Bolivia | La Fiscalía concluye que no hubo fraude electoral en 2019

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Tras informe pericial, la Fiscalía libera de culpa a los exvocales del TSE por caso fraude electoral

Luego de hacerse público un informe pericial que descartó irregularidades en las elecciones de 2019, la Fiscalía sobreseyó o liberó de responsabilidad penal a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciados por fraude electoral.

“El hecho denunciado no constituye delito a los efectos de subsunción a los ilícitos descritos y denunciados, siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando se establezca con meridiana claridad que el hecho objeto de investigación no constituye delito como es el presente caso de autos”, establece la parte resolutiva de la resolución fiscal al que tuvo acceso La Razón.

Los acusados beneficiados con la resolución son los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y Édgar Gonzales, además de los exfuncionarios Wilson Rodríguez, Abimael Machicao, Osvaldo Aspi, José Antonio Pardo, Winsor Saire y Sergio Martínez.

Una vez renunció Evo Morales en noviembre de 2019, acorralado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, la Fiscalía de oficio inició una investigación por la denuncia de fraude electoral y aprehendió a las exautoridades electorales nacionales y departamentales.

El informe cuestionado por diferentes estudios externos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en las elecciones anuladas de 2019 fue la base para las acciones de la Fiscalía. Hasta el momento fueron liberados de culpa los exvocales departamentales bajo la premisa de que no se encontró pruebas de la denuncia.

En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones del informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de las elecciones anuladas de 2019.

Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

Bajo estas conclusiones, la Fiscalía presentó ante la Justicia la resolución de sobreseimiento de los acusados

La Razón


Claves sobre el polémico proceso por fraude electoral del 2019 en Bolivia

El proceso denominado “fraude electoral” que se inició en el 2019 con denuncias de irregularidades en los comicios anulados de ese año se ha caracterizado por los distintos giros en las decisiones judiciales que van desde encarcelar vocales electorales hasta liberarlos de todo cargo.

Una pericia encargada por la Fiscalía boliviana al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca estableció este martes que “no hubo manipulación” de los resultados en los comicios anulados en el 2019.

A raíz de esto, la Fiscalía anunció el sobreseimiento de los acusados mientras que sectores de la oposición insisten en las irregularidades de esos comicios y restaron crédito a esa pericia por considerarla extemporánea y hecha a pedido del actual Gobierno.

Crisis y denuncia fraude

La desconfianza en las elecciones del 20 de octubre del 2019 se produjo cuando esa noche el Sistema de Transmisión de Resultados preliminares (TREP) se detuvo y luego se repuso casi 24 horas después con un cambio de tendencia.

Los resultados preliminares que inicialmente daban cuenta de una segunda vuelta entre el entonces presidente Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa, finalmente daban por ganador al primero en la primera ronda con el derecho de acceso a un cuarto mandato consecutivo.

Un sector considerable de la población del país comenzó a aseverar que hubo fraude mientras las denuncias de irregularidades aumentaban y se corroboraban por parte de las misiones de observación internacional como de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de una creciente polarización.

La solución vino mediante una solicitud del Gobierno boliviano para que la OEA aplicara una auditoría “vinculante” para identificar aquellas anomalías.

Una investigación incierta

La madrugada del 10 de noviembre en Bolivia, la OEA dio a conocer los resultados de la auditoría que detectó irregularidades “muy graves” como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

La polarización en Bolivia creció al punto de que las protestas contra Morales derivaron en su renuncia a la Presidencia del país, que él denunció como un “golpe de Estado”.

El informe de la OEA dio paso a que la Fiscalía, dirigida en ese momento por el fiscal general, Juan Lanchipa, emitiera órdenes de aprehensión contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, los demás vocales nacionales y vocales departamentales, para un total de unos 34 detenidos.

Mientras estuvo al mando del país el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, los actos de la Fiscalía se condujeron a realizar aprehensiones, extender los plazos de investigación y hasta impulsar la revocación de medidas sustitutivas a la detención preventiva cuando habían resoluciones a favor de los acusados.

Incluso en julio del año pasado la Fiscalía de La Paz había anunciado que la investigación estaba en un 90 por ciento y que era cuestión de tiempo la presentación de una acusación y el ingreso a la etapa de juicio.

Sin embargo, tiempo después los vocales nacionales obtuvieron la condición de detención domiciliaria mientras que otros detenidos fueron progresivamente recobrando su libertad.

Pericia opuesta a la OEA

La pericia presentada este martes por el fiscal general Lanchipa estableció que “se han encontrado negligencias” por parte de la empresa encargada del recuento rápido y “se demostró la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la manipulación” de los resultados de los comicios.

El estudio identificó “usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos” pero también estableció que es “altamente improbable” que esto haya implicado una manipulación de resultados.

De haber existido una manipulación, hubiera sido necesario un “equipo coordinado” y sería “imposible” que algo así haya pasado desapercibido, dijo el fiscal general al leer los resultados de la valoración.

La oposición considera que esto dará paso a una persecución aún más intensa contra líderes contrarios al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Mientras que el Gobierno de Luis Arce señaló que la verdad ha salido a la luz y que lo que sucedió en el 2019 fue un “golpe de Estado”.

Gestión


Evo ataca a Mesa y lo acusa de usar la denuncia de fraude para “violar la CPE” con sus “cómplices”

El expresidente Evo Morales se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso Fraude electoral tras recibir los resultados de una pericia internacional que detectó “negligencias”, pero no “la manipulación en datos” en el proceso electoral de 2019.

En la línea del Movimiento Al Socialismo (MAS), el exmandatario defendió que no hubo fraude, pese a que en noviembre de 2019 anunció nuevas elecciones tras el primer informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en los comicios del 20 de octubre de ese año.

“Lo dijimos antes de consumarse el golpe, el único fraude es la denuncia de ‘fraude monumental’ que el historiador golpista Carlos Mesa y sus cómplices usaron para violar la CPE (Constitución Política del Estado), masacrar a nuestro pueblo y robar al Estado. La verdad se impone a la falsedad que busca impunidad”, escribió el líder del MAS en su cuenta de Twitter.

Antes, Carlos Mesa, en la misma red social, desestimó la pericia encargada por el Ministerio Público por su “alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora”.

Por ello, indicó que no es creíble ni reemplaza a la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se detectó “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

La comisión de fiscales a cargo del caso Fraude electoral emitió el requerimiento de conclusión del proceso, debido a que considera que el “hecho investigado no constituye delito”, tras la recolección de información y la recepción de los resultados de una pericia informática internacional encargada por el Ministerio Público a la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España).

Correo del Sur

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