Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia: “La CIDH no tendría competencia para hacer recomendación del orden institucional”

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“La Policía se queda en el Ministerio de Defensa”. Así, de forma contundente, fue la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, al ser cuestionado por este medio, sobre las recomendaciones entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En diálogo con COLPRENSA, Molano habló de la más reciente actuación que padece el país frente a las recomendaciones hechas por las CIDH tras su visita a Colombia, en donde la Comisión reiteró que existieron graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.

Sin embargo, el Ministro de Defensa insistió que se respeta y se garantiza el derecho a la protesta pacífica, porque durante el paro nacional se presentaron más de 14.000 actividades de manifestación pacífica en 800 municipios y la Policía hizo el respectivo acompañamiento.

Pero agregó que se presentaron 1.700 hechos de violencia y de vandalismo que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, donde más de 1.500 de ellos terminaron lesionados y más de 1.700 policías resultaron heridos, al igual que más de 300 estaciones de policía afectadas.

Estos hechos de violencia, para el Ministro de Defensa, no se pueden tolerar ni aceptar y los hechos individuales están siendo investigados.

– La CIDH y varios expertos coinciden en que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior, por sus actuaciones en contra de los Derechos Humanos. ¿Por qué insistir en mantenerlo en el Mindefensa? ¿Se convirtió en un punto de honor?

La Policía se queda en el Ministerio de Defensa, es una razón histórica y yo creo que la CIDH no tendría competencia para hacer una recomendación en el orden institucional, que es una definición de la estructura del Gobierno Colombiano, que es soberano e independiente.

Son varias las razones: primero, histórica e institucional, porque en aquellas épocas en que la Policía estuvo adscrita a sectores políticos, vimos el nivel de violencia que se generó, cuando para poder ascender usted tenía que pertenecer a alguna casa política. A esas épocas no queremos volver y se tomó la decisión, desde casi la mitad del siglo pasado, de que la Policía estuviera en el Ministerio de Defensa.

Lo segundo es que está claramente establecido por la Constitución, que la Policía tiene un carácter civil y un propósito de orden social y de convivencia, y a pesar de que esté dentro del Ministerio de Defensa, esto no significa que el mando militar está por encima del mando civil, de hecho, el ministro es un civil y el director de la Policía reporta directamente al ministro.

Lo tercero es que la Policía en Colombia es única, debido a los factores de amenaza, es decir, es una Policía que tiene funciones en la lucha contra el narcotráfico, entre otras, y esa realidad hace que históricamente hayamos tenido una Policía multifuncional, la cual es muy importante frente a las amenazas que aún se tienen en el país.

– La CIDH hace una fuerte crítica a la forma como se manejaron los bloqueos en el país, pues se afectaron los derechos humanos de las personas ¿Qué opinión tiene al respecto?

No compartimos la apreciación frente a que un corte de ruta, como lo denomina la CIDH, pueda ser un mecanismo de manifestación pacífica. Lo que vimos en Colombia con los bloqueos que, están tipificados como un delito en el código penal, fue una afectación grave a derechos de terceros. Los bloqueos en la vías tuvieron afectaciones en la vida, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de combustible para el funcionamiento de la economía.

Aún hoy en día hay micro, pequeñas y medianas empresas cerrando por los efectos de estos bloqueos, lo cual es inaceptable.

– El informe recomendó reformar el decreto de asistencia militar, porque extralimitó sus funciones permitiéndole a la Policía usar desproporcionadamente la fuerza. ¿Cómo funcionó realmente esa asistencia en el país?

La asistencia militar que utilizamos, y que se ha trabajado, está establecida en la ley colombiana y esa asistencia militar lo que hizo fue trabajar en conjunto, para asistir a la Policía en garantizar y restaurar el orden público y la convivencia.

Esta es una asistencia en apoyo a la Policía, en donde hubo graves afectaciones al orden público por la violencia que se generó en algunos bloqueos o en sitios estratégicos cuando se dieron afectaciones a sistemas de transporte público. También protegió los patios de Transmilenio, las estaciones del MIO, las estaciones eléctricas en el caso de Jumbo y las estaciones de gasolina.

– La CIDH agrega que los traslados por protección se han convertido en centros de tratos crueles e inhumanos. ¿Que está sucediendo en estos lugares?

El traslado por protección es una medida preventiva y policiva, no es una medida de judicialización y lo que permite es tomar acciones de prevención de futuros riesgos que pueda tomar un ciudadano. Ese código está totalmente reglado de cómo maneja esta protección y en las ciudades es manejado por las alcaldías y hay acompañamiento de la Defensoría, además existen unos registros que deben ser llevados con unos protocolos claramente establecidos y todos estos fueron aplicados.

Pero si en algún momento se llegó a cometer un acto irregular individual, pues deberá ser verificado.

– En los últimos días se conoció la muerte de un menor de edad en un bombardeo en Caquetá, lo que revivió la discusión sobre si se está violando el Derecho Internacional Humanitario ¿Que se sabe al respecto?

Se hizo un operativo militar frente a una de las estructuras de las Disidencias que tiene graves afectaciones en la zona de Caquetá, especialmente en San Vicente del Caguán. Este fue un operativo militar en donde fueron neutralizadas cinco personas, y en un combate fueron heridos dos, entre ellos un menor de edad que fue reportado.

Esto significa que la operación es legítima, porque se hizo dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, para miembros de una estructura criminal que tiene mando y control en la región, puede afectar la vida de soldados y además se consideran combatientes.

Pero desafortunadamente la discusión en este tema tiene que ser sobre quienes reclutan a los menores de edad, los usan, los instrumentalizan y los buscan deshumanizar.

– En los dos ataques en Cúcuta se expresaron temores por fallas en la seguridad e incluso en el peor de los casos una infiltración. ¿Qué se ha hecho para prevenir nuevos ataques?

Los dos ataques que se presentaron en Cúcuta son inaceptables, en primer lugar, porque el ataque al helicóptero del Presidente de la República que buscaba generar inestabilidad, es un ataque cobarde y el otro es un atentado a los soldados de Colombia.

Por esta razón se han tomado algunas medidas para evitar que esto vuelva a suceder, como realizar un proceso para recomponer el esquema de seguridad y control territorial en Norte de Santander, también se ha tomado la decisión de nombrar un comandante único y específico para este departamento, para que la estrategia de seguridad y control y desmantelamiento de estas organizaciones tengan mayor efectividad.

Además, se relevaron del cargo a siete de los responsables de la seguridad de estos lugares, de los cuales cuatro fueron llamados a calificar servicios esta semana y, por supuesto, el objetivo es reforzar las medidas de entrada y salida de las instalaciones militares, no solo en Norte de Santander sino en todo el país, fortaleciendo la tecnología. También se reforzarán los esfuerzos de inteligencia para poder prevenir cualquier otro ataque terrorista.

– Usted ha dicho que el ELN y las Disidencias planean infiltrarse en las marchas del 20 de julio para generar actos vandálicos. ¿Que información tienen al respecto?

Hay información de inteligencia militar que señala del interés del ELN con su frente urbano y de las Disidencias de las Farc de Marquetalia, las cuales han venido trabajando para poder financiar algunos de los grupos que quieren movilizarse, para generar violencia y vandalismo. Sobre esta información hemos actuado y donde corresponde se desarrollarán procesos judiciales.

También nos han entregado información sobre algunas caravanas que vienen desde Pasto, que pasarán por Popayán y que tienen como destino final Bogotá. Estas tienen como objetivo realizar unas actividades específicas en la capital de la República.

– Usted ha dicho que ya se tiene el borrador del proyecto antivandalismo. ¿Cuáles son los puntos más importantes y cuándo se presentará?

Lo que se plantea con esta ley es desarrollar mecanismos para que se proteja la manifestación pacífica a través de tipificar nuevos delitos que pueden afectar la manifestación pacífica.

Hemos encontrado, por ejemplo, cuando son capturados personas que destruyen un vidrio de una estación de Transmilenio, como las penas no son de más de cuatro años quedan en libertad, porque son excarcelables, entonces se requieren penas más severas, o poder tipificar un delito como el ataque a servidor público, que es de forma grave y severa.

O poder tipificar la sistematicidad de estos delitos, muchas veces se piensa, que no pasa nada con lanzar una piedra a un Transmilenio, pero cuando sistemáticamente 100 personas lo hacen destruyen un sistema ¿Quién responde por eso?

– ¿En qué van los proyectos para reformar a la Policía?

La reforma a la Policía que se llama proceso de transformación integral tiene tres caminos, el primero son dos proyectos de ley, uno de profesionalización de la Policía que se encuentran en discusión en el Congreso, y el segundo que se presentará el 20 de julio, es la actualización de las normas y las sanciones disciplinarias de un código que venía desde el 2006.

El segundo camino que es la estructura de la Policía es un decreto que saldrá a mediados de este semestre y el tercer camino que es la reforma del servicio de seguridad ciudadana ya avanzó con los planes piloto en siete ciudades.

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