Escándalo por la filtración de contratos de compra de vacunas

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El precio que pagó Colombia por la vacuna de Pfizer y otros detalles del contrato

Una de las grandes incógnitas que ha acompañado la vacunación contra el COVID-19 en el mundo tiene que ver con el precio que cada país pagó por ellas. Es una pregunta que aún no tiene respuestas claras, pues los contratos que firmaron con las farmacéuticas han permanecido confidenciales y con ellos el valor de cada dosis. Sin embargo, poco a poco han sido publicadas algunas pistas sobre esas sumas en algunos países. Colombia, entró a ese grupo gracias a una revelación que hizo el Instituto Anticorrupción y que muestra detalles del acuerdo al que llegó el Gobierno con Pfizer-BionTech y con AstraZeneca.

De acuerdo con el documento, publicado en Twitter por Camilo Encizo, director de ese Instituto, el Gobierno habría pagado US $12 (dólares) por cada dosis de Pfizer, es decir, alrededor de $35.000 (pesos colombianos), y US$ 6 por cada dosis de AstraZeneca (unos $20.000).

La revelación fue hecha luego de que el Consejo de Estado negó una tutela a Janssen en medio de un proceso jurídico que había liderado Encizo para que fuesen revelados los contratos de las vacunas. (En este artículo puede conocer más sobre ese proceso). Inmediatamente, como era de esperarse, generó inquietud al interior del Gobierno.

“Esos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos”, le respondió en Twitter Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia, a Camilo Encizo. De hecho, el link original donde estaba publicado el contrato ya no funciona y no se puede acceder a él.

¿Pero qué secretos mostraba ese documento? En las 132 páginas hay varios detalles sobre los puntos fundamentales que pactó Pfizer con Colombia. Uno tiene que ver con la forma en que el Gobierno debía realizar los pagos y las condiciones para que fueran enviadas vacunas al país. Entonces, acordaron que el comprador debía dar un anticipo de US$19 millones 999 mil 980 (dólares).

“Pfizer”, se lee, “no estará en la obligación de despachar o entregar producto hasta no recibir el pago del anticipo y del precio de entrega”. Además, señala, el “comprador deberá pagar todos los montos adeudados en dólares americanos a Pfizer por cada lote de la vacuna a más tardar 10 días antes de la fecha estimada de arribo al puerto de ingreso a Colombia (…) El pago total de cada lote es condición para suministrar cada lote futuro”.

En caso de que el monto pactado no hubiese sido pagado en la fecha acordada, causará intereses del 5% por encima de la tasa LIBOR o la que la reemplace. En total, Colombia había firmado ese documento para adquirir 9 millones 999 mil 990 dosis. Hasta el martes en la noche, habían llegado al país 7 millones 814 mil 504 al país.

Otro de los puntos más llamativos es que, como se intuía, el Gobierno tuvo que renunciar a la posibilidad de hacer reclamos en caso de que Pfizer no cumpliera con el cronograma de entrega de las dosis compradas. “Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega”, escribieron en el documento. “Sin perjuicio de la Sección 4.4, el comprador reconoce que Pfizer no aceptará bajo ninguna circunstancia, ninguna devolución del Producto (ni de ninguna dosis del mismo)”, apuntaron.

Así mismo, Colombia, representada por Saúl Hernando Suancha Talero, representante legal de Fiduprevisora S.A., la cual administra el “Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, se comprometió a asumir de manera integral los “riesgos e incertidumbres conforme a las obligaciones de indemnidad”. Una de las razones, reconocían es que, en medio del proceso de desarrollo de la vacuna había incertidumbre.

En un apartado ambas partes dejan claro que la información que están consignando en el documento es confidencial. “Cada receptor y sus representantes deberán mantener bajo estricta reserva la información confidencial que disponen o que les haya sido entregada (..) y no la darán a conocer a terceros”, añaden. “Ningún receptor usará o dará a conocer dicha información confidencial, salvo lo permitido a la luz de este acuerdo”.

En el contrato son enfáticos en aclarar que por ningún motivo se puede revelar el precio de las dosis o cualquier información financiera: “El comprador no podrá revelar ninguna de las disposiciones de carácter financiero o sobre indemnización contenidas en este Acuerdo, incluido,sin limitación, el precio por dosis del producto o la posibilidad de reembolso del anticipo o cualquier información que pudiera fijar de manera razonable el precio por dosis del producto, sin consentimiento previo por escrito de Pfizer”, escribieron los representantes del Gobierno y de la multinacional.

Sin embargo, en caso de que se necesite revelar alguna información debido a una orden judicial, el Gobierno estaría en la obligación de advertir a Pfizer sobre esa solicitud antes de que sea mostrada. Así, “la parte reveladora puede pedir que se dicte una orden de amparo u otro alivio o dispensar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de este acuerdo”.

Detalles del contrato con AstraZeneca

El documento revelado por el Instituto Anticorrupción también muestra detalles sobre el acuerdo al que llegó Colombia con GAVI y con otra multinacional: AstraZeneca. Esta última compañía, que se había asociado con la Universidad de Oxford para desarrollar su vacuna, esperaba suministrarle a Colombia 9 millones 984 mil dosis, aproximadamente. Hasta el momento han llegado al país 2 millones 59 mil 65.

Sobre el precio pactaron que cada dosis sería vendida a $US 6 (dólares). El monto total por el pedido sería de US$ 59 millones 904 mil y el Gobierno debía pagar en los 30 días siguientes a la expedición de cada factura. En caso de incurrir en algún atraso, AstraZeneca podrá reclamar intereses.

Como en el acuerdo con Pfizer, Colombia tuvo que aceptar algunas responsabilidades y ceder en varias. Por ejemplo, se lee, “el comprador será responsable de todos los costos que se pudieran generar por cualquier retiro de la vacuna del mercado en el territorio, incluyendo costos razonables incurridos por o en nombre de AstraZeneca, sus filiales y subcontratistas”.

También tuvo que prometerle a la empresa indemnidad ante cualquier evento relacionado con el uso de la vacuna. “El comprador mantendrá indemne a AstraZeneca, sus filiales, subcontratistas, licenciantes y sublicenciatarios, y funcionarios, consejeros, empleados de y contra todos y cada uno de los daños y responsabilidades, incluyendo transacciones para las que el comprador haya dado su consentimiento (…) y los costos legales razonables por fallecimiento, daño físico, mental o emocional, enfermedad, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños perjuicios a terceros en sus bienes (…) relacionados con el uso o administración de la vacuna”.

En otro párrafo son claros en explicar que AstraZeneca queda liberada de cualquier reclamación que surja por la seguridad y eficacia de la vacuna. En las últimas páginas recuerdan que ese contrato es confidencial.

El Espectador


“Publicamos contratos que eran de dominio público al estar en un lugar de libre acceso”

Por Vanessa Pérez Díaz

Uno de los personajes que hoy está en el centro de atención de la opinión pública es el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, por la revelación de los precios que le pagó Colombia a Pfizer y AstraZeneca por las vacunas de covid-19.

La filtración de estos contratos con las farmacéuticas, desde el Consejo de Estado (que estudiaba una tutela frente a la confidencialidad de esos acuerdos), destapó información que Enciso aseguró debe ser pública (lea el documento al final de esta nota) y por eso lo subió a sus redes sociales y al portal web del organismo que dirige. Esto, no fue del agrado del Gobierno, que indicó que al violar la confidencialidad del contrato, se pone en riesgo el Plan de Vacunación.

Asuntos Legales conversó con Enciso, quien destacó: “El Gobierno se tragó el sapo y firmó un contrato cuyas cláusulas son ilegales, inconstitucionales y vulneran el derecho fundamental de acceso a la información”.

Ya había un fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordenaba revelar la información de los precios ¿El Gobierno se estaba saltando un mandato legal?

Hace cuatro meses el Tribunal le ordenó al Gobierno revelar los contratos. El Gobierno y las empresas han hecho todo para incumplir, pero están fracasando. Esta semana, el Consejo de Estado le negó una tutela a Janssen y confiamos en que, al final, el Tribunal reiterará su protección al derecho de acceso a la información, indispensable para el control social y prevenir la corrupción.

¿Por qué algunos culpan al Consejo de Estado si ya un Tribunal había dado la orden de revelar los precios?

Al Consejo de Estado había llegado una tutela de Janssen, que argumentaba que no le habían respetado su derecho al debido proceso en el proceso que conoció el Tribunal, porque no los habían hecho parte. El Consejo, por alguna circunstancia que aún no es clara, publicó los contratos -sin protección- en su plataforma de consultas. El Tiempo y CM& accedieron primero a los contratos y revelaron su contenido, precios y condiciones. Después nosotros publicamos los contratos que ya eran de dominio público al estar en un lugar de libre acceso.

Algunos creen que el Instituto Anticorrupción pone en riesgo las vacunas al revelar precios

No tiene fundamento. Si las farmacéuticas no le venden vacunas a Colombia, ellas son las únicas responsables de esa inmoralidad. El Gobierno no ha incumplido el acuerdo de confidencialidad y los terceros no estamos cobijados por él. Además, es el Gobierno el que puso en riesgo el plan de vacunación, al aceptar cláusulas como estas en los contratos: “2.5. (…) El Comprador renuncia a los derechos y recursos que pueda tener en Derecho, equidad o de otro modo, derivados de, o relacionados con: (i) la omisión de Pfizer de desarrollar el Producto u obtener la Autorización correspondiente en las fechas previstas señaladas en este Acuerdo; o (ii) la omisión de Pfizer de entregar las Dosis Contratadas de acuerdo con el Cronograma de Entregas”.

¿Si una farmacéutica cancela el contrato se puede demandar esa decisión porque se niega el acceso a las vacunas en plena pandemia?

Mi interpretación de los contratos es que el Gobierno dejó desprotegidos a los colombianos al aceptar cláusulas como la que les compartí arriba. En cualquier caso, en ninguno de los países en que se han filtrado o conocido los contratos las farmacéuticas han dejado de vender. Para ellas esto es -sobre todo- un negocio, y tienen que recuperar su inversión.

¿Por qué cree que se fijó un esquema de confidencialidad si se supone que en pandemia todos deben tener acceso por igual?

Porque las farmacéuticas querían segmentar mercados e impedir que los gobiernos se pusieran de acuerdo, lo cual les permitió imponer precios a su antojo. Abusaron de su poder de mercado, del miedo de la gente y los Estados, y los pusieron de rodillas. Algunos pocos gobiernos, como el argentino, dijeron que empresas como Pfizer habían pedido condiciones contractuales que incluso atentaban contra la soberanía nacional. Acá en Colombia, el gobierno se tragó el sapo y firmó un contrato cuyas cláusulas son ilegales, inconstitucionales y vulneran el derecho fundamental de acceso a la información.

¿Por el simple hecho de que el Gobierno Nacional haya transferido recursos del Presupuesto para la compra de vacunas no deben ser transparentes y revelar esa información?

¡Claro! Es que el Gobierno dice haber invertido cerca de $5 billones para compra de vacunas. Y ahora resulta que no tenemos derecho a vigilar esos recursos, ni a ver las condiciones de compra, con las implicaciones que puede haber para millones de pacientes. Para la muestra, otra cláusula de uno de los contratos: “b) (el Comprador) Reconoce que acepta que los esfuerzos desplegados por Pfizer, BioNTech y sus afiliadas por desarrollar y fabricar la Vacuna son de naturaleza aspiracional y están sujetos a riesgos significativos e incertidumbres. c) Que, como consecuencia de esos esfuerzos, el Comprador asume integralmente esos riesgos e incertidumbres conforme a las obligaciones de indemnidad de conformidad con la Sección 8.2 del presente Acuerdo. (…) Como representante del Gobierno Colombiano, renuncia expresamente a la inmunidad soberana de acuerdo con la Sección 9.4 del presente Acuerdo.”

¿La libertad de expresión está por encima del derecho a la confidencialidad?

La libertad de expresión (y de acceso a la información) es un derecho fundamental que está protegido en Colombia por la Constitución y las leyes. Si querían sacrificar ese derecho para darle gusto a las farmacéuticas, el gobierno tendría que haber tramitado una ley en tal sentido. Por último, las dos cosas no son incompatibles. La propia ley dice cuándo un documento está protegido por confidencialidad. Pero ninguno de sus requisitos se presentaba en este caso, tal como concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¿Puede haber alguna acción legal por haber revelado el precio de las vacunas?

El Gobierno lo anunció. Si se empeña en ese disparate tendría que iniciar acciones legales contra El Tiempo, CM&, Caracol Radio y todos los demás medios que han y hemos publicado la información sobre los contratos. También tendrían que demostrar algo que les quedará muy difícil: el supuesto daño que ha sufrido por la publicación de los contratos. Por nuestra parte, tenemos la conciencia tranquila y limpia de haber hecho las cosas bien y en atención al interés general.

DOCUMENTO ADJUNTO

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Asuntos Legales

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