América Latina: organizaciones renovaron el reclamo de verdad y justicia en el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

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Colombia | Presencia visible de los desaparecidos forzadamente “se puede convertir en esperanza”: Comunidades

En un homenaje a los desaparecidos comunidades rurales y urbanas negras mestizas e indígenas de todo el país enviaron un mensaje en el que reafirman la esperanza de que a partir de la transformación de la realidad de la desaparición forzada es posible construir un país diferente con verdad y Justicia. «Su ausencia forzada por las violencias es una presencia visible que podemos convertir en esperanza, en sueños realizables de un nuevo país.» aseguran en la comunicación.

Afirman también que continúan con la esperanza de encontrarlos, vivos o sus restos o conocer la verdad de lo que les pasó para poder tener la certeza de que hacen parte de este mundo en una nueva forma «imaginarlos en los mares y el aire donde son parte de una nueva materia.», por ello resaltaron la necesidad de la verdad y de la justicia restaurativa pues según ellos sólo sobre esa base se podrán cambiar las condiciones actuales de vida de quienes han sido víctimas.

Aunque reconocen que muy pocas veces las verdades son las judiciales, aseguran que siguen con disposición escuchar, desde el amor a sus familiares, lo que los perpetradores tengan que decir y que nunca les podrá quitar el amor y la memoria de los suyos, pero que si puede contribuir en construir los cambios necesarios.

Sin embargo, dejan claro que en la desaparición forzada hay una responsabilidad que obedece al Estado, a las fuerzas militares, o a personas que actúan con la complacencia del propio Estado que estas acciones son sistemáticas y continuadas pues también hay una decisión de ocultar del paradero de las personas que en alguna circunstancia fueron detenidas, señaladas torturadas o secuestradas para sustraerlas de la protección de la ley.

Hay 60 desaparecidos del Paro Nacional
También recalcaron su preocupación por la situación que viven las familias de 60 jóvenes que permanecerían en situación de desaparición forzada como resultado de su participación en el paro nacional y rechazaron el negacionismo que el gobierno y la fiscalía han pretendido imponer sobre esta práctica qué lastimosamente se presenta con mucha fuerza desde el pasado 28 de abril en ciudades como Cali, Bogotá y Popayán.

«Lo que el Estado inició ha ido carcomiendo las expresiones de poder armado y un silencioso asentimiento de la sociedad: la impunidad social.»

A ellos y ellas esta práctica de la desaparición forzada es una práctica que inició a nivel estatal y luego se replicó en movimientos alzados en armas y luego ellos Se volvieron el espejo del otro sin ningún rezago de ética. Además aseguran que esa violencia tiene que ver con intereses económicos y políticos que ellos han constatado en sus territorios.

Gobierno debe ratificar la Convención internacional sobre la desaparición forzada
Por ello hicieron un llamado al gobierno nacional para que ratifique la Convención contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y avance en la eliminación de dicha práctica, al mismo tiempo invitaron a la fiscalía a que se investigué bajo los parámetros de sistematicidad para que se puedan identificar sancionar a las personas responsables de este tipo de hechos.

Por otra parte a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la instaron a continuar con el trabajo que vienen desarrollando vinculando a los procesos organizativos firmantes de esta comunicación. De igual manera llamaron a los medios de comunicación para que se conviertan en «parte activa de estrategias de búsqueda con campañas que sensibilicen y generen una sociedad comprensiva con la situación de padecimiento de las victimas de la desaparición».

Contagio Radio


México | Familiares de desaparecidos protestaron en Palacio Nacional; buscan audiencia con titular de Segob

Familiares de personas desaparecidas, se instalaron en las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir la búsqueda de más de 90 mil personas no localizadas, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que “reitere su voluntad política contra la desaparición de personas”

Ante el nombramiento de Adán Augusto López Hernández como nuevo secretario de Gobernación, familiares que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por 74 colectivos de 22 estados y de tres países de Centroamérica, pidieron a López Obrador continuar atendiendo los siete compromisos que firmó hace dos años con las familias de las víctimas, y que deben ser atendidos “a través de canales de diálogo periódico que cuente con el acompañamiento y respaldo del presidente”.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en un comunicado leído en las inmediaciones de Palacio Nacional, integrantes del MNDM llamaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon a asumir “el compromiso político del mandatario para invitar formalmente al Comité contra las Desapariciones Forzadas para una visita este mismo año”, y pidieron a la comunidad internacional cerciorarse de que la visita se lleve a cabo en las mejores condiciones.

Los asistentes a la concentración, celebraron la designación del Grupo Coordinador del Mecanismo extraordinario de Identificación Forense (MEIF), en cuya construcción y diseño participaron las familias, al igual que con el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB).

Al pedir a López Obrador que dote al MEIF de recursos suficientes para su operación, el MNDM urgió al mandatario a enviar “un mensaje contundente a las instituciones del Estado para adoptar las políticas púbicas” en materia de desaparición construidas en conjunto con la sociedad civil.

Ante la tragedia humanitaria de la continua desaparición de personas, las familias de las víctimas pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) ya la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia “inicien a la brevedad las gestiones que permitan elaborar acuerdos de colaboración con el MEIF, tomando en cuenta su carácter autónomo”.

Por su parte, el representante adjunto de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios recordó que “el derecho a la búsqueda de personas que han sido víctimas de desaparición no es una mera abstracción, sino que requiere de una investigación exhaustiva, imparcial, con participación de familiares de la personas desaparecidas y basada en la presunción de vida de la víctima”.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Peña Palacios puntualizó que siendo una de las “más terribles” violaciones a derechos humanos, “requiere de una respuesta comprometida y coordinada de las instituciones”, tal como lo ha instruido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “las personas desaparecidas deben ser buscadas por las autoridades de forma efectiva, coordinada y haciendo uso de todos los recursos y medios institucionales disponibles para localizar a la víctima”.

Apuntó que la búsqueda efectiva “debe abarcar a todas las víctimas de desaparición, incluidas las personas víctimas de desaparición forzada durante la denominada ‘Guerra Sucia’, cuyas familias perseveran en reclamar respuestas al Estado sin importar el tiempo transcurrido desde que sus seres queridos fueron desaparecidos”.

Recordó que deben priorizarse las búsquedas en vida, para lo cual “es indispensables que la búsqueda sea inmediata, minuciosa, exhaustiva y diligente por parte de todas las instituciones del Estado con capacidades para contribuir a la misma y sin obstáculos injustificados que la demoren o la hagan eficaz”.

Al celebrar la conformación del Grupo Coordinador del MEIF, el funcionario de ONU-DH consideró que su efectiva implementación, “con el respaldo al más alto nivel de las autoridades concernidas, con recursos y capacidades suficientes ofrece una esperanza para abordar la emergencia forense que actualmente enfrenta el país y que ha sido reconocida por las autoridades”.

Apuntó que el MEIF “proporciona a la comunidad internacional una oportunidad para colaborar con México para hacer frente a esta crisis”, por lo que los esfuerzos del mecanismo “deberán complementarse con la decidida acción de las autoridades federales y estatales para garantizar el correcto funcionamiento de los diversos servicios periciales y forenses”.

Peña Palacios hizo un reconocimiento a las familias de las personas desaparecidas que dedican su vida a investigar, a realizar acciones de búsqueda y a colaborar con las autoridades, y que se han puesto en riesgo en muchas ocasiones.

“Amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos son algunos de los riesgos que las familias enfrentan en su necesidad de obtener la respuesta a ¿dónde están? Es necesario que las autoridades garanticen las condiciones efectivas par que la participación de las familias sea en condiciones seguras”, agregó.

Peña Palacios concluyó que la efectividad de la búsqueda “es un deber ineludible de las instituciones, un deber hacia las personas desaparecidas, hacia sus familias y hacia toda la sociedad que también merece saber la verdad”, situación que es más urgente “cada vez que una madre, un padre o cualquier otro familiar fallece sin haber tenido respuesta sobre el paradero de su ser querido”.

Proceso


Una persona desaparece en Ecuador cada 24 horas

Michelle Montenegro, Álvaro Nazareno, Luis Guachalá o Gustavo Garzón, son algunos de los miles de personas desaparecidas en Ecuador. En su memoria, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, develó un mural en el Centro Histórico de Quito a propósito de la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las víctimas de las Desapariciones Forzadas. Este mural para ASFADEC “refleja la resistencia de los familiares que luchan día a día por sus desaparecidos”.

Posterior a este evento, Lidia Rueda y Vladimir Cosíos, voceros de ASFADEC se reunieron con el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, a quien le manifestaron varias de las problemáticas que atraviesan los familiares de personas desaparecidas, como las trabas para el acceso a la justicia, y la falta de una buena investigación. El Vicepresidente Borrero se comprometió a una nueva reunión con ASFADEC, y les pidió el reenvío de una carta que la organización hizo llegar a la Presidencia el 14 de julio pasado. Para Rueda, el hecho de que la carta no haya llegado al Despacho Presidencial, es una muestra de la poca atención del Estado para el tema de los desaparecidos.

Según cifras oficiales recalcadas por esta organización, entre enero a julio de este año, se han registrado 4.486 denuncias de personas desaparecidas; de las cuales, aún se desconoce el paradero de 236 personas y se mantienen en investigación, por lo cual, ASFADEC afirma que, “cada 24 horas una persona desaparece en el país”, en su mayoría mujeres.

El Día Internacional de las víctimas de las Desapariciones Forzadas fue instaurado por las Naciones Unidas en 2010. América Latina es una de las regiones a nivel mundial donde más casos de desaparición forzada se registran, especialmente durante las últimas dictaduras militares de los 70 y 80. Ahora en cambio, la desaparición estaría vinculada con situación de conflicto y de represión política.

En un comunicado, el Consejo de Protección de Derechos de Quito mencionó que alrededor del tema de la desaparición persisten violaciones de derechos como el acoso a defensores, a familiares o testigos, el uso de la criminalización a la protesta social, así como la impunidad estatal. También recalcó que la situación de vulneración en que se encuentran especialmente niñas y mujeres en la región, sumado a la movilidad humana y el refugio, abona a la problemática de la desaparición. Finalmente, esta institución se solidarizó con la lucha de familiares y amigos, y llamó al Estado Ecuatoriano a garantizar e implementar políticas públicas que permitan a las familias a acceder a la verdad, la justicia, sanción y la reparación.

Wambra


Uruguay | Madres y Familiares cuestiona omisiones de los poderes del Estado en la búsqueda de desaparecidos

Este lunes 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En dicho marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) realizaron un llamado a los Estados de la región a adoptar las medidas necesarias para la construcción e implementación de una política integral en materia de desaparición forzada que incluya: “la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición dentro de sus prioridades”.

Asimismo, reclaman a los Estados “asegurar la coordinación y cooperación de todas las instituciones y entidades estatales, cuya participación sea necesaria para garantizar una búsqueda e investigación efectivas, prontas y exhaustivas”.

Por su parte, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración a través de la cual cuestionó “la suma de omisiones de los poderes del Estado que termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, e impide lograr el reclamo de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado”.

Aseguran que “están” los datos y la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, durante el terrorismo de Estado en nuestro país, y hay pruebas de ello. “Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan”.

La organización de derechos humanos expresa que “siguen vivos muchos de los principales protagonistas, los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos, los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman”.

Declaración
He aquí el texto íntegro de la declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“30 de agosto de 2021.

Aquí estamos reflexionando una vez más, sobre el sentido presente de la lucha contra la Desaparición Forzada, una lucha tan íntima y humana, tan social y tan política.

Marcada primero por la desesperación por encontrarlos vivos. La perseverancia como grupo y como sociedad para no rendirnos en la búsqueda de la verdad. La fuerza que nos ha dado la incorporación de nuevas generaciones, que mantendrán vivas estas banderas, que han ido creciendo y enriqueciéndose, pasando de lo individual a lo colectivo. Porque nos abarca a todos, ya que están profundamente unidas a todas las luchas por una sociedad más digna, más justa y solidaria; donde el centro es el respeto y el valor de la vida misma.

Objetivos que se ven tan difíciles de alcanzar en el mundo de hoy, siempre atravesado por la desigualdad, la pobreza, el hambre. Donde se ha sumado la crisis ambiental, los miles de desplazados, la consecuencia social y económica de la pandemia.

Las luchas políticas, que saltan aquí y allá, que el año anterior aquí nomás, en Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, con el heroico protagonismo juvenil y de los pueblos originarios, alientan la esperanza. No importa lo que ocurra, siempre habrá ímpetu joven, audaz, valiente, que no acepte el lugar de la indiferencia, del miedo, del individualismo protector y que abrirá puertas al futuro. Es estimulante su irreverencia, sus exigencias al poder, la claridad de sus objetivos de proteger la vida y la libertad.

Hoy no deberíamos estar hablando nosotros, sino escuchando a las nuevas generaciones, que levantan con tanta fuerza esta bandera por Verdad y Justicia, junto a otras, muy suyas, sobre educación, diversidad, disidencias, feminismos, medio ambiente. Sus miradas deberían incidir más en nuestros caminos. Nos lo debemos.

Trataremos de sintetizar crudamente cómo estamos luego de 37 años de gobiernos democráticos, donde todas las fuerzas mayoritarias del país se sucedieron en los gobiernos. Estamos mal, estamos muy mal. Porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado.

Porque los avances de esta perseverante lucha que han sido muchos, no lograron aún tocar el corazón del Terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes.

La Justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora, contra los abusos y delitos del Estado. Especialmente los crímenes de Lesa Humanidad, la búsqueda de la verdad y de los desaparecidos. La responsabilidad que el Estado asume verbalmente, no la ha llevado a la práctica.

Por el contrario, los primeros gobiernos post-dictadura, obstinados en la negación y el ocultamiento pergeñaron la Ley de Caducidad, cuyo efecto se mantuvo hasta el 2011 (25 años después).

Volveremos cada vez sobre lo mismo: resaltar cómo se inicia el camino de Impunidad, del que no hemos logrado salir.

Con ella no sólo no se juzgó la inmensa mayoría de los casos, sino que, además, se sometió al Poder Judicial al filtro previo del Ejecutivo.

Aquellos primeros gobiernos hicieron primar su visión restrictiva, amparando todos los casos y con ello definieron un camino que hirió profundamente nuestra convivencia democrática.

Esta Ley, bloqueando la posibilidad de Justicia, fue un emblema que avaló a la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo. No olvidemos el caso Berríos, vergonzosamente archivado durante el gobierno de Lacalle Herrera.

Su sombra se extiende hasta hoy sobre cualquier nuevo abuso del Estado, porque sin frenos, la impunidad caminará siempre junto al poder.

¿Por qué dónde va a dirimir esta sociedad, lo permitido y lo inadmisible, si no es ante la Justicia? El juicio al Terrorismo de Estado sigue pendiente.

La búsqueda de la Verdad y la Justicia quedaron en manos de la sociedad, de las propias víctimas y de todas las Organizaciones Sociales que acompañaron. La lucha contra el silencio y la tergiversación, la denuncia y la memoria quedaron sobre nuestros hombros. Todos los avances los ha logrado la movilización social.

Todos los gobiernos posteriores a la dictadura han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido protagonistas de esta historia de impunidad. Es el Estado actual el responsable que las desapariciones continúen.

La desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y de carácter permanente. Su efecto no está dirigido únicamente a la víctima inicial a quien matan y desaparecen, sino que su mensaje mafioso, la sobrepasa, provocando en su entorno miedo, desazón y amenaza. Amenaza que perdura y trasciende generaciones. Que amenaza cada una de las luchas de hoy, las sociales, las reivindicativas, las políticas.

Un crimen que no cesa hasta, conocer todo lo sucedido con cada uno de ellos, de ellas, encontrar sus cuerpos y que se haga Justicia.

Nuestros objetivos: ¿Dónde Están? y Nunca Más están indisolublemente unidos.

Para que esta historia no se repita, debemos encontrarlos. Las acciones necesarias para encontrarlos son el camino que cimentará defensas y barreras para el Nunca Más.

La historia nos muestra que existió un camino formalmente “legal” hacia a dictadura, que fue socavando la institucionalidad paso a paso. Fueron un Ejecutivo dispuesto a la represión y al autoritarismo y una mayoría parlamentaria sumisa y cómplice, que, aprobando continuas medidas de limitación de libertades, desatendiendo las múltiples denuncias de torturas y asesinatos, permitiendo la intervención del Ejército en la represión y luego de la Justicia Militar para juzgar a civiles, cimentaron lo que terminó llegando en junio del 73.

Así, se impulsó la teoría del “enemigo interno”, la clave de la infame Doctrina de la Seguridad Nacional, en la que se han formado las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta 2019. Y así se justificó la brutal represión de esos 12 años. Todos fuimos categorizados, todos éramos el enemigo.

Las Fuerzas Armadas basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, pautaron sus objetivos y los mantuvieron durante toda la dictadura. Nuestras desaparecidas y desaparecidos, fueron parte de esos objetivos.

Es una lista selectiva de 197 compatriotas.

Han pasado 50 años de nuestro primer caso. En julio de 1971, Abel Ayala fue secuestrado y desaparecido por el Escuadrón de la Muerte, grupos de acción parapoliciales – paramilitares que actuaron ilegalmente amparados y fomentados por el gobierno de la época (Pacheco) y al impulso del avance militar.

El estudio de los casos y hasta los mismos Tribunales de Honor, convalidan la convicción de que la suerte de nuestros desaparecidos, su muerte y su desaparición misma, fueron decisiones adoptadas por los altos mandos.

¿Por qué cada una de ellas, de ellos? No lo sabemos aún, pero sí la característica de este crimen y cómo su acción excede a la misma víctima buscando disciplinar a toda la sociedad.

No lo pensábamos así en aquellos primeros años. Demoramos en entender y aceptar la crueldad de estos hechos. La participación institucional de las Fuerzas Armadas, Los pactos supranacionales como el Cóndor, la utilización de los niños como trofeos de guerra.

Junto a la acción represiva de esos años, la dictadura preparó su impunidad posterior. Con la participación masiva de sus cuadros aseguró el pacto de omertá, ocultó la información, obtuvo complicidades políticas notorias, e implantó su brutal amenaza simbolizada en los cuerpos de nuestros desaparecidos.

Los escasísimos avances en la aplicación de la justicia y algunos restos de nuestros familiares recuperados, se dieron con el inmenso esfuerzo de la sociedad, superando las obstrucciones y la saña del Estado, de sus gobernantes. Fueron las familias, compañeros, testigos, periodistas, investigadores los que lograron sacar a luz retazos de la verdad, la recuperación de casi todos los niños y unos pocos hallazgos.

Reconocemos que no han sido iguales los distintos gobiernos en su sensibilidad social, en el reconocimiento de leyes y derechos.

A partir de 2005 hubo muchos avances: el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los primeros desaparecidos. El Poder Ejecutivo no interfirió con el Poder Judicial y aunque siguió vigente la Ley de Caducidad, se logran condenas importantes, como las de Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco y Gregorio Álvarez (expresamente excluidos como tales en el texto de la Ley, aquí hacemos un reconocimiento a los abogados de nuestras causas, y a los fiscales y jueces que lograron estas primeras sentencias, con todo lo que eso significó).

En este período se votan leyes que consagran estos delitos y reparaciones, muchos espacios para trabajar la memoria, donde la sociedad civil está cumpliendo un inmenso rol de educación y conciencia.

Y la incautación que hizo la ministra Azucena Berrutti de un archivo encontrado en el CGIOR, importante en sí mismo y también como una muestra de que era posible actuar decididamente.

Sabemos diferenciar; pero no fueron a más. Ni en lo que respecta a cortar con esta impunidad, ni revisar las Fuerzas Armadas y exigir todos los datos para continuar la búsqueda de los desaparecidos, ya que los hallazgos efectuados, demostraban que sabían dónde buscar.

Habilitan el trabajo de equipos que siguen hasta hoy, con presupuesto que el actual presidente comprometió y cumplió.

Quienes, con inmenso compromiso, con miles de obstáculos, robos e intimidaciones, dan vuelta la tierra a ciegas desde hace años. Su única información (luego de los dos primeros hallazgos) proviene de los mismos denunciantes, y en más de una oportunidad fueron amenazados, ellos y algún soldado que arrimó un dato.

Mientras tanto, los comandantes en jefe como Ángel Bertolotti, Guido Manini Ríos, se limitan a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar, como pasó cuando se estaba cerca de los restos de Eduardo Bleier, y que no aparejó siquiera una amonestación.

Ningún gobierno exigió a fondo haciendo cumplir su autoridad, la información que sabemos existe.

No somos nosotros los que tenemos que explicar por qué esta situación se extendió hasta hoy, ¿Por qué ese divorcio entre los dirigentes y sus militantes que han hecho propia esta causa por verdad y justicia? Cada 20 de mayo demuestra cómo crece e involucra a votantes de todos los partidos y a todas las generaciones.

Pero sí tenemos claras sus consecuencias que se evidencian cada vez más.

La instalación estructural de la impunidad que ha impregnado todos los ámbitos: Empezando por los distintos ejecutivos, que jamás lograron la real subordinación de las Fuerzas Armadas, ni llevaron adelante su necesaria reformulación, ni los cambios en su formación, ni exigieron la entrega de todos los datos que poseen, empezando por la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos. Siguiendo por los distintos parlamentos omisos, que tampoco pugnaron por ello, recién en 2019 lograron modificar tibiamente algunos aspectos de la Ley Orgánica Militar creada en dictadura, y seguimos esperando un debate público y profundo sobre qué Fuerzas Armadas debe tener nuestro pequeño país, si es que precisa alguna.

Continuando por una Suprema Corte de Justicia obsecuente, que avaló la Ley de Caducidad, una Ley rotundamente anticonstitucional, que además sojuzgaba su independencia. Y que cuando esta deja de ser un obstáculo, permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos como de lesa humanidad (acorde a tratados libremente asumidos por Uruguay) y llega al colmo inconcebible de dar al caso Vladimir Roslik como cosa juzgada, por la intervención que tuvo en su momento la Justicia Militar. Es inaceptable.

Terminando con la presencia en la coalición que hoy nos gobierna, de un partido militar que no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por la dictadura y sus criminales más conspicuos. Nada de todo esto sale del aire.

La sentencia de la CIDH de 2012 en el caso Gelman significó un impulso importante que habilitó a avanzar: el Estado debió realizar el reconocimiento público de haber cometido estos delitos y pedir perdón. Se comprometió a concretar algunos cambios, entre ellos la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, cosa que se hace efectiva recién en el 2018, con la designación del fiscal Ricardo Perciballe a cargo de la misma.

Fue un acierto concentrar los casos hasta ese momento dispersos, lo que permitió la acumulación de conocimiento y sacar a luz junto a los nombres de siempre, a nuevos imputados a los que se les pide procesamiento.

Su positivo trabajo ha ayudado al armado del complicado puzle de la operativa represiva, resaltando la coordinación de los distintos organismos SID, OCOA, DNII, dentro y fuera de fronteras.

Su principal escollo, sigue siendo la Suprema Corte de Justicia, que permanece refractaria a la normativa internacional como dijimos y a la sentencia de la CIDH, que la obligaría a tomar una actitud proactiva y a entender estos crímenes como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.

A pesar de hechos tan importantes como el juicio de Roma, que ha dejado claro que no existen fronteras para los delitos de lesa humanidad, el lento avance de la justicia y la obtención de algunos procesamientos, poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad, de lo que debemos conocer como sociedad y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos.

En definitiva, la suma de omisiones de los poderes del Estado termina reafirmando el pacto de omertá de los perpetradores y se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz, que va impregnando nuestra vida cotidiana y nos impide lograr nuestro reclamo de Verdad, Justicia y Nunca Más.

Los datos están, la información está. Hay sobradas pruebas de ello. Siempre estuvieron en manos de las organizaciones represivas y allí continúan.

Siguen vivos muchos de los principales protagonistas. Los sucesivos comandantes conocen la ubicación de los archivos; los altos oficiales que participaron en los tribunales de honor y que luego fueron ascendidos, escucharon las terribles confesiones. Todo lo que evidencian los pocos archivos a los que hemos accedido, lo confirman.

¿Qué hacemos con todos estos fragmentos de verdad? ¿Qué hicieron los gobernantes con ellos? ¿Qué cambios? ¿Qué exigencias? Este tema no tiene que estar en las rencillas electorales. El Parlamento debió votar la venia que pidió Tabaré Vázquez para dar de baja a los generales que habían actuado en el Tribunal de Honor de José Gavazzo y aplaudir que en este gobierno por la denuncia tremenda en el caso Roslik sacaran a Daniel Castellá.

De una vez por todas los gobernantes y cada una de las fuerzas políticas se deben hacer cargo. Es su responsabilidad terminar con esta tolerancia, esta falta de compromiso con la democracia, este engaño al que someten a los ciudadanos. Nadie los votó para sostener un crimen atroz. Su omisión en tantísimos años, han dañado profundamente los valores que nos distinguen y cimientan nuestra convivencia.

Hoy todo esto se evidencia más que nunca y no es casual. La permisividad a la impunidad que los gobiernos han sostenido, llevaba implícita una revaloración del autoritarismo que apenas encontrara un marco propicio iba a hacer eclosión. Está en juego desde la movilización sindical a la libertad de cátedra. Se intenta confundir el significado de la laicidad, el uso del espacio público y hasta la terminología básica donde política, o ideología en lugar de ser la base para un debate que amplíe la visión del mundo, pasan a ser ofensivas.

Con la LUC, se pretende dar un marco jurídico a todo esto. Por eso hemos acompañado y apoyado la recolección de firmas para dar un verdadero debate y ver en cuánto de esta normativa impuesta, el pueblo acuerda. Nos congratulamos con la obtención de las 800.000 firmas que habilitarán el recurso de la democracia directa, y convocamos junto a todas las organizaciones de Derechos Humanos a informarnos, a debatir, a involucrarnos.

Entre nuestros desafíos, está no retroceder. Detrás de cada conquista hay mucha lucha y mucho dolor que nos anteceden. Que cada generación pueda pelear por sus propios sueños sin que eso signifique poner en juego su vida.

Por eso una vez más, exigimos a los tres poderes del estado que nos digan dónde están nuestros desaparecidos. Que nos digan toda la verdad de lo que pasó con cada uno. ¿Por qué ellas, por qué ellos? Queremos toda la verdad sobre la operativa que los desapareció. Que paren con este crimen.

La nuestra no es una lucha de los familiares, es la lucha de todas, de todos; porque Todas y todos Somos Familiares.

Verdad, Memoria y Justicia. Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”.

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Chile | Día del detenido desaparecido: piden justicia por casos pendientes en la región de Los Lagos

Un amarga jornada marcó la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido en la región de Los Lagos. Los convocantes confeccionaron e instalaron un lienzo en las cercanías de la plaza de Puerto Montt, pero fue retira por carabineros.

Fue en la pileta de aguas danzantes donde personal municipal colocó el elemento, que para sorpresa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y organizaciones locales, desapareció en menos de una hora.

La situación generó molestia, especialmente en familiares y amigos de Detenidos Desaparecidos, porque este tipo de hechos ya se ha registrado en el sitio de memoria, Egaña 60, en conmemoraciones anteriores.

De acuerdo al INDH, se confirmó que fue un oficial de ronda quien tomó la decisión de sacar el lienzo, argumentando desde Carabineros que podía producir un accidente. Asimismo se pidió disculpa a la institución.

Sobre la conmemoración, el jefe del Instituto de Derechos Humanos en la región, Mauricio Maya, dijo que es importante que el Estado trabaje en la búsqueda de la verdad.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la región, Alfredo Argel, comentó que la zona tiene 4 casos ligados a la dictadura militar y el de José Huenante, en la vuelta a la democracia.

El dirigente añadió que esperan que el Ministerio de Justicia continúe con las investigaciones del caso “Osamentas de Chamiza”, paralizadas por el contexto pandemia y que tienen relación con la posible presencia de restos humanos de personas de otras regiones, en el lugar donde funcionaba un aeródromo durante el régimen de Pinochet.

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Honduras | En Día Internacional contra la Desaparición Forzada, exigen incorporación del SUNLA en investigación de Garífunas desaparecidos

En el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) exigió la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (en Garífuna SUNLA) en los procesos para dar con el paradero de los cuatro jóvenes desaparecidos la mañana del 18 de julio de 2020.

Mediante un comunicado, OFRANEH recordó que han pasado más de 13 meses desde la desaparición forzada del presidente del Patronato de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Albert Snaider Centeno Thomas y con él tres jóvenes Garífunas más, de la misma comunidad (Milton Joel Martínez Álvarez, Suamy Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Tróchez Calix), sin que se conozca su ubicación

En el documento, la organización demandó a las autoridades la constitución urgente de una Comisión Especial de Búsqueda de los Jóvenes de Triunfo de la Cruz y la instalación de una Fiscalía Especial para la Lucha contra la Desaparición Forzada. Así como que se dé fecha y hora para que representantes del SUNLA se reúnan con el fiscal general.

Además, reclamaron se dé cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, «lo cual ayudará a disminuir la hostilidad y la presión de los intrusos y grupos criminales sobre los territorios y evitar la destrucción de las alternativas sociales, culturales y económicas de sobrevivencia de las comunidades». Así como la demarcación y titulación de sus tierras ancestrales de propiedad colectiva a las comunidades Garífunas.

La organización recordó en el documento que los cuatro jóvenes fueron desaparecidos durante un operativo ejecutado por elementos del Departamento de la Policía de Investigación de Honduras (DPI) en julio de 2020, durante un toque de queda, en el cual sólo podían circular libremente las fuerzas de seguridad del país. También resaltaron que las desapariciones ocurrieron en el marco de otros hechos violentos contra defensores Garífunas.

¿QUÉ DIJO LA CORTE IDH EN SU ÚLTIMA AUDIENCIA?

En junio de este año, la Corte IDH calificó como «insuficientes» y «lentos» los avances del Estado de Honduras con relación a la implementación de medidas provisionales y el cumplimiento de las sentencias por los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz durante la audiencia de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia.

En ese mismo encuentro, resaltaron la importancia de que el Estado coordine con el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA en lengua Garífuna), las diligencias de investigación que se están implementando para determinar el paradero de los cuatro jóvenes desaparecidos.

Lea también: Estado tiene responsabilidad en desaparecimiento de garífunas por sospechoso silencio: padre Melo
Asimismo, la Corte IDH ordenó al Estado de Honduras la presentación de un informe sobre acciones ya implementadas y por implementar; así como un plan de búsqueda, donde se determine en qué etapa de ejecución se encuentra la investigación y que incluya un cronograma de acciones a realizar.

La Corte IDH planteó que la lentitud del gobierno para dar cumplimiento a las sentencias y los derechos territoriales de ambas comunidades contribuyen a un aumento de la conflictividad social en la zona.

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