Bolivia | El gobierno denunció la injerencia de Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA

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Bolivia denuncia ante el Consejo Permanente de la OEA la injerencia de Luis Almagro a la soberanía del país

El pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, en sesión virtual, sobre la injerencia del secretario general del organismo internacional Luis Almagro en la soberanía del país.

La reunión inició con la presentación del embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, quien denunció nueva injerencia de Luis Almagro en los asuntos internos del país cuando emitió criterios mediante un comunicado sobre el informe de auditoría de la Salamanca sobre las elecciones generales de 2019.

El comunicado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA fue publicado el 9 de agosto en respuesta a los resultados del peritaje del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

“Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación”, dijo el embajador Arce.

En un informe final de Salamanca, cuestionado por la OEA, establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de 2019.

“El comunicado de nueve páginas de extensión fue publicado una vez más de manera unilateral por un órgano de la Secretaría General, no se ajusta a ningún procedimiento, convenio ni acto alguno con la participación de los Estados miembros de la organización y, lo que es peor, su contenido es profundamente ofensivo a la dignidad y el Gobierno del pueblo boliviano, contiene expresiones y calificativos inaceptables”, sostuvo Arce.

En la sesión virtual, también expusieron los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.

A su turno, el canciller Rogelio Mayta, sostuvo que el «furibundo» ataque de Almagro contra el peritaje y la investigación de Salamanca se debe a que lo pone en evidencia sobre su accionar detonante en la crisis política de 2019 en Bolivia.

«En esos días actuaron negligentemente cuando menos sino con dolo. El comunicado del 9 de agosto y las palabras de Almagro son el alegato anticipado de su defensa, la confesión inconsciente de su culpa, la vinculatoriedad que reclama en el fondo busca garantizar la impunidad», afirmó.

«Lastimosamente el actuar de Almagro no nos extraña, asumió claramente partido en la política interna de Bolivia en octubre de 2019 en contra del MAS y ahora en contra del Gobierno Legítimo del Estado Plurinacional porque el MAS asumió nuevamente el Gobierno», complementó.

Por su parte, el Ministro de Justicia, recordó que en el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia) detalla que a las 04.05 del 10 de noviembre de 2019 el secretario de la OEA publicó su informe de hallazgos preliminares de las elecciones de ese año, incumpliendo el acuerdo firmado con el Gobierno boliviano.

“El Informe preliminar, además de no comprobar las afirmaciones vertidas, incumplió lo establecido en el punto 5 del Acuerdo, el cual establece con claridad que se entregaría un informe final, y no así, informes preliminares. Ese escueto informe preliminar de 13 páginas, el cual no fue entregado a través de las instancias diplomáticas al Gobierno boliviano como estaba pactado, fue publicado en la página oficial de la Secretaría General y distribuido deliberadamente a los medios de comunicación”, sostuvo Lima.

“Este fue el detonante de una gravísima convulsión social, y fue el argumentario para que las Fuerzas Armadas sugieran la renuncia del entonces presidente Evo Morales y se consolide un golpe de Estado, que dejó como resultado 37 muertes y más de 800 heridos”, recordó Lima.

Ahora el Pueblo


Almagro reivindica que la auditoría de la OEA es vinculante y refuta otra vez pericia de la ‘U’ de Salamanca

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro reivindicó el carácter vinculante de la auditoría electoral de 2019, y su secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, se encargó de volver a refutar la pericia de la Universidad de Salamanca que descarta cualquier irregularidad en los comicios de 2019 en Bolivia.

“Entendemos que este acuerdo (para auditar las elecciones bolivianas) tiene un carácter vinculante y el término vinculante no da lugar a dos interpretaciones. Hay diferencias con la delegación de Bolivia sobre el acuerdo. Nosotros cumplimos de buena fe”, remarcó Almagro en su intervención en la sesión virtual de este miércoles, después de las declaraciones que llevaron a cabo el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Justicia, Iván Lima, y el representante de Bolivia ante el organismo hemisférico, Héctor Arce.

La reunión fue convocada a solicitud del Gobierno de Bolivia, en rechazo al comunicado del 9 de agosto en el cual la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dirigida por Francisco Guerrero, tildó como una “vergüenza hemisférica” a los comicios de 2019 en Bolivia y objetó la pericia a la Universidad de Salamanca, encargada por el Ministerio Público dentro del caso Fraude y que negó “manipulación dolosa”.

El estudio determinó que la Fiscalía emita el sobreseimiento para los exvocales electorales que eran acusados de irregularidades en las elecciones de 2019, las que se apoyaron precisamente en el informe de la OEA. Asimismo, el Ministerio Público solicitó que se archive el expediente al no haber pruebas de las sindicaciones. El Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) defienden que ello demuestra que en noviembre de ese año hubo un golpe de Estado que provocó el derrocamiento del expresidente Evo Morales.

En la sesión, los ministros Mayta y Lima criticaron la “intromisión” de Almagro en asuntos internos de Bolivia y pusieron en duda su credibilidad para seguir al frente de la OEA. El aludido rechazó cualquier injerencia y defendió su papel en defensa de los derechos humanos y la democracia en la región, aparte del derecho internacional. “No tengo dudas sobre el buen cumplimiento del acuerdo con el Gobierno de Bolivia en 2019”, subrayó.

Asimismo, aclaró que no hay ningún “capricho” ni “mala voluntad” de su parte en el caso y en alusión a Bolivia señaló que no aceptará cualquier hecho de corrupción, ni de violación de derechos humanos, menos impunidad. Lo dijo después de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que determinó graves violaciones a los derechos humanos y masacres en Bolivia, entre septiembre y diciembre de 2019. Incluso ratificó su posición de recurrir a la Corte Penal Internacional.

Y para objetar a la pericia de la Universidad de Salamanca, recurrió al secretario Guerrero, quien ratificó las observaciones al estudio por ser extemporáneo y no haber sido realizado por personal técnico idóneo. Eso sí, afirmó que valida los hallazgos de “extrema gravedad” de la auditoría de la OEA, que más allá de la “manipulación dolosa” estableció “destrucción de la evidencia”. Quienes realizan estos estudios, aclaró, “son técnicos y no políticos”, y criticó que “se intente cambiar la realidad” del estudio.

Las autoridades bolivianas apuntaron a Almagro de haber desencadenado la violencia el 10 de noviembre de 2019, con la presentación de un informe electoral preliminar que no estaba estipulado en el acuerdo con el gobierno de entonces, que dictaba la entrega de una auditoría completa mediante la vía diplomática. Incluso advirtieron que ello provocó el pedido de renuncia de los militares al entonces presidente Morales, que al final se dio. Al respecto, Guerrero dijo que no se puede responsabilizar a Almagro y la OEA de los hechos posteriores al informe preliminar, sino a actores internos en Bolivia.

En una nueva intervención de respuesta, el canciller Mayta dijo que las intervenciones de Almagro y Guerrero son una nueva muestra de “intromisión” y remarcó que no se presentaron argumentos ante las denuncias explicadas por el Gobierno de Bolivia, en cuanto al comunicado del 9 de agosto. Asimismo, subrayó que no se rechaza las misiones de observación electoral, sino el caso específico de la misión de 2019, lo que debería llamar la atención y a la preocupación de los Estados miembros de la organización.

La Razón


Víctimas de la masacre de Sacaba inician protestas en Cochabamba con el grito “cárcel para Áñez”

Al grito de “cárcel para Áñez”, los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba, salieron a las calles para expresar su protesta contra los privilegios brindados a la expresidenta de facto y contra la estrategia política/mediática para liberarla pese a que enfrenta juicios por genocidio, sedición, terrorismo y conspiración en el grado de complicidad.

Varios de los movilizados, entrevistados en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, recordaron las vulneraciones a los Derechos Humanos que sufrieron durante el régimen de Áñez, según consta en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El dolor nunca vamos a olvidar como en el gobierno de Áñez han baleado. Por eso queremos justicia”, indicó Zenón Clemente, uno de los sobrevivientes de la masacre de Sacaba, mientras mostró las cicatrices dejadas en su hombro por proyectiles lanzados por los uniformados en noviembre de 2019.

“Si o si tienen que entrar a la cárcel. Carlos Mesa dijo: ‘O voy a la presidencia o voy a la cárcel’, entonces como ha perdido, tiene que ir a la cárcel”, sostuvo.

Sobre las marchas de algunos sectores que piden liberar a Áñez, señaló: ¿Con que cara, con que moral quieren liberarla? Ya se ha bañado con la sangre de la gente. Eso nunca vamos a olvidar”.

Según el informe del GIEI, se “evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

Agencia Boliviana de Información


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