Bolivia | Fiscalía oficializa pedido de extradición del exministro de facto Murillo y pide otros seis meses de cárcel para Áñez
Fiscalía presenta documento traducido al inglés para extraditar a Arturo Murillo
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que el Ministerio Público presentó, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la ciudad de La Paz, más 2.000 hojas traducidas al inglés para la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos.
“La comisión de fiscales ha presentado ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor Murillo; todo ese trabajo comprende más de 2.000 hojas traducidas al inglés”, dijo.
Con lo cual, según el funcionario, el Ministerio Público ya cumplió con la labor administrativa que se le solicitó por parte de la autoridad jurisdiccional y ahora corresponde a esa instancia llevar adelante el trámite de la extradición.
Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia en 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Según investigaciones realizadas en ese país, la compra de gases lacrimógenos, a través de una empresa intermediaria, demandó a Bolivia $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones. Por ello, en el Estado Plurinacional también se lleva otro proceso en contra de Murillo y las autoridades buscan extraditarlo.
Pero “ahora corresponde a la autoridad jurisdiccional emprender ya el procedimiento correspondiente a través de la Cancillería; la autoridad judicial es la que ahora tiene en sus manos toda la documentación traducida para ser enviada a Estados Unidos”, insistió Lanchipa.
En una pasada declaración realizada el 13 de julio, el mismo Lanchipa dio a conocer que un equipo constituido por seis personas trabajó en la traducción de la solicitud de extradición.
La Fiscalía pide otros seis meses de cárcel contra Áñez por el caso golpe de Estado
Por Carlos Corz
La comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado pidió ampliar por seis meses la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez por la complejidad y “multiplicidad de imputados”, luego que este martes cumpliera los seis meses de reclusión impuesta en marzo.
La solicitud fue dirigida el 10 de septiembre al juzgado que atiende el proceso seguido por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración contra Áñez y otros imputados como los exministros de Justicia Álvaro Coimbra y de Energías Rodrigo Guzmán, detenidos en la cárcel de San Pedro.
También se incluyó en la solicitud de ampliación de la detención preventiva al almirante y ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Arce San Martín y al excomandante del Ejército Jorge Mendieta. Ambos formaron parte del mando que pidió en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales.
Para la comisión de fiscales el nuevo plazo será “suficiente para cumplir con los actos pendientes, así como el pronunciamiento de un requerimiento conclusivo que de por finalizada la etapa preparatoria de la presente investigación”, según el requerimiento al que tuvo acceso La Razón.
El documento está firmado por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala.
Áñez fue detenida en marzo y recluida en la cárcel por el caso golpe de Estado. Se encuentra en el penal de Miraflores, donde se adecuó un ambiente para que pueda atender sus problemas de salud derivados de una hipertensión arterial.
Sin embargo, también tiene una segunda orden de detención preventiva por seis meses debido a la denuncia de haber tomado la presidencia del Senado, lo que derivó en la toma de la Presidencia en 2019, sin cumplir con las normas y el Reglamento de Debates.
Víctimas de las masacres de 2019 presentarán denuncia formal contra exministros de Añez esta semana
Familiares de fallecidos, heridos y detenidos, torturados en las masacres de Senkata y Sacaba presentarán en los siguientes días una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra los exministros del régimen de facto de Jeanine Añez que firmaron el Decreto Supremo 4078, que promovió graves violaciones a los derechos humanos en 2019.
“La Fiscalía se ha olvidado iniciar los procesos ordinarios penales contra quienes han firmado el Decreto Supremo 4078 (…) por eso vamos a presentar una denuncia formal ante el fiscal (de La Paz) William Alave para que actúe. Estamos puliendo los detalles del memorial, para presentarlos entre miércoles y viernes”, informó el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de El Alto, David Inca, en contacto con Radio Patria Nueva.
Indicó que dentro de la reparación a las víctimas se debe incorporar a las personas que fueron detenidas, procesadas o torturados indebidamente durante el gobierno de facto de Añez y también quienes fueron víctimas de malos tratos por parte de personal médico.
“No se está haciendo las investigaciones en relación a los hermanos que han sido torturados en las cárceles, ni para identificar a ese personal médico que en los hospitales y clínicas han torturado a los heridos. Esos puntos no los toma en cuenta la Fiscalía”, cuestionó.
Inca afirmó que en caso de que el Ministerio Público no atienda la solicitud las víctimas presentarán una denuncia contra estas autoridades por incumplimiento de deberes.
Decreto Supremo 4078
El informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado a las autoridades del Gobierno y a la sociedad boliviana establece que el Decreto Supremo 4078, del 15 de noviembre de 2018, fue promulgado por el gobierno de Jeanine Añez para eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas en las masacres de Senkata, El Alto, Sacaba, Cochabamba y la zona Sur de La Paz.
El artículo 2 de esa disposición establece que “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo con las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales, en el cumplimiento de esa norma”.
Asimismo, para su pleno cumplimiento, establece que “las Fuerzas Armadas emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo con las necesidades a fin garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano”.
El corazón de la norma está en el artículo 3, que dispone que “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
