México | Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO: “La consulta popular para juzgar a los expresidentes establece un antecedente de participación popular”

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Entrevista a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador

Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL

El 1 de agosto de 2021 México celebrará la primera consulta popular en su historia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “esclarecer hechos pasados” en el país, lo que significa investigar y, en el caso que se encuentren pruebas, juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por delitos asociados a la corrupción y crímenes de lesa humanidad.

La pregunta que se realizará en la consulta popular, cuya formulación final estuvo a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

NODAL dialogó con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador, para conocer en profundidad qué implica esta consulta popular y cuáles son sus objetivos.

¿Cuáles son las razones por la que se busca investigar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto?

En primer lugar, el 1 de julio de 2018 el pueblo de México voto por un cambio, pero no solo un cambio de gobierno sino por un cambio de régimen y sobre todo por un cambio de modelo económico y social que había prevalecido durante los últimos 36 años. Es decir, cambiar la política neoliberal que privatizó los bienes públicos, colonizó el presupuesto para quedar al servicio de unas cuantas empresas que significó el despojo de los pueblos, el daño al medioambiente, la entrega de los recursos del subsuelo a empresas nacionales y extranjeras, particularmente el petróleo, el gas y los minerales. Los diferentes presidentes que en conjunto siguieron esta política castigaron a los trabajadores conteniendo los salarios, cuyo resultado incrementó la pobreza y la desigualdad social a costa de los ingresos de los trabajadores y de los derechos humanos.

Cada uno de los exmandatarios tuvo episodios muy fuertes de corrupción, de privatizaciones y de afectaciones a los bienes nacionales y a los derechos de los mexicanos. Todos esos gobiernos han tenido como características que en sus gestiones se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluso delitos de lesa humanidad. Más de 600 activistas y miembros de partidos de izquierda murieron por defender el voto y la democracia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo tuvo varios episodios importantes de violación a los derechos humanos como Aguas Blancas, El Charco y la matanza de Acteal, que fue muy conocida a nivel mundial porque un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños que estaban desarmados y fueron víctimas de la violencia. Además se documentó que hubo complicidad oficial, con oficiales del Ejército y la Policía Estatal que cubrieron y permitieron esta matanza. En el caso de Vicente Fox hay diferentes evidencias, especialmente del saqueo que se produjo ya que fue el gobierno que más recursos petroleros recibió en la historia y no hubo grandes obras. Esos recursos prácticamente se perdieron entre el aumento de la burocracia y los negocios de la corrupción. Los hijos de Vicente Fox fueron beneficiarios de contratos de Pemex e hicieron fraude a través de una empresa llamada Oceanografía, que hoy es investigada y cuyos dueños socios de los hijos de Vicente Fox están en la cárcel. Felipe Calderón fue quien desató la guerra contra el narco que ha provocado cientos de miles de muertos a nombre de una guerra contra las drogas y contra los carteles que comercializan, importan y pasan hacia EEUU las sustancias psicoactivas, muchas de ellas provenientes de Asia o Sud América. Durante su gobierno se privatizó la industria eléctrica y la industria petrolera. Al final de su mandato, Calderón ingresó como consejero en el Consejo de Administración de Iberdrola, una empresa española de energía. Con respecto a Peña Nieto, el ejemplo más emblemático es el caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos, que hasta la fecha sigue pendiente este caso. Durante su gobierno prácticamente se acabó de entregar los recursos mineros y petroleros a empresas privadas nacionales y extranjeras. Además, quizás sea el gobierno más corrupto de la historia porque prácticamente el presupuesto lo utilizaron para beneficiar a empresas de miembros del gabinete o a amigos empresarios socios de Enrique Peña Nieto. 

¿Qué es la consulta popular? ¿Por qué se eligió este mecanismo cuando es algo que corresponde a la justicia?

En México es la primera vez que se va a realizar una consulta popular. Este mecanismo ya existía hace años en la constitución en el artículo 35, pero los requisitos que los legisladores le pusieron para ejercer este derecho hacía prácticamente imposible cumplirlo para llegar a proponer y obligar a que hubiera una consulta. De hecho ya hubo varios intentos: la más importante fue en 2013 cuando en el contexto de la reforma energética se consiguieron más de 3 millones y medio de firmas para pedir una consulta popular para poder definir el tipo de reforma constitucional en materia energética, pero la Corte rechazó cualquier posibilidad de hacer una consulta porque hay un candado respecto a lo que tiene que ver con ingresos fiscales que no puede ser consultado. Entonces, infirieron que como los ingresos petroleros afectan los ingresos fiscales, entonces no se podía asumir un debate público ni una consulta popular sobre el tema de la reforma energética, algo que es totalmente contrario a la lógica y al interés nacional porque los recursos del subsuelo le pertenecen a la nación y a todos los mexicanos.

Es una consulta popular porque, además de que es la primera vez que se va a ejercer este derecho, hay un debate sobre si el gobierno actual va a ejercer un tipo de venganza política contra los gobiernos anteriores o realmente se trata de un sentimiento popular o demanda social que lo legitima. La justicia y la ley no se negocian ni se consultan, pero en este caso, como se trata de no solamente juzgar en lo individual a los exmandatarios por actos de corrupción contrarios al interés público como la entrega de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza y la violación a los derechos humanos, sino también por la forma como se estableció la pregunta, que es una pregunta abierta que habla de que, en caso que se compruebe de que los actos de gobierno durante esas administraciones dañaron el interés público y los derechos de los mexicanos, la pregunta abre la posibilidad de lo que se juzgue no sean solo los actos individuales de los expresidentes sino que se juzgue las políticas que hicieron o respaldaron estas decisiones.

Poner en entredicho y analizar las políticas de privatización, de apertura comercial de sectores de la economía donde México tiene interés social, particularmente el campo y la industria, que se enfrenta a un mercado global que es subsidiado pero exigen que el resto del mundo no proteja, cuide ni subsidie nada a ningún sector. Precisamente, lo que aquí se cuestiona es el hecho mismo de que mientras en otros países se subsidia la economía, aquí para los productores, particularmente pequeños y medianos, no hay ningún tipo de apoyo directo, de manera que hay una competencia desleal y simplemente no hay libre mercado ni libre competencia.

Quizás lo más destacado es el castigo que hubo durante estos 36 años a los ingresos de los trabajadores. Aquí se obtuvieron ganancias exorbitantes por parte de las empresas nacionales y de las empresas globales a costa del medio ambiente y a costa de los ingresos de los trabajadores, que no solo prácticamente no vieron aumentados sus ingresos sino que la reversión salarial está calculada en un 80%. A finales de la década del 80, cuando inician las políticas de apertura comercial y del Tratado de Libre Comercio con EEUU que entró en vigor en 1994, los salarios se han visto reducidos en 80% de tal manera que los beneficios sociales directos a la población producto de las políticas comerciales de apertura global no han beneficiado a los trabajadores y campesinos mexicanos, y eso es parte de lo que está detrás de esta reflexión y este juicio a los expresidentes y por supuesto que los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Los crímenes de Estado en los que se vieron involucrados estos gobiernos tienen que ser investigados a fondo y juzgados, pero también todo lo que es la política social, económica y ambiental que significaron graves retrocesos para la sociedad mexicana y para el territorio nacional dado la contaminación y destrucción del medio ambiente.

¿Cómo reaccionaron los sectores políticos opositores al presidente López Obrador?

Todo el estamento político y cultural de las elites, los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, los comentaristas y los líderes de oposición están en contra de la consulta popular. En primer lugar, porque no les gusta la idea que se pregunte si deben ser enjuiciados los expresidentes. Curiosamente, en esta oposición hay tres expresidentes que son parte interesada y se han pronunciado en contra del juicio. La oposición se opone porque no quiere que se toquen los intereses de la oligarquía y la impunidad de la elite política que ha sido característica del régimen político mexicano. Entonces esto rompería la inercia que ha existido por décadas en México de no tocar a ningún expresidente. Se entiende y es lógico que la oposición no acepte este tipo de consultas y de juicios porque son sus gobiernos lo que están en entredicho y, de alguna manera, los vincula al desprestigio, a los hechos delincuenciales y los hechos de corrupción de esos gobiernos. La consulta popular para juzgar a los expresidentes es muy importante porque se establece un antecedente de participación popular para hablar de temas de interés público y se reafirma el hecho de que también la sociedad puede opinar de temas de interés público y ser parte de la democracia participativa. La consulta viene también a abrir un espacio de reflexión sobre las políticas seguidas en los últimos casi 40 años que condujeron a la crisis económica, social y política que ha vivido México, que tiene su correlato en esta crisis de seguridad que también forma parte de estas políticas neoliberales donde se ha dejado de lado el interés publico y se ha colocado en primer lugar el interés de sectores minoritarios que han impuestos estas políticas al pueblo mexicano. Nosotros hemos pagado las consecuencias pero no hemos podido opinar o participar en la elaboración de las leyes y de las políticas públicas que hoy están en entredicho.


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