Bolivia | Ya son 13 las personas detenidas por el Golpe de Estado y las masacres

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Los casos Golpe de Estado y de las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata tienen 13 detenidos

Con el encarcelamiento del exjefe de Estado Mayor de las FFAA Pablo Guerra, suman 13 los detenidos (tres exautoridades civiles, nueve militares y un policía), por las investigaciones de los casos Golpe de Estado, y por las “masacres” de Sacaba y Senkata.

Guerra fue aprehendido el viernes y ayer fue enviado al penal de San Pedro en La Paz por seis meses. Es uno de los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, designado por Jeanine Áñez, acusado por la violencia y los 10 muertos por impactos de bala en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019.

El general es el cuarto detenido en el caso, junto a dos excomandantes y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Luis Fernando Valverde, general retirado acusado por la Fiscalía de haber tomado el mando de los militares desplazados a Senkata.

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La denuncia fue activada por los familiares de las víctimas y heridos de la intervención policial-militar al cerco tendido a la planta de hidrocarburos de Senkata tras el derrocamiento de Evo Morales y la autoproclamación de Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019.

David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y de los familiares de las víctimas, lamentó la lentitud del proceso. “En un año y ocho meses apenas tenemos cuatro generales cautelados”.

Cuatro días antes de la violencia en Senkata, el 15 de noviembre, también fuerzas de militares y policías se apostaron en el puente Huayllani (Sacaba) e impidieron que una marcha de cocaleros siga su camino hacia la ciudad de Cochabamba en apoyo a Morales. El saldo fue también trágico.

Hubo otros 10 decesos y decenas de heridos por impactos de bala. Ese día, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a los militares que realizaran los operativos para restablecer el orden.

Por lo ocurrido en Sacaba hay dos uniformados con detención domiciliaria, se trata de Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía, y del excomandante de la guarnición militar de Cochabamba Alfredo Cuéllar.

El abogado Ricardo Leclere, representante de las víctimas de Sacaba, lamentó que los dos uniformados solo cumplan arresto en sus casas. “Periódicamente revisamos que esta persona (Zurita) esté cumpliendo la medida (en La Paz) porque no queremos que ocurra lo que pasó con (Williams) Kaliman (excomandante prófugo por el caso Golpe de Estado)”.

De forma paralela y a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, se abrió el caso Golpe de Estado, que fue ampliado a denuncia del Gobierno a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Lo que se busca es establecer responsabililidades en los hechos que derivaron en la dimisión de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Áñez, dos de sus exministros y cuatro miembros de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas están detenidos preventivamente en cárceles, entre ellos el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros, también vinculado en el envío de “material bélico” desde Argentina, en el gobierno de Mauricio Macri. Los pertrechos, entre ellos 70.000 cartuchos antitumulto, llegaron el 13 de noviembre de La Paz, a un día de que Áñez tomara el poder.

Áñez también se enfrenta a un posible juicio de responsabilidades por su nombramiento en medio de reuniones extralegislativas y la violencia en Sacaba y Senkata.

La Razón


Por el caso Sacaba, aprehenden a otro militar del gobierno de Añez

La justicia determinó la aprehensión de Franz Linyan Vargas Gonzales, militar investigado por la supuesta comisión del delito de asesinato (Artículo 252 del Código Penal) dentro de los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Sacaba, en noviembre de 2019.

Mediante un documento del viernes 23 de julio, el Ministerio Público pidió al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, que el imputado permanezca en celdas policiales hasta ser conducido ante un juez cautelar, para llevar a cabo su audiencia respectiva.

“La Comisión de fiscales en materia (…) requieren al director de la Felcc disponga que el aprehendido Franz Linyan Vargas Gonzales permanezca en calidad de custodia en dependencias de las celdas de la Felcc de la Laguna Alalay hasta el momento en el que se lleve la audiencia de medidas cautelares y conducido ante el juez cautelar, a fin de resolver su situación jurídica”, indica un documento del Ministerio Público.

El documento del pasado viernes corresponde a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, bajo el número de caso 1901612.

Vargas es investigado por el caso Sacaba, de noviembre de 2019, durante el gobierno de transición.

Por el caso Senkata, la anterior semana fueron detenidos Pablo Arturo Guerra Camacho e Iván Patricio Inchauste Rioja, integrantes del Alto Mando Militar que acompañó a la entonces presidenta Jeanine Añez.

Arresto por hechos en Betanzos

Por otro lado, la Fiscalía de Potosí informó sobre la aprehensión del excomandante de la Décima División del Ejército, quien fue acusado por la muerte de un ciudadano en el municipio de Betanzos, durante los hechos de violencia de noviembre de 2019.

Grupos afines al oficialismo instalaron un bloqueo en la región, en rechazo a las medidas asumidas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y exigiendo el respeto al voto rural.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, Marcelino Jarata, de 53 años, perdió la vida por un arma de fuego, durante la protesta, mientras que dos personas resultaron heridas.

Página Siete


Juez ordena detención domiciliaria para exviceministro Carlos Schlink

Un juez de la ciudad de La Paz ordenó este lunes el arresto domiciliario de Carlos Schlink, exviceminstro del Tesoro. El economista era el único arrestado en el caso FMI, que investiga el Ministerio Público.

A finales de junio, Schlink fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru (Santa Cruz) cuando cuyapretendía viajar de luna de miel a Punta Cana, pero su viaje quedó truncado por una alerta migratoria en su contra. Hasta ahora, guardaba detención en el penal de San Pedro en La Paz.

Cabe recordad que cuando era viceministro, Schlink denunció un sobregiro de más de 18.000 millones de bolivianos en las cuentas del Tesoro, que heredó el Gobierno de transición después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Pero tras retornar al poder el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que realizaría un proceso penal contra exautoridades del Gobierno de transición por gestionar un intercambio de divisas por 327 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos recursos tenían que ser usados para enfrentar los problemas que trajo la pandemia.

No obstante, ante la Asamblea Legislativa, contralada por el MAS, evitó el uso de estos recursos pese a que los mismos fueron desembolsados.

Una vez en el Gobierno, el presidente Luis Arce Catacora, ordenó devolver estos recursos alegando que condicionaban al país a seguir medidas impopulares, como la devaluación monetaria y un ajuste fiscal. Además, el Gobierno anunció que procesaría a todas las autoridades que participaron en esta operación, alegando un daño económico al estado.

En este contexto, Schlink fue el único detenido por el proceso, pese que su nombre no aparece en ninguno de los contratos firmados entre el FMI y el Gobierno de transición para acceder a estos recursos.

Tras un mes de detención en La Paz, el economista deberá cumplir detención domiciliaria en Santa Cruz. Además, la justicia dispuso su arraigo y una fianza de 35.000 bolivianos. La exautoridad deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público.

El arresto del economista generó conmoción en el ámbito académico y social cruceño, por su amplia trayectoria en la docencia y la administración pública.

El Deber


Jarjuri y Terceros solicitan a la Fiscalía que cite a declarar a Luis Fernando Camacho

Los excomandantes de la Armada, Palmiro Gonzalo Jarjury Rada y el de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, pidieron a la Fiscalía que cite a declarar al expresidente del Comité Pro Santa Cruz y actual Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso por terrorismo, sedición y conspiración, porque lo consideran “el principal implicado en el caso”.

“Señores fiscales, de la lectura de la resolución de imputación formal requerida por sus autoridades en el punto ‘tercero’ de la parte ‘fundamento jurídico’ señalaron que nuestras personas habríamos tomado parte de una conspiración argumentando lo siguiente: “…Se puede colegir de las expresiones de Luis Fernando Camacho, quien en fecha 5 de noviembre de 2019 declaró a medios de comunicación que logró evadir el bloqueo con apoyo de policías y de militares”.

En el documento, los exjefes militares recuerdan al Ministerio Público que “además en otra oportunidad Camacho manifestó que su padre, José Luis Camacho, ‘cerró’ con policías y militares para dejar al entonces presidente del Estado (Evo Morales) sin respaldo de las fuerzas del orden…”.

El memorial asegura que, “sin embargo, de la revisión del cuaderno de investigaciones se evidencia que el señor Camacho no prestó su declaración aún, por lo que no se entiende de dónde se extrajo o salió ese argumento”, afirma.

Considera que se debe tener en cuenta que al ser el señor Camacho “el principal denunciado dentro del presente caso resulta inexplicable que hasta la fecha no haya prestado su declaración”.

En tal sentido “solicitamos se expida las citaciones correspondientes para el ciudadano mencionado, a efectos de que preste su declaración al amparo del artículo 92 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Exigen que detalle con qué policías y militares ‘cerró’ para que se dejé al entonces presidente “supuestamente” sin respaldo de las fuerzas del orden, así como la fecha y lugar de esa reunión si es que realmente ocurrió.

“Consideramos que la declaración del señor Camacho es importante y tiene relevancia en el caso nuestro, ya que se mencionó en la resolución de imputación formal su participación como “fundamento” en contra nuestra”.

El Deber


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