México tiene la cifra más alta en América Latina de personas desaparecidas, según la Cruz Roja

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En México, la mayor cifra de desaparecidos de AL, dice Cruz Roja

Por Alonso Urrutia y Jessica Xantomila

La desaparición de personas se extiende en varios países de América Latina, pero es en México donde el fenómeno tiene mayor “dinamismo” derivado de la violencia que no cesa. Así, el país “enfrenta un reto especial porque seguimos en una situación en la que cada día desaparecen personas y eso confronta a los mecanismos de búsqueda”, sostiene Marlene Herbig, responsable del Programa de Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); 2019 fue el año con mayor registro de desapariciones en el territorio nacional.

Con despliegue en 60 países, el programa del CICR trabaja en la región latinoamericana en Perú, Colombia y Centroamérica, donde en muchos casos se enfoca a periodos acotados, generalmente asociados a conflictos internos. En México se busca a personas que lo mismo desaparecieron en la guerra sucia (década de los 70 del siglo pasado) hasta a víctimas recientes de ese flagelo. Se cuenta con “un marco jurídico muy sólido, acorde con casi todos los estándares internacionales –en materia de desaparición y búsqueda– pero el desafío radica en su instrumentación”, acota Herbig.

Este lunes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bajo la prioridad de atención a las repercusiones humanitarias de la desaparición de personas, en los últimos años el personal adscrito al programa en México ha crecido y en la actualidad tiene presencia activa en seis entidades: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Guerrero, y despliega actividades puntuales en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Chiapas.

La incidencia de casos no es el único factor para definir la presencia del CICR de forma permanente. También se encuentra la identificación de entidades donde los estragos humanitarios de este fenómeno son mayores: consecuencias sociales, económicas y un mayor rezago en identificación de cuerpos. Siempre bajo una actuación discreta y confidencial en su relación bilateral con las instancias del Estado mexicano, apunta la funcionaria del CICR.

Las repercusiones en una familia ante la desaparición de uno de sus miembros son múltiples, “no sólo es atender sus demandas imperiosas, la búsqueda y la justicia. Implica además efectos económicos, si era el sostén de la casa; jurídicas, de estigmatización social, la eventual identificación del cuerpo y el impacto sicológico de la pérdida. En muchos casos, el miedo ha detenido o dilatado las acciones de búsqueda e incluso evitado su participación en colectivos para no hacerse visibles”, indica Herbig.

Con base en reportes gubernamentales que arrojan 91 mil desaparecidos, “si comparamos las cifras oficiales que existen de los países de la región, podemos ver que México tiene un reto significativo. Las cifras oficiales de México son de las más grandes de la región”.

Para el CICR, uno de los aspectos que hacen más complejo atender esta situación es la disparidad en la capacidad de respuesta oficial. “El reto es mayúsculo y se requiere que se involucren todas las instancias de gobierno, o muchas autoridades. Así lo marca el Sistema Nacional de Búsqueda, que involucra no sólo a comisiones, sino también a fiscalías, corporaciones de seguridad y otras instancias que podrían brindar información útil sobre el paradero de las personas”.

En México, el CICR enfoca su colaboración en cuatro ejes: el acompañamiento a las familias (preferentemente a través de los colectivos de búsqueda) para canalizar las demandas de localización; asesoría legal para adecuación del marco jurídico, con participación en la ley; atención a las necesidades sociales de las víctimas y el apoyo en la identificación forense.

La Jornada


Desapariciones forzadas en Colombia, ¿Acción o indiferencia del Gobierno de Duque?

El Gobierno colombiano presidido por Iván Duque se ha caracterizado por constantes denuncias que movimientos sociales han hecho por la negligencia del Ejecutivo ante asesinatos sistemáticos a líderes sociales, perpetración de masacres, incumplimiento en los Acuerdos de Paz, así como de casos de desapariciones.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó el pasado mes de mayo su preocupación por el precario avance en Colombia para identificar a los desaparecidos producto del conflicto social y armado, el cual ya completa más de 60 años como fenómeno en el país.

“El comité de derechos humanos de la ONU encargado de luchar contra las desapariciones forzadas lamenta que, a pesar de la firma de los Acuerdo de Paz, siga prevaleciendo este delito en diversas partes del país, incluso en un contexto de pandemia”, indica el informe de Naciones Unidas.

Respecto a los procesos de Justicia, el organismo multilateral enfatizó que son muy limitados los avances que el Ejecutivo ha tenido en este ámbito, “por los más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y los más de 4000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada pendientes de reconocer de los más de 10.000 que se han exhumado”, alertan.

Aunque el presidente Duque insiste en respetar los Acuerdos de Paz y en priorizar a las víctimas del conflicto social y armado, lo cierto es que la persecución a líderes sociales se ha intensificado durante su administración.

“Con relación al derecho de reparación, de las 185.422 víctimas de desaparición forzada reconocidas en el Registro Único de Víctimas, solo han recibido reparaciones una pequeña parte, 12.490, y que se limitaron a compensaciones económicas”, detalla la ONU.

Represiones y desapariciones

Durante el reciente paro nacional que duró casi dos meses, donde los colombianos se tomaron  las calles para rechazar las políticas económicas de Iván Duque, así como la vorágine de la violencia, fue un punto de quiebre del Gobierno con la comunidad internacional.

Organizaciones sociales denunciaron que al menos 129 fueron reportadas como desaparecidas durante el estallido social, además la ONG Temblores, especifica que se registraron 4.852 casos de violencia policial contra los manifestantes.

Además, Temblores asevera que se suscitaron 1.661 casos de violencia físicas por parte de la fuerza pública, 2.053 detenciones ilegales, 90 casos de lesiones oculares contra manifestantes, 228 casos de disparos con arma de fuego y 35 casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Pese a las denuncias de represión, el presidente Duque enfatizó que durante el estallido social, las autoridades actuaron para “proteger a la población del vandalismo”, lo cierto es que durante las últimas semanas han aparecido los cadáveredes de jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en medio de paro nacional.

teleSUR


Activistas y familiares recuerdan en marcha a los desaparecidos en Ecuador

Decenas de activistas ecuatorianos efectuaron este sábado 28 de agosto del 2021 una caminata por varias calles del centro de Quito para exigir a la justicia que acelere las investigaciones en torno a las cientos de personas desaparecidas en el país.

La marcha, convocada por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto, transcurrió sin incidentes, aunque las autoridades policiales impidieron el paso de los manifestantes hacia la Plaza de la Independencia, donde también se encuentra el Palacio de Gobierno.

Lidia Rueda, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), aseguró a EFE que la manifestación, sobre todo, buscó alzar la voz de los familiares de las víctimas de desaparición para que la justicia acelere las investigaciones en torno a estos casos.

Rueda recordó que entre enero y julio de este año se han producido 4 486 denuncias de desaparición, de las que 236 aún no han vuelto a casa. Esa cifra es mayor a la que se registró el año pasado, cuando fueron 227 casos de personas que no volvieron a casa, recalcó Rueda tras asegurar que para muchos familiares que reclaman la celeridad de las investigaciones, “ha desaparecido la justicia“.

La activista destacó la adhesión de muchos ciudadanos a la marcha y dijo que la próxima semana la Asfadec desvelará un mural en memoria a los desaparecidos en Ecuador. En la manifestación participó Maribel Angulo, madre de Álvaro Nazareno, quien desapareció el 14 de marzo de 2011 mientras se encontraba en un hospital público de Quito.

“Exijo celeridad en las investigaciones”, porque “ya es demasiado, son diez años y nada”, sin resultados por parte de los organismos que deben indagar, refirió Angulo. Con un tono molesto, aseguró que hay autoridades que “no ponen empeño en hacer justicia y en hacer las investigaciones como se deben hacer”.

En la marcha también participó Galo Ortega, del colectivo “Nos faltan tres” que aglutina a familiares y amigos de los tres integrantes de un equipo periodístico del diario EL COMERCIO, secuestrados y posteriormente asesinados en 2018 por un grupo armado ilegal colombiano en la zona fronteriza entre ambos países.

“El Gobierno (del presidente Lenín Moreno, que terminó su mandato en mayo pasado), no hizo nada por traerlos con vida”, reclamó Ortega en mensajes en redes sociales, donde apoyo la causa de las organizaciones de víctimas de desaparición.

El Comercio


Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Por Susana Roa Chejín

Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El 21 de diciembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas,  involuntarias y secuestros en varias regiones del mundo y decidió rendir homenaje a todas sus víctimas y declaró este día.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas dice que la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o “cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado” o por personas que actúan con la autorización del Estado. Según el Fundamento de las Normas Internacionales de los Derechos Humanos, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que son uno de los crímenes más graves que se pueden cometer pues atentan contra los más elementales derechos humanos de un forma sistemática contra un grupo civil.

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) dice que esta fecha es un llamado de atención para exigirle al Estado ecuatoriano que “sea capaz de actuar de manera coherente para solucionar el tema de personas desaparecidas, en Ecuador la desaparición de personas está invisibilizado por parte del Estado.”

En las últimas dos décadas al menos 200.000 personas han desaparecido en América Latina. Hasta 2018, Colombia encabezaba la lista: 82.998 desapariciones, seguido de México con 36.265. Le siguen Guatemala, Perú, El Salvador, Chile y Argentina. Para Efrén Guerrero, abogado y profesor de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), “hay que tener en cuenta que la desaparición forzada de personas es una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen en el mundo”. Según el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2019 estaban abiertos 45.811 casos de desaparición en 92 países.

El abogado Guerrero explica que la responsabilidad de evitar las desapariciones y averiguar el paradero está en manos de las autoridades de los países. Además, Guerrero afirma dice que muchas veces los conflictos armados internacionales o nacionales provocan desapariciones y violación de los derechos humanos.

Ecuador y la desaparición forzada de personas

Un reporte del Ministerio de Gobierno dice que desde 1947 hasta el año 2019 ha habido 57.397 denuncias de desapariciones.

El 98% han sido localizados, mientras que 1.392 casos siguen en investigación. Solo de enero a mayo de 2020, 2.287 personas han desaparecido, el 58% de los casos responden a  mujeres.  Así lo reporta el Ministerio de Gobierno. De este universo, 100 personas aún continúan desaparecidas y se suman a las 1392 reportadas hasta el 2018.

El artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que la desaparición forzada es cuando un agente del Estado actúa con su consentimiento “somete a privación de libertad a una persona” y que se niega a dar información  sobre el paradero del desaparecido. La sanción por este delito es de 22 a 26 años de cárcel. Además, el COIP considera la desaparición forzada dentro de los delitos contra la humanidad.

En cuanto a las medidas para prevenir las desapariciones forzadas la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) establece la acción de hábeas corpus, cuyo fin es “proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona”, misma que, entre otros, es un mecanismo de prevención y protección de la desaparición forzosa de personas.

Gk


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