Chile | El gobierno refuerza la frontera norte ante “crisis migratoria”

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Centros de acogida Unicef y refuerzo de vigilancia en la frontera norte: gobierno anuncia medidas por crisis migratoria

A eso de las 14.30 de este miércoles, el gobierno anunció una serie de medidas para contrarrestar la actual crisis migratoria que se vive en el norte del país.

“El trabajo de la política migratoria de este gobierno ha sido un compromiso del primer día”, comenzó diciendo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien destacó la actual ley de migraciones, promulgada en abril de este año y que reemplazó a la Ley de extranjería de 1975.

En ese contexto, el jefe de Interior dijo que “hay muchos que hoy critican, muchos que hoy apuntan con el dedo, muchos que dicen que este gobierno no se ha preocupado. Perdón, estamos hablando de décadas en los cuales nadie logró prever en ese momento cuál era la situación migratoria”.

Delgado reconoció que “por supuesto que tenemos una crisis de ingreso clandestino por la macrozona norte, fundamentalmente por el sector de Colchane, que afecta a zonas urbanas como el caso de Iquique, Antofagasta y otras localidades, que han visto que no tienen los servicios necesarios para poder acoger, menos a personas que ingresan de manera clandestina. Por eso el Presidente Sebastián Piñera nos ha encargado seguir reforzando las medidas”.

De esta forma, Delgado anunció que se dispondrá el aumento del resguardo en la frontera norte, así como también el refuerzo de los puntos de control en la zona limítrofe del país. En concreto, de acuerdo a lo informado por esa cartera, ya se inició la instalación de seis puntos de observación adicionales en la frontera. Cada punto de control de vigilancia cuenta con contingente de Carabineros y Ejército, servicios y una torre de iluminación.

En esa línea, se instalará un campamento móvil para apoyar las tareas logísticas de Carabineros en la frontera para poder ampliar el contingente. Este contiene nueve carros de arrastre, tres grupos electrógenos, tres ventiladores, 50 literas. Esto permitirá aumentar el contingente policial hasta en 50 carabineros. Asimismo, a la zona llegarán tres camiones con antenas satelitales y salas de monitoreo para reforzar la vigilancia en la frontera.

Por otro lado, se realizará el nombramiento de tres directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) para Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Medidas humanitarias

Junto al aumento de la vigilancia en el norte, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, anunció una serie de medidas humanitarias.

Por ejemplo, en las próximas semanas se instalarán espacios que funcionarán como albergue temporal para quienes autodenuncien sus ingresos ilegales en Colchane y en Huara. Asimismo, se instalarán centros de acogida Unicef en Colchane e Iquique, gracias a un convenio de Desarrollo Social con ese organismo y el Hogar de Cristo.

“Llevamos meses trabajando en esta crisis humanitaria y las crisis humanitarias requieren medidas humanitarias. En ese sentido la Subsecretaría de la Niñez ha trabajado con la Unicef, OIM, Acnur, y organizaciones de la sociedad civil como el Hogar de Cristo, el Servicio Jesuita Migrante y World Vision”, dijo Rubilar.

“Durante el mes de octubre se abrirán centros de primera atención de primera acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias. Con condiciones adecuadas en la comuna de Colchane para que las familias puedan tener un espacio de unas primeras 24 horas (ojalá no más allá de ello) para después destinar su traslado a Iquique o donde sea pertinente”.

Además, se entregarán vouchers para acceder a refugios en hostales, asociados a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este sistema, informan desde el gobierno, ya está funcionando y será potenciado.

“Estimamos la atención de 3.600 niños, niñas y adolescentes y 5.400 adultos en una situación migratoria en los próximos 12 meses, que queremos que sea idealmente por un máximo de 24 horas como centro de acogida, donde puedan primera recibir la atención e información adecuada, así como apoyo de primera necesidad, hablamos de alimentos, vestimenta y artículos de higiene”, agregó la ministra.

Con todo, se dispondrá una Estadía Sanitaria Transitoria de Alta Capacidad, que tendrá la capacidad para entre 200 y 300 personas y que permitirá apoyo para el auxilio, revisión, atención de salud y aislamiento de personas. Según se informó desde Interior, se estaba definiendo si está estaría en Iquique o Alto Hospicio.

Medidas sanitarias

Por su parte, la ministra de Salud subrogante, Paula Daza, se refirió a las medidas sanitarias que se han dispuesto en el norte para las personas que han ingresado al país.

“Como Ministerio de Salud hemos ido implementando una serie de estrategias en la zona, particularmente en el norte. Hoy día contamos en la Región de Tarapacá con tres estadías sanitarias de tránsito que permiten alojar a más de 400 personas. Dentro de la estrategia todas las personas que ingresan a nuestro país a través de esta línea, de Colchane, son testeadas con antígeno. Las personas que salen negativas son trasladadas a estas estadías de tránsito, las personas positivas son trasladadas a una residencia sanitaria junto a sus contactos estrechos”, dijo Daza.

La ministra (s) explicó que “en los próximos días, en dos semanas más, estaremos implementando una nueva estadía sanitaria de tránsito que nos va a permitir alojar a más de 250-300 personas con personal sanitario, que no solamente tiene por objetivo testear, sino que también la atención de salud de esas personas”.

“Quiero recordar, decir y enfatizar que hemos reforzado el testeo, la trazabilidad y aislamiento (TTA) en esta zona, y vamos la próxima semana a fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y también las cuadrillas sanitarias, que nos permite educar a la población, especialmente a las personas que llegan, en las medidas sanitarias y en el control de todos los cuidados y autocuidados para disminuir la posibilidad de contagio”, afirmó Daza.

La Tercera


José Miguel Vivanco: “Si la xenofobia no se combate enérgicamente con políticas públicas el próximo escenario puede ser ataques a personas”

El director de la División de las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acaba de salir de una reunión en el Departamento de Estado en Washington sobre Derechos Humanos. Ha seguido con sorpresa los sucesos de una marcha en Iquique que terminó con la quema de los bienes de venezolanos ilegales que acampaban en la calle. Critica el actuar del Gobierno en materia migratoria y sostiene a EL DÍNAMO que debe perseguirse judicialmente lo ocurrido en el norte para que no se repita en otras regiones y que califica como xenofobia.

—¿Cómo ve la magnitud de lo que ocurre en Iquique?
—Yo no creo que estemos ante una situación apocalíptica. Algunas personas lo comparan con lo ocurrido en Siria o en otras latitudes, pero estamos lejos de eso. Sin embargo, lo ocurrido en Iquique es particularmente grave. De ninguna manera se puede minimizar o normalizar, me parece bien que la Fiscalía abra una investigación para determinar quienes participaron en estos hechos.

—¿Por qué es particularmente grave?
—Es particularmente grave porque es la primera manifestación patente de xenofobia en Chile. Antes hubo algunos incidentes aislados, qué ofrecían indicios solamente de xenofobia, discriminación y de lo que podríamos catalogar de racismo, ahora estamos ante un hecho de xenofobia donde se busca la degradación de migrantes pobres a los que le destruyeron sus pertenencias. Si la xenofobia no se combate enérgicamente, con políticas públicas, comunicacionales y medidas judiciales, para atajarla a tiempo, el próximo escenario puede ser ataques a personas y no a la propiedad.
De no combatirse la xenofobia y perseguir a los responsables, en Iquique, se puede repetir en otras regiones. Ahí se entra en una etapa muy distinta de aquí es muy difícil salir. El gobierno tiene la responsabilidad de atacar la xenofobia de manera integral y hasta ahora no se ha visto.

—¿En qué lo nota?

—El énfasis gubernamental parece estar en las deportaciones, pensando que con estas se van a desincentivar el flujo migratorio en Chile, eso es un error. No se puede dejar a la gente a su suerte a la intemperie, donde quedan expuestos al maltrato, a la naturaleza, esa no es una política migratoria ni humanitaria de acuerdo a las normas internacionales vigentes. Las convenciones internacionales sobre migraciones y los tratados sobre DD.HH obligan al Estado de Chile a garantizar el bienestar, las condiciones mínimas de salud y de convivencia de los ciudadanos, independientemente de su origen su nacionalidad, de si son ilegales o no. El Estado tiene la obligación de prevenir que la población agreda a extranjeros o destruya sus pertenencias. Para eso se construyen albergues y se pone freno a todo acto de xenofobia.

—¿Cómo se conjuga la protección de fronteras y la inmigración ilegal?
—Si uno va a Estados Unidos, Canadá o cualquier país, en la frontera se le va a preguntar cuál es el propósito de su viaje. El control fronterizo es responsabilidad del Estado, que debe hacer un control normal. Si alguien dice quiero ingresar porque soy perseguido, en esa condición, el Estado receptor del migrante está obligado a escuchar. Cuando esa conversación se produce en la frontera, el Estado no puede cerrarle las puertas en las narices a todos los que aparezcan, tiene que escuchar y debe discriminar.
“Declaraciones desafortunadas del ministro Delgado”

—¿Qué pasa si la persona ya ingresó al país?
—Cuando se ingresa ilegalmente, y no tiene estatus migratorio legal, como ocurre en distintas partes del mundo, esa persona se expone a una deportación, pero primero se le debe escuchar y analizar caso a caso. No puede haber deportaciones sumarias, hay numerosas irregularidades en los procesos de deportación en Chile, el tema se ha abordado mal. Hay 21 fallos de la justicia, incluyendo a la Corte Suprema en ese sentido y el gobierno debe acatarlas. He visto declaraciones desafortunadas del ministro Delgado donde se ha quejado y cuestionado los fallos de la Corte Suprema señalando que tiene las manos atadas.

“El gobierno está cometiendo errores que debe corregir con fuerza. Una política migratoria no es adecuada si descansa solamente en la deportación, y sin debido proceso, como ha habido muchos casos. Muchos recursos de protección son acogidos por la Corte cuando los deportados ya se encuentran en Venezuela. La práctica que ha hecho Chile con las deportaciones está reñida con sus obligaciones internacionales”, concluye Vivanco.

El Dínamo


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