Nicaragua | El Parlamento Europeo pide ampliar las sanciones contra el gobierno

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Contexto de Nodal
El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de junio a más de 15 opositores, entre los que se encuentran cinco precandidatas y precandidatos a presidente. Estados Unidos, la Unión Europea, ONU, OEA y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y pidieron por la liberación de todas las personas apresadas para garantizar elecciones libres. Por su parte, el gobierno afirma que las detenciones se dan en el marco de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley N° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que afirma que “todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” no podrán optar a cargos de elección popular y se les iniciará acciones penales.

Luego que el Parlamento Europeo analizara el contexto represivo y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, dio a conocer la resolución conjunta que someterá a votación de manera urgente para su aprobación el próximo 8 de julio en el que piden sanciones directas para Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a su familia y allegados, sin «dañar al pueblo nicaragüense».

El documento propone que la Unión Europea (UE) continúe con la ayuda humanitaria al pueblo nicaragüense haciéndola llegar «a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades» sandinistas, debido a que el gobierno de Nicaragua ha irrespetado el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica tras la aplicación de legislaciones arbitrarias y persecución a opositores.

«Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense; subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la UE (…) llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria» dicta la resolución.

Vigilar operaciones ilícitas del régimen

La UE «pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores y sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos», agrega la resolución.

El documento contempla que es necesario que la Delegación de la UE en Nicaragua y a sus Estados miembros «faciliten la expedición de visados ​​de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos».

Luego de discutir las medidas represivas que Ortega ha adoptado desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018 hasta las detenciones a líderes opositores bajo leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de cara a las elecciones presidenciales, los eurodiputados concluyen que es necesario liberar «de inmediato a todos los presos políticos, levantar el estado de sitio de facto, establecer un diálogo como única salida pacífica a la crisis, y realizar cambios inmediatos a la Ley Electoral».

El Parlamento Europeo pide garantizar elecciones libres y transparentes a través de observación nacional e internacional, de lo contrario, los estados miembros podría desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 7 de noviembre.

“Nombren a personas imparciales en las distintas estructuras electorales, restablezcan el estatuto jurídico de las partes a las que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garanticen la observación” agrega la resolución.

Nuevas leyes incumplen «los derechos y libertades de los nicaragüenses»

Tras la revisión detallada de la Constitución Política de Nicaragua por la aprobación y reforma de leyes, el parlamento concluye que se debe derogar «la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas; leyes que van en contra de los derechos y libertades de los nicaragüenses consagrados en la Constitución de la República de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales de los que Nicaragua es signataria».

De igual manera, el Parlamento exigirá que se respete «la función de la policía como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, respetar los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablecer los derechos de los ciudadanos».

Además, exige al mandatario sandinista que permita el ingreso al país a organismos y entidades defensoras de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo Especial Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas de la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del 2018.

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