Pertrechos, inteligencia y apoyo logístico argentino para el golpe boliviano de 2019 – Por Jorge Elbaum

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Jorge Elbaum*

Detrás de los pertrechos represivos, de las cajas de municiones no declaradas y de las granadas de gas lacrimógeno que llegaron de contrabando al aeropuerto de El Alto, empieza a desenredarse una sórdida madeja colmada de conspiraciones, operaciones de prensa y financiamiento ilegal de la que participaron el Departamentos de Estado de Estados Unidos junto a los gobiernos de la Argentina, Brasil y Ecuador.

El último miércoles, el comandante de la Policía boliviana Jhonny Aguilera corroboró la existencia de granadas lacrimógenas, dispositivos de gas pimienta, y un día después detalló la cantidad: 29.600 balas antitumulto 12/70 enviadas por el gobierno de Mauricio Macri. En la conferencia de prensa brindada el mismo día del hallazgo inicial agregó que los pertrechos represivos no estaban acompañados por documentación sobre su proveniencia. Desde ese mismo día se desarrollan las investigaciones respecto al traslado del material para reprimir a partir de su llegada al aeropuerto de El Alto la madrugada del 13 de noviembre de 2019.

Los gendarmes del Grupo Alacrán regresaron en junio de 2020 a la Argentina. El 15 de julio de 2020 el responsable de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional, Carlos Miguel Recalde, justificó el faltante de pertrechos en que se habían empleado en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Sin embargo, el jueves último el comandante de la Policía Boliviana lo desmintió, al tiempo que diversos periodistas acreditados en Bolivia empezaban a percatarse de los recónditos vínculos que articularon al macrismo con los golpistas y la embajada de Estados Unidos en La Paz.

Informes de inteligencia filtrados en enero de 2020 dan cuenta del rol protagónico asumido por la Agencia Federal de Inteligencia argentina (AFI) en dos períodos diferenciados: la etapa correspondiente a la gestación del golpe y la que se inicia a mediados de noviembre para impedir el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre de 2020.

Según los documentos filtrados, que están siendo corroborados por las autoridades bolivianas desde la asunción de Luis Arce, la embajada de Estados Unidos en La Paz encomendó a los agentes orgánicos de la AFI José Sánchez y Raúl Estévez la tarea de distribución de recursos durante la etapa previa al golpe. Mientras Sánchez y Estévez coordinaban con los funcionarios de la embajada contaban con la anuencia de Gustavo Arribas, el director de la AFI durante el gobierno macrista.

Sánchez además fue el encargado de recopilar información sobre los dirigentes más relevantes del MAS y de todos los diplomáticos cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes en Bolivia. Se le solicitó también la recopilación de material de inteligencia que pudiera vincular a los funcionarios del gobierno boliviano con el narcotráfico y con todo tipo de negocios privados, ajenos a la función pública, con el objeto de estigmatizarlos en forma mediática.

Dichos informes eran confeccionados para los funcionarios de Washington, según pudieron constatar los investigadores de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP) dependiente del ministro de gobierno Carlos Del Carpio, una vez que el MAS ganó en primera vuelta en 2020. Los referentes de Sánchez, en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra, hasta julio de 2019, fueron los funcionarios Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, ambos oficiales de inteligencia con despachos en la sede diplomática ubicada en la Avenida Arce 2780 de La Paz.

Blakeslee se instaló en Bolivia luego de una estancia en Managua –como funcionaria de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID– donde fue acusada de financiar a opositores del Frente Sandinista, hoy en el gobierno. Los estrechos contactos entre las agencias de inteligencia estadounidenses y el macrismo explican la mudanza de las oficinas de la AFI de Washington hacia Miami –capital mundial de la ultraderecha latinoamericana–, donde los agentes podían confraternizar con los máximos referentes antichavistas y anticastristas, cultores del injerencismo más desbocado.

En Miami funciona además la Unidad de Corrupción Internacional (UCI), dependiente del FBI, la unidad que planificó la persecución contra Lula Da Silva que devino en su proscripción y su encarcelamiento. Miami es también la sede del SOUTHCOM, uno de los nueve comandos en que se divide la fuerza militar estadounidense, que comprende un área de influencia que va desde Guatemala hasta Tierra del Fuego.

Una de las tareas encomendadas por los agentes de Washington a José Sánchez, avaladas por su superiores, consistió en distribuir financiamiento a periodistas relevantes de los diarios Página Siete y El Deber. Además se constituyó en un verdadero correveidile de quienes instalaron el clima destituyente y la existencia de un fraude. Entre los interlocutores de Sánchez figuraban –tal cual se lo comunicaba puntillosamente a Arribas– Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (CONADE), Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, y Luis Fernando Camacho, dirigente de los Comités Cívicos de Santa Cruz y actual gobernador electo de ese departamento. Según los informes confidenciales con que cuenta la DIDEP, Sánchez participaba quincenalmente de encuentros con diferentes diplomáticos de Brasil y Ecuador, a quienes les facilitaba la información previamente detallada por Olson y Blakeslee.

Grupo de Lima y servicios

Las tareas desarrolladas por Sánchez en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra fueron diseñadas y consensuadas en abril de 2019, en el primer encuentro de la Red de Inteligencia sobre Crimen Organizado y Terrorismo (RISCOT), impulsada por la agencias de inteligencia de Washington, enaltecida por Arribas y reunida en Brasil. Según un informe difundido por participantes en ambas reuniones –la segunda se desarrolló en Chile en octubre de 2019– la RISCOT debatió aspectos técnicos en sus encuentros públicos, pero llegó a importantes acuerdos políticos por fuera de las sesiones plenarias.

El objetivo explícito de las reuniones consistió en intercambiar información respecto a las amenazas y los riesgos a nivel regional, bajo la tradicional agenda impuesta por el Departamento de Estado: la corrupción y el terrorismo como paraguas conceptual para perseguir cualquier proyecto emancipatorio basado en la soberanía nacional de los países de América Latina y el Caribe. En ambos encuentros –el de abril y el de octubre– se alcanzaron acuerdos para promover la derrota del MAS, debilitar al chavismo y acosar al kirchnerismo.

José Sánchez debía concluir su estancia en La Paz el 2 de diciembre de 2019, pero fue trasladado a la provincia de Tucumán en octubre de ese año debido a la filtración de información referida a su persona en septiembre, que fue publicada en febrero de 2020. Frente a los informes provenientes de la DIDEP, la actual Interventora de la AFI, la fiscal Cristina Caamaño, ordenó una “investigación interna con el objeto de determinar si personal del organismo desplegado en ese país realizó algún tipo de actividad que pudiese haber aportado a la consumación del Golpe de Estado” contra el entonces Presidente Evo Morales. La pesquisa se orienta, específicamente, a determinar quiénes requirieron tareas de espionaje ajenas a las regulaciones estipuladas por las leyes vigentes en la Argentina.

El 25 de julio de 2019, el embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García –actual ministro de Trabajo del carcelero Gerardo Morales–, participó de una cena en la residencia del encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, que se realizó en honor a la visita del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly.

Cinco días después, el 30 de julio a las 17:12, Álvarez García remite un cable a la cancillería –entonces bajo la tutela de Jorge Faurie– en el que relataba los pedidos de los funcionarios estadounidenses para que la Argentina advirtiera y repudiara el fraude que se avecinaba. Una situación similar quedó detallada en el cable enviado por el cónsul argentino en Santa Cruz de la Sierra, Roberto Dupuy, quien participó de una reunión convocada por Camacho, quien a su vez advirtió del golpe en ciernes y solicitó asilo potencial para el caso de que fracasara.

El encuentro entre Dupuy y el dirigente de la Unión Cruceña se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2019, seis días antes de que se efectivizara el golpe. Del mismo participó también el cónsul español Agustín Uña Rodríguez. Cuando Camacho mostró su perfil católico ultramontano y se empezó a divulgar su discurso racista, Dupuy intentó desmarcarse de esa conspiración a pesar de que en Santa Cruz se lo identificaba como un colaborador de quien ahora se desempeña como gobernador cruceño.

Ni el diplomático jujeño, ni el cónsul, ni el canciller argentino, ni el entonces Presidente Macri denunciaron esa confabulación armada por la embajada de Estados Unidos meses antes de las elecciones. Todo lo contrario: se sumaron a la demanda de Williamson y fueron los primeros en denostar a Evo Morales y poner en juego su vida al negarle el asilo en la embajada.

El gobierno cambiemita, a pesar de haber perdido las elecciones el 27 de octubre de 2019, no dudó en reconocer a la golpista Jeanine Áñez, hoy detenida en el penal de Miraflores, acusada de haber alterado el orden constitucional y de promover las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con más de 35 muertos. Los intentos por eludir la responsabilidad por el contrabando de municiones y aparatología represiva llevaron al actual funcionario jujeño a sobreactuar su inocencia, sugiriendo que el propio Macri rechazó todo tipo de asistencia a Evo Morales cuando solicitó un salvoconducto para asilarlo o garantizar su exilio.

–¿Quién le dijo que no? –le preguntó un periodista del portal Jujuy al Día el 11 de julio a Normando Álvarez García

–No sé quién habrá sido, me dijeron que habrá tenido peso para [poder] decidir.

El 18 de noviembre de 2019, una semana después de haber asumido la presidencia de facto, Jeanine Áñez firmó el decreto en el que se eximía de toda responsabilidad penal a policías y militares en sus potenciales intervenciones represivas. Esa licencia para matar fue aprovechada por las fuerzas represivas para ejecutar las matanzas de Senkata, Sacaba y el Pedregal. El 5 de diciembre, en la Cumbre del Mercosur, Mauricio Macri declaraba: “valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Áñez como presidenta a cargo de Bolivia (…) No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que reestablecerá la paz democrática respetando la voluntad de los bolivianos”.

La Fiscalía General del Estado a cargo de Juan Lanchipa imputó el último 1º de julio a Jeanine Áñez como responsable de los delitos de terrorismo, sedición, conspiración y genocidio. La acusación se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Áñez cumple prisión preventiva y es investigada por la compra a sobreprecio de gases lacrimógenos empleados para reprimir las protestas populares.

Cóndores y águilas

Las causas del hostigamiento al gobierno boliviano de Evo Morales, ejecutadas por Macri en connivencia con otros integrantes de la derecha latinoamericana, son la respuesta inequívoca de Washington a dos disposiciones formalizadas por el gobierno masista:

  • las nacionalizaciones de los hidrocarburos, decididas el 1º de mayo de 2006 a través del Decreto Supremo 28.701, recordado como Héroes del Chaco, y
  • la decisión irrestricta de controlar, de forma soberana, la explotación del litio. En 2018 la empresa Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó un acuerdo de inversión con el consorcio de empresas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng. En esa licitación quedaron relegadas las corporaciones estadounidenses, que inmediatamente insistieron en Washington con obstaculizar o truncar la continuidad del MAS, una gestión que –desde su perspectiva– les impide el normal acceso a recursos naturales que consideran como exclusivos de su competencia.

En julio de 2020, pocos meses antes de la elección en la que nuevamente triunfó el MAS –a pesar incluso de la proscripción de la que fue víctima Evo Morales–, el empresario multimillonario Elon Musk, CEO de TESLA, escribió en su cuenta de Twitter una respuesta a quienes lo acusaban de influir en las actividades golpistas impulsadas por Washington. Fastidiado por tener que negociar con un país latinoamericano para acceder al litio, imprescindible para elaborar las baterías de los automóviles impulsados de forma eléctrica, se sinceró: “¡Daremos un golpe a quien nos dé la gana!”.

Un periodista boliviano que proveyó información para esta nota bajo condición de anonimato opinó que las operaciones injerencistas y golpistas comandadas por el Departamento de Estado no debieran nominarse con el nombre de la majestuosa ave, el cóndor, referencia ancestral de la libertad de los pueblos andinos: “Debemos referirlos como lo que son: el águila imperial”.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com


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