Arce pide al Congreso juicio de responsabilidades tras informe de la CIDH sobre las masacres de 2019

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Arce exhorta a la ALP a aprobar el juicio de responsabilidades por las masacres del 2019

Durante la presentación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el presidente del Estado, Luis Arce, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar el juicio de responsabilidades por los hechos de violencia ocurridos el 2019 durante el anterior Gobierno de Jeanine Áñez.

En el acto, Arce rindió homenaje y pidió un minuto de silencio por los fallecidos en las ‘masacres’ de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) y exhortó a la ALP “a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”.

Por otro lado, el jefe de Estado se comprometió a implementar las recomendaciones del informe final del GIEI-Bolivia, según los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado.

“Derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.

Asimismo, instó también al Ministerio Público a que implemente las acciones judiciales recomendadas en el documento.

Arce recordó que la historia convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia y expresó el deseo de que todas las fuerzas políticas asuman la responsabilidad del caso que se traducirá en un compromiso con la democracia.

“Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo, y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia”, añadió.

Opinión


GIEI: En el régimen de Añez hubo masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual, y quiebre del orden constitucional

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue entregado hoy al país revela que durante el la instauración del gobierno de Jeanine Áñez existieron masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual y ruptura del orden constitucional.

Aquí le presentamos algunas de las principales conclusiones:

  1. Entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los Derechos Humanos en Bolivia.
  2. 2.         Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
  3. La Policía y las Fuerzas Armadas, de forma separada o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.
  4. El Decreto Supremo 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA.

El gobierno de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, aprobó el 16 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078, que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal.  «El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad», dice el artículo 3 del decreto.

El 19 de noviembre, ocurrió la masacre de Senkata donde 10 personas murieron y un centenar resultaron heridos. El D.S. dio vía libre a la Policía y Fuerzas Armadas a acribillar a la población y al incremento de la violencia y la violación de los derechos humanos.

El D.S. fue derogado por el gobierno de facto el 28 de noviembre de 2019, una vez pasadas las masacres, porque ya había cumplido su objetivo de dar impunidad a los ejecutores de dichas masacres.

  1. La masacre de Senkata con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.
  2. Se han comprobado ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.

El informe de la GIEI confirma que las autopsias de los diez fallecidos en Sacaba reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad.

El GIEI constató que en la masacre de Senkata las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. Algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm, un arma utilizada por policías y militares.

  1. 7.         Se constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también violencia obstétrica.
  2. Se constataron hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas.
  3. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.
  4.     Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
  5. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.
  6. También las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.
  7. Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. En efecto, la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional.
  8. Se constataron tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros públicos.
  9. Grupos de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.
  10. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales.
  11. 17.      El uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista.
  12. Policía y Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. Durante los días del conflicto, la Policía Boliviana no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
  13. Se vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines” al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.

La investigación del GIEI confirma la opinión unánime que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas, entre ellas a Adriana Mendoza, de la cadena Gigavisión; Adair Pinto, que recibió amenazas de muerte de un policía; Carlos Cornejo, que fue detenido el 16 de diciembre en El Alto acusado de sedición e instigación a delinquir.  A la lista también se suma la detención del periodista argentino, Facundo Morales.

  1.      Ruptura del orden constitucional (Interpretación):

El informe señala claramente que no había quórum en el senado cuando Añez se proclamó presidenta del Senado, más adelante, también sin el quórum requerido en la Asamblea Legislativa Plurinacional repetiría la acción y Añez también se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional.

Lo que confirma, el quiebre del orden constitucional establecido por la Ley, pues se vulneró la CPE, los reglamentos de la asamblea legislativa y de la cámara de Senadores. Tampoco se tiene evidencia de que hubiese sido posesionada y menos prestado juramento ante autoridad alguna, lo cual ratifica la ilegitimidad de su autoproclamación.

Plurinacional


Bolivia: Informe del GIEI confirmó que hubo graves violaciones a los derechos humanos

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Bolivia presentó hoy su informe final sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Originado en un acuerdo con el Estado en 2019, el trabajo del grupo fue impedido y postergado reiteradamente por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la elección de Luis Arce en 2020.

A través de la recolección de una gran cantidad de evidencia, el GIEI logró consolidar el conocimiento colectivo sobre lo que sucedió en el país en aquellos meses de grave crisis democrática que incluyeron la renuncia forzada de Evo Morales y la asunción de un gobierno no electo e ilegítimo. Ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y una fuerte violencia social de carácter racista y misógino. Sin excluir a ninguna víctima, el informe permite complejizar el debate público apuntando los problemas sociales, políticos e institucionales por detrás de los casos.

En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, el GIEI determinó que al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Numerosas violaciones involucran la responsabilidad directa del Estado. La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones sobre las muertes fueron a toda luz ineficientes e incluyeron autopsias plagadas de irregularidades, tal como señaló una revisión realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense. También se destacaron el accionar arbitrario, la desidia e ineficiencia del poder judicial, con violaciones al debido proceso, uso político del derecho penal y abuso de las prisiones preventivas. Se persiguieron referentes, movimientos sociales, periodistas y activistas, particularmente del movimiento campesino-indígena. Todas estas responsabilidades deben ser investigadas de manera diligente, respetando el debido proceso y el derecho de defensa, con participación de las víctimas y familiares.

Los hallazgos del grupo permiten también discutir en profundidad la violencia social desatada en este periodo. Las situaciones de protesta generalizada se degradaron, en algunos casos, en hechos de grave violencia que afectaron tanto a personas afines al MAS, como a sectores contrarios a Evo Morales. El GIEI destaca de manera clara el rol que tuvo el motín policial realizado los días 8 y 9 de noviembre en la profundización de la violencia. El informe describe, asimismo, el carácter fuertemente autoritario de acciones tomadas por grupos civiles como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y el impacto del discurso racista y anti indígena de sus líderes en la profundización de la violencia. Entre los hechos atribuibles a estos grupos y otros con características similares se encuentran los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte del argentino Sebastián Moro.

Si bien todos los hechos implican una responsabilidad internacional del Estado, que tiene el deber de proteger a las personas también de actos cometidos por particulares, es importante diferenciar procesos que se dan a nivel social de violaciones planificadas y llevadas a cabo por agentes del Estado. Procesos distintos implican medidas diversas de reparación. La prioridad de las fuerzas sociales y políticas de Bolivia y de América Latina debe ser determinar lo que pasó y enjuiciar a les responsables, y la implementación de las recomendaciones realizadas por el GIEI para evitar que se repita.

CELS


Informe Completo

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Luis Almagro habla de llevar informe GIEI ante dos cortes internacionales de justicia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aprovechó la entrega del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y anunció que llevará los fundamentos de ese reporte ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Hemos tomado nota de la publicación del informe #GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, señala el tuit publicado en la cuenta, @Almagro_OEA2015.

En marzo de este año, la Secretaría General de este organismo informó que estaba alistando documentación para enviar a la Fiscalía de la CPI los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último Gobierno de Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del Gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata.

Sin embargo, en la conferencia de prensa ofrecida por los miembros del GIEI establecieron con claridad que no se pudo encontrar elementos que configuren delitos de lesa humanidad, aunque dejaron abierta la posibilidad de que otras investigaciones encuentren elementos que puedan configurar ese delito.

“La definición en el derecho internacional del delito de lesa humanidad requiere de un ataque sistemático contra la población civil con conocimiento, requiere de una estructura para cometer diversos actos que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, francamente no vimos en las investigaciones elementos suficientes para determinar que estos hechos eran crímenes de lesa humanidad”, dijo, Juan Méndez, en la conferencia que ofrecieron los expertos del GIEI en La Paz.

Después del tuit de Almagro

Los dos tribunales

Pero Almagro ya no habló solamente de llevar a Morales ante la CPI, sino también de acudir ante la CIJ para que se juzgue al exmandatario. Los opositores en Bolivia identificaron al expresidente como el factor decisivo de la crisis política que vivió el país en 2019.

La CPI es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra).

En cambio, la CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. Es el tribunal que dirimió la demanda marítima que interpuso Evo Morales.

El Deber


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