Dura respuesta de Duque a la CIDH, que denunció “graves violaciones de DDHH”

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‘Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad’: Duque sobre CIDH

El Estado colombiano y el Gobierno respondieron el informe que entregó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país para observar los hechos de violencia ocurridos durante el Paro Nacional. Después de revisar el documento con más de 40 recomendaciones, el Gobierno agradeció que el organismo internacional reconociera la “institucionalidad democrática sólida”, la separación equilibrada entre los poderes públicos y los organismos autónomos, encargados de investigar y acompañar los actos violentos que tuvieron lugar en la protesta social.

También, en un documento de seis páginas, la Cancillería recalcó el compromiso de la nación con los derechos humanos, puesto que en territorio hacen presencia más de 20 agencias de Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, la Misión de Verificación de ese mismo organismo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPPOEA. En ese sentido, el Estado manifestó que la Comisión resaltó que Colombia privilegió el diálogo con la ciudadanía para dirimir diferencias expresadas en la protesta social. No obstante, el presidente Iván Duque y la misma carta de respuesta de la Cancillería pusieron sobre la mesa su rechazo a varias de las recomendaciones emitidas.

“Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, enfatizó el primer mandatario como réplica al informe de la CIDH. El jefe de Estado se mantuvo en que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”, señaló. En esa línea, Duque insistió en la idea que el ejecutivo ha reiterado en varios pronunciamientos: “los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos”, afirmó, recordando los episodios del Paro en los que las ciudades estuvieron desabastecidas, las personas vieron limitadas su movilidad y dos bebés murieron.

Puntualmente, sobre estos episodios, la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, comentó: “En el caso de las dos bebés que murieron, la Comisión señaló que por falta de asistencia médica. Eso no es cierto. Fueron dos bebés que murieron porque impidieron el paso para recibir el tratamiento médico”. Agregó diciendo que estos lamentables hechos, además de la limitación del paso a misiones médicas “son delitos internacionales graves.

“Lo que denominan (la Comisión) como cortes de ruta, en la legislación colombiana son bloqueos y están definidos en el Código Penal y es un acto delictivo, porque son interrupciones que tienen consecuencias graves sobre la vida de los colombianos”, complementó Ramírez.

El Gobierno le dijo no a separar a la Policía del Ministerio de Defensa

El presidente se refirió puntualmente a una recomendación de la CIDH que no abraza el Gobierno, como lo dijo la Cancillería en la carta, y es la propuesta de que la Policía salga del Ministerio de Defensa para que haga parte del Ministerio del Interior. Según expresó, no es un capricho de Colombia no hacer caso a dicha recomendación.

“Prácticamente desde el segundo gobierno del Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y es que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior) se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”, aseguró Duque.

Por ello, citó el argumento de la Cancillería. Tanto el presidente como el Ministerio de Relaciones Exteriores se remitieron al artículo 2018 de la Constitución Política, el cual define la naturaleza civil que tiene la Policía, a pesar de estar adscrita al Ministerio de Defensa. “[La Policía] está en el Mindefensa para tener esa coordinación armónica en todas las fuerza, para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, resaltó el mandatario.

Por su parte, sobre este aspecto, la Cancillería agregó lo siguiente: “esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos. Por último, no sobra mencionar que incluso la propia Defensa Civil, está adscrita a ese Ministerio. En el proceso de reforma a la Policía Nacional, todo lo explicado se verá reforzado y afinado”.

Otras recomendaciones de la CIDH que no abrazó el Gobierno:

Entre otras cosas, el Gobierno le dijo a la CIDH que se apartaba de algunas recomendaciones expuestas y que el organismo debía “tener muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos”. Esto porque, aseguró la Cancillería, las palabras de la CIDH se dan ” en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del COVID-19″.

En la carta, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como lo expuso la CIDH, porque, según el Gobierno, el país ya cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, que garantiza la vida y el bienestar para los ciudadanos.

“Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, añadió la Cancillería.

El ejecutivo también fue enfático en afirmar que “la Policía no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones, sólo puede estar dotada de cascos, escudos y bastones”, esto como referencia al uso de la fuerza institucional en el marco del Paro Nacional, uno de los puntos que más preocupación le causó a los organismos defensores de derechos humanos. Según la Cancillería, la intervención de la Policía y el ESMAD en la protesta social ha sido “excepcional” y ha estado sujeto a “previo análisis de los principios de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”, para que la institución intervenga.

“En este contexto, es relevante precisar que, en las últimas ocho semanas, en el país, se han adelantado 14.390 marchas, concentraciones, encuentros y protestas, y sólo 1.725 de ellas requirieron presencia de la Fuerza Pública, lo que equivale al 11% de las manifestaciones. Ello demuestra que el Gobierno del Presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”, aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su respuesta.

La cartera se refirió, incluso, al uso de las armas Venom, artefacto que varios alcaldes le prohibieron utilizar al ESMAD durante las marchas por su alto impacto en los manifestantes. Contrario a esa realidad, la Cancillería citó la sentencia de tutela proferida por el Tribunal de Bogotá, el 28 de junio de 2021: “Estableció que es constitucionalmente válido y no violatorio de los derechos fundamentales, el uso de las llamadas armas Venom, que se clasifican entre las menos letales, dado que “no produce un impacto directo en la ciudadanía”, y además advierte que “su uso está plenamente regulado””.

Sobre la violencia institucional ejercida a mujeres y población LGBTIQ+ durante el Paro:

Sobre este punto, la CIDH encontró que en el país impera la estigmatización estructural que conlleva la violencia a estos grupos poblacionales por parte de la Policía y el ESMAD. Esto, sin embargo, no fue aceptado por el Gobierno. En la carta de respuesta, el ejecutivo recordó que hay políticas públicas que buscan la especial protección de los derechos de grupos étnicos y población LGBTIQ+. “No puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones. Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades”, aseguró la Cancillería sobre la violencia hacia personas diversas y disidencias sexuales.

Asimismo, el Gobierno insistió en que no solo en ese escenario, sino durante todo el mandato de Duque, ha rechazado todo tipo de violencia contra las mujeres. “Activamos el Mecanismo Articulador del que forman parte todas las entidades competentes, y se ha venido realizando el seguimiento, acompañamiento y gestión, para la correspondiente activación de rutas de orientación, atención, sanción y restablecimiento de los derechos de las mujeres. Todo este ejercicio se ha realizado a nivel nacional, a través de la Instancia de Coordinación y gestión del orden nacional del Mecanismo Articulador, y por medio de los Comités de: Promoción y Prevención, Atención Integral, Protección, Cualificación y Acceso a la justicia, y Sistemas de información”, argumentó.

Sobre las desapariciones y torturas a manifestantes, registradas por organizaciones:

El Gobierno aclaró que no es una política de Estado utilizar sus instituciones para encubrir actos de este calibre que denunciaron centenas de manifestantes, voces recogidas por organizaciones como Temblores. Al respecto, la Cancillería se limitó a responder que desde que existan denuncias formales, los organismos de investigación procederán “con toda celeridad y contundencia” a investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. “El Estado colombiano no tolera, no es indiferente ni permitirá que haya impunidad en aquellos casos en que las autoridades judiciales competentes comprueben casos de tortura, desaparición o violencia sexual”, reiteró el Ministerio.

En una versión comentada de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, del documento de respuesta del Ministerio de Relaciones Internacionales a las recomendaciones de la CIDH, esta desestima los otros temas a los que se refirió la Comisión.

“Hay unos elementos que no hacen parte de la visita, como el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro, hay un acuerdo que se firmó con las Farc que no hace parte de las facultades de la Comisión y en ese cuestionamiento a las instituciones de control, creemos que hay suficientes evidencias que los organismos de control están procediendo a investigar los delitos desde el punto de vista penal y las responsabilidades frente a las víctimas”, dijo.

Ramírez agradeció la preocupación de la CIDH, pero a la vez insistió que la convulsión social que vive Colombia no es ajena en otros países, por la situación de las economías, el empleo y la salud, por cuenta de la pandemia. “Hay que ser mesurados, responsables y serenos a hacer declaraciones que no pueden responder a juicios de valor y menos a sesgos personales”, acotó la canciller.

El Espectador


CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Mindefensa

Este miércoles, en una conferencia de prensa desde Washington (Estados Unidos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su balance tras la visita de trabajo que adelantó en Colombia entre el 8 y 10 de junio para verificar denuncias de violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional.

Junto con el balance, la Comisión hizo al Estado colombiano varias recomendaciones para la protección de los derechos de los ciudadanos.

Durante su visita, la Comisión recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.

Entre los resultados de la visita está que la Comisión anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, esto con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad.

El documento de observaciones consta de 48 páginas y, de acuerdo con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, informa sobre graves violaciones de derechos humanos y afectaciones a terceros y formula un abanico de recomendaciones al Estado.

Resaltó también que las jornadas de protesta han sido mayoritariamente pacíficas, con un 89 por ciento de protestas. La Comisión constató con preocupación la presencia de discursos estigmatizantes “que propician un acelerado deterioro del debate público. Es especialmente preocupante cuando proviene de autoridades públicas”, dijo Urrejola.

Así mismo, la presidenta informó que se constató un uso desproporcionado de la fuerza, violencia por discriminación, violencia basada en género, contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y aplicación de medidas disciplinarias contra personas electas por voto popular.

En reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal

“La Comisión ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal”, dijo.

Así mismo, señaló que se recibieron graves denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas. Esto sucedió especialmente en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, así como en Pereira y Risaralda.

Así mismo, Urrejola manifestó la preocupación de la CIDH por el alto número de reportes de desapariciones y de irregularidades en los traslados por protección, en los que incluso se reportaron hechos que podrían configurar tortura y tratos crueles. “De acuerdo a los testimonios que recibimos, se estaría haciendo un abuso de esta figura, que no tiene un control judicial, lo que permite dejar a la discrecionalidad del policía que la aplica ver cómo trata a la persona”, expuso la presidenta.

“La Comisión tuvo noticias de violencia étnico-racial. Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido objeto de represión por parte de la Fuerza Pública en parte de las protestas. En Cali y Yumbo, de las 39 personas fallecidas, 11 serían de ese origen racial”, expuso, y añadió que también se recibieron reportes de violencia contra personas indígenas.

Sobre los bloqueos, los cuales la CIDH llama ‘cortes de ruta’, el informe de observaciones mencionó que la Comisión pudo observar que las consecuencias de algunos de ellos derivaron “en un profundo malestar y agotamiento en algunos representantes del Estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad”. Se reconoció que ese malestar se originó en “serias afectaciones particulares y colectivas”, también se condenó que algunos bloqueos comprometieron gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros.

Frente a esto último, por ejemplo, la CIDH condenó que dos bebés perdieron la vida debido a que por bloqueos no pudieron ser trasladados a centros de atención.

El Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta (…), no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta

La Comisión calificó de preocupante que “las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo”.

Al respecto, Urrejola explicó que la protesta social tiene distintas maneras de manifestarse, que requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. “Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta, el Estado no puede imponer restricciones a priori que desnaturalicen la protesta, pero la Comisión constató que algunos de los cortes de ruta han derivado en malestar y ha habido afectación a otros derechos esenciales como la vida”.

Añadió que existe libertad para manifestarse de diferentes formas, y que ninguna modalidad de protesta puede prohibirse de entrada, “se debe hacer un análisis caso a caso. El tema central es que no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta; debe evaluarse caso a caso”.

El informe también mencionó que hubo denuncias del Estado y de organizaciones de la sociedad civil sobre la infiltración en las protestas de grupos o sujetos que han efectuado actos violentos y/o vandálicos. Se mencionó, así mismo, que el Estado denunció infiltraciones en las protestas de terceros armados, por lo cual ya el Gobierno le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones del caso.

Tras estas observaciones en su visita, la Comisión formuló 40 recomendaciones al Estado colombiano, las principales fueron:

Promover y reforzar un proceso de diálogo genuino que permita la escucha de todos los sectores, en especial aquellos que han sido más afectados por la discriminación; respetar y garantizar el derecho a la protestas; adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación imparcial; reparar a las víctimas y sus familiares.

Así mismo, adoptar las medidas necesarias para el acceso a la justicia, que incluyan mecanismos de denuncia y atención con perspectiva diferenciada de género y étnico-racial.

De otro lado, se recomendó “adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia”.

Esto se relaciona con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el año pasado condenó al Estado por haber destituido e inhabilitado a Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Aunque este año el Congreso aprobó una reforma promovida por la procuradora Margarita Cabello, diversos expertos han criticado que esa reforma no cumple con las órdenes del fallo.

La CIDH, en sus recomendaciones, también incluyó separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.

Frente a la reforma de la Policía anunciada hace unas semanas por el presidente Iván Duque, el comisionado Stuardo Ralón, que estuvo en la visita a Colombia, dijo que lo importante para la Comisión es la sustancia de la reforma, “que el enfoque de las fuerzas policiales que tengan que velar por la seguridad ciudadana sea realizado con el respeto a estándares internacionales”.

“La Comisión insta al Estado a reforzar, desde su más alto nivel, un proceso de diálogo que permita incrementar la confianza en las instituciones estatales. La Comisión continuará monitoreando el desarrollo de las protestas, así como el seguimiento de las recomendaciones”, concluyó Urrejola.

El comisionado Ralón añadió que las recomendaciones que hizo la Comisión son para que se privilegie el diálogo. “Las recomendaciones son una serie de situaciones inminentemente técnicas, pero lo que prima es que se privilegia el diálogo, haya una escucha lo más amplia posible y se puedan ir implementando en un mecanismo de seguimiento”.

Respondiendo a qué podría pasar si Colombia incumple estas recomendaciones formuladas, Urrejola manifestó que el Estado colombiano está sometido a un conjunto de obligaciones internacionales. “Hemos hecho esta visita y establecido las recomendaciones. Continuaremos en un diálogo con el Estado. Algunas son más simples de cumplir, otras más complejas. Entendemos que hay una buena fe por parte del Estado desde que autorizó la visita a Colombia”.

Y sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos, cuya creación anunció la Comisión, Urrejola explicó que esto consiste en que habrá un equipo con dedicación exclusiva al seguimiento de la implementación de las recomendaciones.

Con esto se busca, aclaró, generar espacios de diálogo con el Estado para tener una hoja de ruta, mesas de trabajo, cooperación técnica y, eventualmente, visitas posteriores —que requieren autorización del Estado—, a la luz de la hoja de ruta que se establezca.

El comisionado Joel Hernández añadió que el mecanismo tiene como propósito dedicar un equipo especializado para dar una atención puntual y seguimiento a las 40 recomendaciones, “no tiene para nada un concepto de mecanismo de control, es de seguimiento; no tiene otro propósito sino el de ser un coadyuvante del Estado ante las 40 recomendaciones, puede permitir un diálogo fluido entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión para llevar adelante las recomendaciones”.

Ralón agregó que este mecanismo “para nada busca querer favorecer o no el contexto político, es un rigor técnico el que prevalece”.

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El Tiempo


“Policía Nacional se queda en el Ministerio de Defensa”: Molano

El jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, se refirió este miércoles desde Neiva, a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de separar a esa institución del ministerio para “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”.

El funcionario ratificó que la Policía seguirá adscrita a esa cartera, argumentando que la Constitución Política de 1991 determinó que tiene un carácter civil. “Hemos visto lo que ha sucedido en otras épocas de la historia cuando la Policía pertenece a otra rama o sector”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que Colombia aún tiene una amenaza persistente de violencia en muchas regiones y que, por ende, se necesita de una Policía tal y como está funcionando en la actualidad.

“Una Policía multifuncional, que tiene objetivos de seguridad ciudad, de lucha contra el narcotráfico y contrabando, de protección individual a grupos de población como niños, jóvenes y adolescentes”, señaló.

Reiteró que por su característica “polifuncional”, la Policía permanecerá dentro del ámbito del sector del Ministerio de Defensa.

El funcionario enfatizó que el Gobierno garantizará la protesta pacífica y que es respetuoso sobre el informe de la CIDH que habla de violaciones a los derechos humanos durante el paro.

Caracol


Regresan las protestas a Bogotá: nuevos choques de manifestantes con Esmad en Usme y Suba

Fuertes enfrentamientos entre manifestantes y miembros del Esmad se registraron en el suroriente y noroccidente de Bogotá, luego de varios días de relativa tranquilidad en las noches.

En Usme, los choques se produjeron se produjeron en el sector de Yomasa. En el lugar, las protestas derivaron en vandalismo. En medio de los desmanes, a cuatro vehículos del SITP les rompieron los vidrios y dos fueron secuestrados y estrellados contra postes en La Marichuela.

En Suba, los enfrentamientos tuvieron lugar en cercanías del portal de TransMilenio de la localidad. Según la Policía, a los uniformados les lanzaron adoquines y esferas contra su integridad.

Escuche este informe del Ojo de la Noche:

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