Colombia: sin agua para apagar el incendio – Por Álvaro Jiménez Millán

Foto: Gabriel Aponte / Getty Images
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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Álvaro Jiménez Millán*

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país.

En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado.

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años).

Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente.

La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe.

Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país.

Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años.

Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

*Analista político, columnista de la revista Semana, dirige la Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal y es cofundador de Colombia Risk Analysis, y de Crudo Transparente. Publicado en Nueva Sociedad


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