El mayor fraude de la historia paraguaya – Por Alfredo Boccia Paz

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alfredo Boccia Paz*

Hablamos muy poco de Itaipú. Parece no formar parte de nuestra política. Quizás por ser un tema técnicamente complicado, nunca figuraba en los debates electorales. Fernando Lugo fue el primero en embanderarse con la soberanía energética que resultó ser una reivindicación muy sentida por los sectores populares. Existía una sumergida percepción de que los gobiernos colorados habían defendido los intereses paraguayos de una manera muy blanda, casi entreguista.

En realidad, expertos nacionales y extranjeros venían señalando que buena parte de nuestros negociadores habían actuado como traidores a la patria, siendo cómplices de las aspiraciones del Brasil. Cada discusión perdida por nuestro país significaba una nueva familia incluida entre los llamados barones de Itaipú. La sospecha de la existencia de maletines se sostenía en numerosos documentos, como los elaborados por Miguel Carter y Jeffrey Sachs. Por eso, el informe de la Contraloría General de la República no nos cuenta algo sorpresivo. Solo que es la primera vez que lo dice una voz oficial del Estado paraguayo. Ese es el gran mérito del contralor Camilo Benítez, quien dejará próximamente su cargo con una decisión que hará historia.

En el mismo informe se resalta que la auditoría fue iniciada en 2009, durante el gobierno de Lugo, y que en los años siguientes se emitieron dos avances de informes. Luego del cambio de gobierno, el impulso investigativo se detuvo y los auditores se enfrentaron con sucesivos inconvenientes y obstáculos originados por la falta de provisión de documentos por la entidad binacional. La investigación estuvo cajoneada hasta fines del año pasado, cuando el contralor ordenó reanudar los trabajos. Esa década de inacción también tiene olor a traición.

Otro dato infame que se extrae del documento es que gran parte de la documentación estaba en portugués. Además de ser violatorio del propio Tratado, que estipula que todos los documentos deben ser producidos en dos idiomas, es una prueba del grado de abyecta sumisión de los funcionarios paraguayos. Ese es el nivel de asimetría con el que se negociaban los intereses en disputa en la binacional.

El informe concluye que las medidas adoptadas durante los años 1985 a 1997 produjeron un perjuicio de más de 4.100 millones de dólares. Esta estafa monumental no tiene antecedentes en toda nuestra historia y sigue impune hasta hoy. Los dueños del poder, los jerarcas del Partido Colorado y sus negociadores vendían la patria mientras acusaban a los liberales de “legionarios” y a todos los otros de sustentar “ideas foráneas”. Estos miserables dejaron indefenso al pueblo paraguayo mientras vociferaban un falso nacionalismo.

Ninguna traición es gratuita. Itaipú construyó muchas de las grandes fortunas paraguayas. A esta altura, eso no tiene mucho arreglo. Lo que enferma es que los beneficiados por la estafa tengan la audacia de presumir un fraudulento nacionalismo. Y no me refiero a caraduras como el diputado Roberto González, quien se enojó por las denuncias de fraude teniendo a tantos familiares prendidos del presupuesto de las binacionales.

Pienso en el nacionalismo fatuo de los que no se inmutan por lo que estoy contando, pero se inflaman de patriotismo y llevan coronas de flores al Panteón cuando una tilinga lo pintarrajea. Espero el pronunciamiento indignado por el robo de nuestra soberanía en Itaipú de aquellos patoteros ultrapatriotas que interrumpieron una obra de teatro porque la consideraban ofensiva al mariscal López. ¿Dónde está el comunicado de los gremios empresariales contra los culpables de este crimen de lesa patria? ¿Qué se hizo de aquel ímpetu “soberano” con el que respondieron a la comunidad internacional que criticaba el golpe parlamentario de 2012?

Ha pasado el tiempo sin que hayamos juzgado a las autoridades cómplices. La impunidad gozará de buena salud si depende de la Fiscalía General del Estado. Sandra Quiñónez le pondrá al tema el mismo interés que puso por esclarecer el acta entreguista de Itaipú o el descarado robo de la Gobernación de Central. Es decir: nada.

Desde antes, a la cuestión Itaipú le ha faltado ciudadanía. Por complejo, por secreto, pocos han entendido que no podía dejarse todo en manos de los políticos. Y menos, si estos son colorados. ¿Será suficiente este informe para que la indignación adopte el rostro de la gente común?

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