Golpe de Estado en Bolivia | Evo Morales pide investigar a Almagro por delitos de lesa humanidad

1.531

Evo Morales pide investigar a Almagro por delitos de lesa humanidad

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, demandó este jueves una investigación contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por delitos de lesa humanidad, luego que este reconociera que, en efecto, hubo masacres en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019.

El titular de la OEA “provocó y acompañó” el Gobierno de facto instaurado en Bolivia, al cual se le atribuye e investiga en la actualidad, la responsabilidad de las matanzas, tras el derrocamiento de Evo Morales poco antes.

Evo Morales dijo que “Almagro admitió públicamente que en Bolivia hubo masacres perpetradas por el gobierno de facto” y abundó, en ese sentido, “exijo que sea investigado para que explique su participación en esos crímenes de lesa humanidad”.

El exmandatario señaló que Almagro hizo este reconocimiento público al ser “traicionado por el último resto de su conciencia”.

Refiere así al hecho que, durante este miércoles, en medio de una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA, Almagro reconoció las masacres y pidió un minuto de silencio por las víctimas de esas matanzas; luego se puso de pie en señal de respeto.

En respuesta, Evo Morales, señaló que esto demuestra su cinismo extremo y acusó a Almagro de ser “una de las personas, que con sus acciones, ha causado justamente esas muertes”.

El presidente boliviano, Luis Arce, también calificó de indignantes la petición del minuto de silencio hecho por Almagro.

Entretanto, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, presente en la reunión virtual, calificó la acción de Almagro como una gravísima impostura, al recordar las acciones de la OEA y de su titular, las cuales favorecieron la instauración del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

TeleSur


«Gravísima impostura»: Almagro pide un minuto de silencio por caídos en las masacres de Senkata y Sacaba y el embajador de Bolivia en la OEA responde

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció este miércoles las masacres ocurridas en Senkata y Sacaba, ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, administración que él apoyó.

Asimismo, rindió un homenaje a las víctimas de estos hechos, perpetrados por las fuerzas de seguridad bolivianas entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, que dejaron un saldo de 22 muertos y decenas de heridos.

Durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA, Almagro pidió un minuto de silencio por las víctimas de las masacres y luego se puso de pie en señal de respeto.

Tras la acción, Héctor Arce Zaconeta, el embajador de Bolivia ante el organismo, calificó de «impostura» la posición de Almagro.

«Considero una gravísima impostura que una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes, finalmente sea quien haya planteado un minuto de silencio», manifestó Arce, en referencia a Almagro y al informe de auditoría de la OEA que desacreditó las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.

Arce añadió que «el mejor homenaje, la mejor muestra de respeto que se puede hacer por estas personas, es abrirse a una investigación totalmente limpia y transparente» sobre lo sucedido en Bolivia, y que se entreguen los documentos que se han solicitado a la OEA.

Esquivar responsabilidad
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, expresó su inconformidad con las declaraciones del jefe de la OEA y advirtió que Almagro pretende «esquivar» su responsabilidad por «el golpe de Estado» ejecutado contra el expresidente Evo Morales.

También resaltó que el titular de la OEA debe responder al planteamiento infundado que hizo sobre el supuesto «fraude» electoral en las presidenciales de 2019.

«Admitir ‘masacres’ y esquivar responsabilidad por el golpe de Estado, es reconocer los efectos y negar las causas. El secretario general de la OEA debe responder por su acusación improbada de ‘fraude’ que sirvió de justificativo para el Gobierno de facto», señaló Lima Magne.

En su informe, la OEA concluyó que hubo supuestas «irregularidades» en las elecciones y señaló que era «improbable estadísticamente» que el entonces mandatario Evo Morales hubiese ganado. Con ello, avivó las violentas manifestaciones que se llevaban a cabo en el país suramericano, que culminaron con un golpe de Estado y la toma del poder por parte de Áñez.

Las masacres
La presidenta de facto tomó el poder el 12 de noviembre. Tres días después, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre por parte de militares y policías, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de Áñez. El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas.

El 19 de noviembre sucedió otra masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.

Pero no fueron las únicas masacres. El informe «Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019», de la Defensoría del Pueblo, señala que el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el poder (que se concretó formalmente un día después), hubo una fuerte represión policial contra la población que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo; ahí tres personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas.

Entretanto, el 13 de noviembre se produjo una manifestación que fue intervenida por las fuerzas policiales en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz. Ahí fue asesinado Roberth Ariel Calisaya Soto, de 20 años, producto de un disparo de arma de fuego.

Además de estas cuatro matanzas, según un documento aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.

La Época


Denunciarán penalmente a Gerardo Morales por su participación en el golpe de Estado en Bolivia

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, será denunciado penalmente este viernes por la organización Túpac Amaru ante el fuero Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py por haber brindado apoyo logístico a las fuerzas políticas que participaron activamente del golpe de Estado contra Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado 10 de noviembre de 2019.

“Es indispensable que se investigue lo que sucedió la noche del 4 de Septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de Septiembre del mismo año, con motivos de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios del citado país, para comprender la magnitud de la participación de Gerardo Morales en el apoyo logístico a la planificación y ejecución del golpe de Estado en Bolivia”, señaló Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru.

“En el día de hoy, Gerardo Morales va a condecorar a Normando Álvarez García, su actual Ministro de Trabajo y entonces embajador argentino en Bolivia, quien recibiera y entregara las armas y municiones denunciadas por el Gobierno Nacional. Con ésta actitud Morales no sólo desafía la autoridad política y la representación federal del Gobierno Nacional, si no que sigue comprometiendo los intereses nacionales frente a una nación hermana como lo es Bolivia”, señaló Garfagnini.

“Morales condecora a Álvarez García porque está protegiendo a un amigo, un socio político y un cómplice suyo en el apoyo logístico, militar y económico del golpe de Estado en Bolivia” agregó, y señaló: “No hay dudas que está comprometiendo los intereses nacionales, corresponde evaluar seriamente la necesidad de intervenir políticamente la Provincia de Jujuy. Morales desprecia la democracia”.

La noche del 4 de septiembre de 2019 Ivanka Trump, hija del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, arribó a la Argentina junto al Secretario de Estado Adjunto, John Sullivan; el Jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la Subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung; y el Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.

La visita duró apenas unas horas y se limitó geográficamente a la provincia de Jujuy, donde Trump llevó adelante dos encuentros apresurados con mujeres de la provincia. Lo importante es que en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Guzmán de San Salvador de Jujuy repostaron durante la noche un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trajo a Trump y la comitiva hasta la Argentina.

El Hércules C130 había sido utilizado horas antes por Morales para regresar de Santa Cruz de la Sierra, allí donde estaba prestando apoyo logístico al “combate de incendios”. Horas después de la visita de Trump, el Hércules C130 volvió a despegar con destino a Santa Cruz de la Sierra.

No existen registros oficiales de los bienes trasladados en cada viaje, ni pedido de autorización al Congreso para el arribo del avión que trasladaba a Ivanka Trump, ni detalle del personal militar que la acompañaba, ni detalle de armamento y equipamiento arribado al suelo argentino para asegurar la custodia de la principal asesora presidencial de aquél entonces.

Cabe recordar que el 29 de agosto de 2019, Morales había comenzado los envíos de “ayuda” ante el fuego en Bolivia, tal y como fue presentado el operativo de traslado de brigadistas en aviones de la Fuerza Aérea Argentina con destino a Santa Cruz de la Sierra. El recambio de brigadistas y los aviones con envío de materiales de “ayuda” fue incesante hasta el golpe de Estado.

Morales, en persona, viajó hasta Santa Cruz de la Sierra para reunirse con autoridades políticas involucradas con el golpe de Estado a Evo Morales.

También, cabe recordar que entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre de 2019 se desplegó entre Salta y Jujuy la operación “Integración Norte” del Ejército Argentino. En las actividades de operación y adiestramiento estuvieron involucrados alrededor de dos mil efectivos, y la coordinación fue presentada públicamente por Gerardo Morales y el entonces gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Tiempo Argentino


Más revelaciones sobre la colaboración del gobierno de Macri en el golpe a Evo Morales

El escándalo internacional que envuelve al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su Gobierno por la sospecha de colaboración con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales tuvo una nueva escalada, al revelar autoridades de la policía boliviana el hallazgo de más de 29 mil elementos que podrían formar parte del envío irregular de material represivo de la gestión de Cambiemos durante noviembre de 2019.

La denuncia del Gobierno de Bolivia y las autoridades argentinas sobre el envío irregular de pertrechos represivos cobró mayor volumen el miércoles con la confirmación oficial de que parte del material entregado por la administración de Macri “continúa en los depósitos” de la policía del país vecino, sin la documentación que los “respalde”.

Al respecto, el comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, confirmó este jueves que el material represivo encontrado en depósitos de la institución no cumplía con “ninguna formalidad” y detalló que se trata de más de 29 mil elementos que podrían formar parte del material represivo provisto por el gobierno de Mauricio Macri a Bolivia.

“Tenemos la certeza de que no se cumplió ninguna formalidad para que estos elementos se encuentren en nuestros depósitos; pronto la policía boliviana brindará los detalles”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

El comandante confirmó que entre los elementos hallados había una cantidad superior a los 29 mil cartuchos, proyectiles calibre 12/70 y granadas de gas que podrían ser parte de los elementos enviados desde la Argentina, como apoyo al golpe de Estado que derrocó a Morales y puso ilegalmente en el poder a Jeanine Áñez, actualmente presa.

“Nosotros hacemos una revisión en los depósitos y, cuando hicimos un conteo, nos percatamos de que era un material que no formaba parte de los inventarios oficiales”, puntualizó Aguilera.

En tanto, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que en las próximas horas concurrirá al galpón donde se encuentra el material represivo descubierto el pasado miércoles por Aguilera para “hacer una inspección visual”.

El embajador señaló en declaraciones a Radio Nacional que la visita a esa dependencia se iba a realizar la mañana del jueves, pero fue postergada, y adelantó que según autoridades bolivianas “el material (hallado) tiene la faja de Fabricaciones Militares Argentinas” por lo que “no hay mucha duda de donde viene eso”.

Para Basteiro, el descubrimiento por parte de la Policía boliviana “es encontrar la prueba del delito, un hecho no menor”, y manifestó que “con esto no hay como poder justificar que no se hizo contrabando, que salió de Argentina, que se hizo de manera irregular”.

El procedimiento en Bolivia

Bolivia profundizó su investigación interna y aseguró que se está a punto de identificar “qué funcionarios acudieron al aeropuerto” a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, enviado en el 2019.

El caso se conoció días atrás cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el Gobierno de Macri envió material antitumulto a ese país, que fue utilizado para reprimir las protestas sociales ocurridas durante el atropello institucional cometido contra Morales.

Tras la revelación del Gobierno boliviano, el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros denunciaron ante la Justicia a las autoridades del Gobierno de Macri por el envío de material represivo.

Además, en nombre del pueblo argentino, el Presidente pidió disculpas a los ciudadanos bolivianos en una carta enviado a su par boliviano, Luis Arce.

En nombre del pueblo argentino, el Presidente pidió disculpas a los ciudadanos bolivianos en una carta enviado a su par boliviano, Luis Arce.

Ante este escenario, funcionarios del Gobierno nacional rechazaron la participación del expresidente Macri y altos funcionarios de su administración en la maniobra.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo tener “pleno convencimiento” de que el expresidente “estaba al tanto” del envío de material represivo a Bolivia.

En declaraciones a Télam Radio, Rossi añadió que los hallazgos de los últimos días van “conformando un hecho” que “van a comprobar la responsabilidad de los entonces funcionarios” en esa maniobra.

Rossi juzgó además que “claramente ha habido contrabando agravado de armas, de pertrechos, de municiones y de elementos antitumulto destinados a la dictadura boliviana y que fueron utilizados para reprimir al pueblo” de ese país y confió en que las acciones llevadas adelante por la justicia boliviana y la argentina “van a terminar de comprobar todo lo que estamos diciendo”.

A pesar de las evidencias que van surgiendo, desde Europa, el expresidente Macri volvió a despegarse de la cuestión y lo adjudicó a una “operación política”.

La defensa de Macri

En declaraciones a radio Mitre, desde Zurich, donde se encuentra realizando actividades en su carácter de titular de la fundación FIFA, señaló que en 2019 “hubo un estallido social en Bolivia después de elecciones en donde había fuertes cuestionamientos a Evo Morales por presunto fraude”, nunca demostrado.

Y justificó que en ese contexto “un grupo de la Gendarmería fue a proteger a la embajada, a los argentinos que estaban ahí, periodistas, funcionarios de Evo que habían pedido asilo”.

Asimismo, cuestionó la decisión de separar de su cargo a gendarmes en el marco de la investigación de lo ocurrido y preguntó: “¿Qué culpa tienen los gendarmes? Otra vez le arruinan la vida a tres familias”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sumó su voz y dijo que “a esta altura no quedan dudas” de que hubo un envío irregular de material represivo a Bolivia por parte del gobierno de Macri y juzgó que la maniobra constituye “un hecho de una gravedad nunca antes vista”.

En diálogo con la radio AM 750, Soria indicó que Macri podría ser requerido para declarar en Bolivia, donde hay “una investigación mucho más avanzada” y varias personas están detenidas por su implicación con el golpe, como la expresidenta de facto Jeanine Áñez y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara.

“Es la primera vez que un presidente argentino envía armas y municiones para sostener un golpe de Estado en un país hermano. Es una gravedad nunca antes vista. Por algo el Presidente Alberto Fernández pidió disculpas directamente al pueblo de Bolivia”, remarcó.

“Es la primera vez que un presidente argentino envía armas y municiones para sostener un golpe de Estado en un país hermano. Es una gravedad nunca antes vista. Por algo el Presidente Alberto Fernández pidió disculpas directamente al pueblo de Bolivia”

El escándalo por la posible colaboración del Gobierno de Cambiemos en el derrocamiento del líder del MAS, también alcanzó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La Organización Barrial Túpac Amaru, fundada por Milagro Sala, anunció que denunciará penalmente a Morales, en los Tribunales Federales de Comodoro Py por “haber brindado apoyo logístico a las fuerzas políticas que participaron activamente del golpe de Estado contra Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre de 2019”.

A través de un comunicado, la organización adelantó que solicitará a la Justicia que “investigue lo que sucedió la noche del 4 de septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de septiembre del mismo año, con motivos de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de EEUU e importantes funcionarios” de ese país.

Télam


VOLVER

Más notas sobre el tema