Denuncian que Bukele controlará todo el Poder Judicial tras la elección de miembros para el Consejo de la Judicatura

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CNJ: el control que le faltaba al Ejecutivo

La única institución del Órgano Judicial que estaba libre del control del oficialismo fue tomada el martes, cuando la Asamblea Legislativa, con votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, escogió a los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la entidad encargada de capacitar, seleccionar y proponer jueces ante la Corte Suprema de Justicia y que según especialistas estará influenciada por el Órgano Ejecutivo.

“Sin duda este es el movimiento que cierra el ciclo de control del presidente de la República, Nayib Bukele, para el Órgano Judicial, porque al tener influencia sobre los consejales recién nombrados tiene la puerta abierta para nombrar a un tercio de los jueces de la República”, aseguró Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Además, dijo que por esta influencia los casos que se escogerán para que se trabajen en los juzgados serán los promovidos por Casa Presidencial (CAPRES).

Consideró que la correlación entre el CNJ y la Corte Suprema es un panorama complicado para la independencia judicial, ya que el presidente controla ambas instituciones.

Para Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), aún no se puede asegurar que el actual CNJ será una institución que estará cooptada, pues esperará a conocer el procedimiento a seguir para sustituir a los jueces y magistrados que cesen sus funciones esta semana, además de conocer quiénes serán los candidatos que ocuparán dichas plazas.

“Tampoco vamos a pecar de ingenuos, uno puede inferir que por ahí van las intenciones de los pasos que se han venido dando recientemente en el sistema judicial”, aseguró Baños.

Sobre el proceso de selección de los siete consejales, ambos abogados señalan que fue una elección poco transparente y que repite viejas costumbres de legislaturas pasadas, donde no se eligen a los perfiles idóneos, aunado a que no se conocen las razones del porqué los escogieron.

Escobar dijo que en este proceso no se estableció “un mecanismo de evaluación y ponderación de perfiles. De nuevo es un proceso de elección que no garantiza la idoneidad de las personas que fueron electas”.

Otra práctica de anteriores Asambleas y que se repitió en esta elección, según Baños, fueron las cuotas, ya que al parecer, “ha habido una repartición de cuotas entre el oficialismo y quienes les acompañan, que son justamente los consejales reelegidos”.

Son siete consejales escogidos para el periodo 2021-2026. De los que fueron relegidos, dos pertenecen al sector de abogados, y son Alcides Funes Teos y Deysi Castillo, y del sector de jueces y magistrados su representante nuevamente será Carlos Wilfredo García.

¿consejales idóneos?

LA PRENSA GRÁFICA consultó el sitio de Transparencia de la Asamblea Legilativa para revisar los perfiles de los consejales electos, pero solo se encontraron los del sector de abogados.

Tanto el perfil de Deysi Castillo como el de Funes Teos tienen varias carencias y son similares: ambos no presentaron el informe de la Sección de Investigación Judicial, Sección de Probidad, solvencias de la ,FGR, CCR, DGCP, entre otros.

El nuevo consejal Santos Guerra tampoco presentó el informe de la Sección de Investigación Judicial y Profesional ni de la Sección de Probidad, tampoco presentó la solvencia de DGCP, FGR, CCR, de estos, solo presentó declaración jurada.

Ley del consejo nacional de la judicatura disposiciones fundamentales atribuciones:

Art. 7 – Organizar y administrar la Escuela de Capacitación Judicial, para asegurar el mejoramiento en la formación profesional de los Magistrados y Jueces y demás funcionarios judiciales; extender la capacitación al personal del Órgano Judicial, a los demás funcionarios y empleados del Ministerio Público y demás sectores vinculados con el sistema.

La Prensa Gráfica


Corte Suprema da ultimátum a jueces para que renuncien antes del 24 de septiembre

La Corte Suprema de Justicia anunció este miércoles que los empleados judiciales que son afectados por el decreto legislativo 144, que se refiere al retiro de funcionarios judiciales que tienen más de 60 años de edad o 30 años en función, deben renunciar antes del 24 de septiembre para que puedan obtener una bonificación; de lo contrario, serán despedidos de facto.

Según un comunicado divulgado esta tarde por la Corte Suprema, la vigencia del decreto comienza este 25 de septiembre, en tal sentido, la institución ha dado de plazo para presentar la renuncia al personal que tiene más de 60 años y 30 años de servicio antes que entre en vigencia el decreto, el 24 de septiembre.

“El primer supuesto que regula el Art. 3 del referido decreto, es de la CESACIÓN obligatoria de Jueces y Magistrados que tengan, a la fecha de entrada en vigencia del decreto,60 años de edad o 30 años de servicio. En ese orden de ideas, mediante acuerdo de Corte Plena No. 367,de fecha 17 de septiembre del presente año, se decidió otorgar una bonificación a los jueces que renuncien antes de la entrada en vigencia del mencionado decreto”, señala el comunicado.

Añade que “los magistrados y jueces que se encuentren en alguno de los dos supuestos anteriores, deberán presentar su renuncia a más tardar el viernes 24 de septiembre a efecto de gozar de la mencionada bonificación”.

En la misma comunicación la Corte Suprema advierte que los jueces que no presenten su renuncia en la fecha antes estipulada, y que tengan más de 60 años de edad y 30 años de servicio, “quedaron cesados de pleno derecho”, esos significa que serán despedidos.

El comunicado de la Corte agrega que “aquellos jueces que no se encuentren en alguno de los dos supuestos antes mencionados, deberán solicitar a la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el viernes 24 de septiembre del presente año, quedar en régimen de disponibilidad a efecto que puedan continuar sus labores en las sedes judiciales en las que se encuentren a la fecha de entrada en vigencia del decreto”.

Mencionan que “la excepción para los dos supuestos antes mencionados serón los casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad”.

El 15 de septiembre, jueces, magistrados y empleados del Órgano Judicial marcaron para que el decreto de retiro obligatorio fuera dejado sin efecto, sin embargo, el presidente Nayib Bukele lo sancionó y mandó a publicar, algo que ha generado más reacciones de los jueces y empleados que se han expresado en contra del decreto de retiro obligatorio.

Anteriormente, la Corte Plena aprobó una bonificación de 24 salarios para los jueces y empleados que decidan renunciar antes de la vigencia del decreto.

El Salvador


“Habilitado el derecho a la insurrección ya está… la caída del régimen (de Bukele) va a ocurrir”: juez Juan Antonio Durán

El juez Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán, no se ve a sí mismo como un líder de las voces disidentes contra la administración Bukele pero sin duda sus cuestionamientos son de las que más trascienden. Esta mañana, en una entrevista radial, no solo mantuvo su crítica al gobierno por considerar que ha alterado el orden constitucional, sino que además aseguró que este régimen va a caer.

“Habilitado el derecho a la insurrección ya está hasta que se restablezca el estado de derecho constitucional”, dijo el juez Durán en declaraciones a la radio YSUCA, en donde analizó todas las repercusiones que se están derivado de los dos golpes al Órgano Judicial perpetradas por la administración Bukele a través de la bancada de Nuevas Ideas y otros diputados aliados.

Para el juzgador, el pueblo que votó por Nayib Bukele “ya despertó”, prueba de ello son las marchas del 7 de septiembre y 15 de septiembre pasado, un derecho constitucional de protestar, según han recordado abogados.

“La marcha del 15 (de septiembre) rebasó las expectativas, la gente ha mostrado su descontento, creo que el Presidente ya no va a aumentar su popularidad y viene el declive del régimen… había una expectativa de lo que haría el Presidente… (pero) el Presidente se embriagó de poder y sigue invocando al pueblo, pero el pueblo ya despertó, ya salió del idilio…”, expresó el funcionario judicial.

Para Durán, Bukele desaprovechó la popularidad y la confianza que le delegó el pueblo que votó por él y la oportunidad de ser un estadista que respetara las reglas, pero que al contrario, las medidas que ha tomado en lo que han resultado es en el cambio de árbitros para que hagan su voluntad.

El ejemplo más claro, según el juez, es haber destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que era los “árbitros” del juego, y los sustituyó por otros que le son afines, algo que va en contra de la independencia judicial.

El 1 de mayo, la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa destituyeron a la Sala de lo Constitucional e impuso a tres abogados como nuevos magistrados, con nexos con el gobierno de Bukele, tal es el caso de José Ángel Pérez Chacón, quien había sido asesor jurídico de la Presidencia; y el de Luis Suárez Magaña, a quien primero impuso como comisionado del IAIP por el gremio de periodistas cuando no tenía vínculos con el periodismo pero además fue funcionario del gobierno actual.

A Óscar López Jerez, quien fue originalmente elegido magistrado de la Corte en 2015 y era presidente de la Sala de lo Civil, lo impusieron como presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional. La misma imposición se hizo de la magistrada Elsy Dueñas, quien estaba asignada a la Sala de lo Penal pero que estaba a punto de terminar su periodo y no estaba en la lista de candidatos a reelección.

“Los jueces somos un punto más de esta serie de injusticias, de inconstitucionalidades, de ilegalidad que se está generando desde el gobierno”, dijo Durán, sobre el retiro obligatorios de al menos 249 jueces vía decreto legislativo, una decisión cuestionada por ser inconsulta y contraria a la ley que dice que es la Corte la que tiene iniciativa de ley en este caso.

Jueces están renunciando

El juez volvió a cuestionar la ilegalidad de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que jubila de forma obligatoria a los jueces y magistrados mayores de 60 años o los que hayan cumplido 30 años de labores, algo que calificó de un “despido injustificado” pues los deja sin garantía social, algo que consideró denigrante para un funcionario que todavía tiene para dar por la experiencia y sabiduría alcanzadas.

Según dijo, en vista de que la Corte ha ofrecido un bono de 24 salarios, ya algunos jueces empezaron a renunciar porque es una situación de incertidumbre” la que están viviendo, y que algunos están denunciando que reciben llamadas de la Secretaría General que no se van a presentar el lunes.

“En el fondo no es el tema de la edad, porque si así fuera empezarían por la Corte, y no los dejaran en disponibilidad (porque) estos harán los que la Corte diga, se van a someter y serán genuflexos, algo a lo que siempre se han opuesto como jueces. “Si así es el juez deja de ser independiente”, añadió el juez, quien no negó que entidades como el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte han sido “manipuladas por los gobiernos de turno y en vez de poner titulares que sean independientes y objetivos, han puesto gente que responda a la visión estratégica de los políticos”.

El juez dijo que confía en que funcione el sistema interamericano en favor de los derechos de los jueces, aunque sabe que esto “va despacio”, pero dijo estar convencido de que la justicia tarda pero no olvida, y que espera ver restituido el orden constitucional, lo cual abarca la restitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El Salvador


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