecuentes impactos en el mercado de trabajo”.

Durante el segundo trimestre se redujo la cantidad de ocupados/as en la provincia: de los 5.832.224 de ocupados/as urbanos/as que había en el primer trimestre se pasó a un total de 4.481.421, lo que representa una pérdida cercana a un cuarto de la población total de ocupados/as entre primer y segundo trimestre de 2020 (23,2%).

El 73% de quienes pasaron a estar desocupados/as o inactivos/as corresponde a quienes se desempeñaban en actividades no habilitadas para llevar a cabo sus tareas en sus lugares habituales de trabajo. Esta tendencia se profundiza en el caso de las mujeres: la reducción en la cantidad de ocupadas se dio en un 84% en aquellas que se desempeñaban en sectores no habilitados. En el caso de los varones, esta proporción fue del 63%. Por otra parte, quienes tenían menor nivel educativo fueron los/as más afectados/as por la crisis y entre éstos, las mujeres fueron las más afectadas.

Trabajo formal e informal

Sobre el tipo de relación laboral, quienes se desempeñaban en trabajos informales pasaron de ser el 33% del total al 18%, es decir que el sector sufrió una reducción de cerca de 15 puntos entre ambos períodos.

En tanto, los sectores de actividad que más se vieron afectados en términos de cantidad de empleos fueron: Hoteles y Restaurantes, Construcción, Comercio, servicios comunitarios sociales y personales y servicio doméstico. Estos son, a su vez, aquellos que tenían mayores niveles de informalidad laboral en el período previo a la pandemia.
Políticas de transferencias de recursos y regulación de las condiciones de trabajo
En el marco de este complejo panorama, el gobierno nacional diseñó dos grandes dispositivos de contención de la cuestión social y productiva: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); y la Asistencia de Emergencia Trabajo y Producción (ATP) que cubrieron a 11 millones de personas y a más de 250 mil empresas y una serie de medidas para regular las condiciones de trabajo. Y entre las medidas orientadas al sostenimiento de las fuentes de trabajo en la PBA, uno de los informes destaca el Programa “Preservar Trabajo” que destinó recursos a las Micro y Pequeñas empresas y a las cooperativas.

Uno de los informes destaca las medidas de contención de los despidos y de las suspensiones, la determinación de las actividades esenciales, las regulaciones al teletrabajo y el establecimiento de protocolos marco para los espacios laborales.

Por otra parte, las políticas de “transferencia indirecta” también colaboraron a paliar la situación, a través de la regulación a los servicios públicos (imposibilidad de suspender o cortar los servicios), a los precios y a los contratos de alquiler. Y en la PBA, con medidas de control del abastecimiento y de los precios de los productos esenciales, que tuvieron el objetivo de garantizar a la población el acceso a dichos productos.

Entre las medidas orientadas a los sectores medios, se menciona las exenciones en el impuesto a las ganancias para las remuneraciones adicionales, las regulaciones a los créditos hipotecarios, y a los pagos en cuotas con tarjetas de crédito.

Por último, en la PBA cumplieron un lugar destacado las medidas de asistencia sanitaria a los sectores vulnerables tales como los Centros de Atención Extrahospitalaria que brindaron la posibilidad de aislarse a aquellas personas de sintomatología leve que no podían cumplir con los criterios de aislamiento en su domicilio.

Los datos se encuentran disponibles (https://unpaz.edu.ar/proyectotrabajoygenero) y corresponden a los informes “La situación de los/as trabajadores/as ocupados/as de la Provincia de Buenos Aires ante las medidas de ASPO, Segundo Trimestre de 2020” e “Informe sobre políticas públicas de transferencia de recursos y regulaciones de las condiciones de trabajo a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la pandemia COVID-19” se inscriben en el Proyecto “COVID-19: Trabajo, Género y Desigualdades en la Provincia de Buenos Aires”, coordinado por la Doctora Nora Goren e integrado por la Dra. Johanna Maldovan, el Dr. Nicolás Dzembrowski, la Dra. Elena Mingo, el Lic. Guillermo Ferrón, el Dr. Diego Álvarez Newman y las Lic. Florencia Corradi y Yamila Figueroa, todos ellos/as investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

El proyecto ha sido acreditado y financiado por el Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y se lleva a cabo en articulación con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Universidad Nacional Arturo Jauretche


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