Discursos y verdad en Bolivia: 10 informes en contra de la impunidad – Por Carlos Ernesto Moldiz

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Carlos Ernesto Moldiz*

El informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) ha provocado la reacción de ambos polos del espectro político nacional. A riesgo de simplificar las distintas posiciones existentes respecto a la violación de los Derechos Humanos en Bolivia en su pasado reciente, puede decirse que políticos y líderes de opinión se dividen hoy entre aquellos que denuncian el carácter sistemático de la violación de tales derechos durante el gobierno de Jeanine Áñez y, por otro lado, aquellos que lo niegan o cuando menos lo relativizan.

No obstante, el informe del GIEI es solo la última palabra de un largo proceso investigativo llevado a cabo por distintas organizaciones nacionales e internacionales, que hasta el momento han producido decenas de documentos que clasifican y denuncian cuando menos miles de violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, aunque, algunos de ellos, sin excluir de responsabilidades al anterior gobierno depuesto.

En este resumen exponemos las premisas, enfoques y conclusiones de 10 informes presentados respecto a esta temática por diferentes organizaciones internacionales con el objetivo de establecer si existe o no consenso respecto a la naturaleza del gobierno de Áñez, independientemente de las perspectivas que influyen en el escenario político nacional. Constatación que se muestra necesaria cuando la relativización de los hallazgos del informe del GIEI amenaza con dar paso a una forma de indiferencia socialmente aceptada que podría derivar en impunidad para los violadores de Derechos Humanos.

Líneas discursivas que parten del informe del GIEI

Antes de abordar los informes referentes a la violación de Derechos Humanos en Bolivia, resumiremos las distintas posiciones que se han expuesto en los medios de comunicación desde que fuera publicado el informe del GIEI, donde destacan cinco líneas discursivas.

En la primera se encuentran aquellos que cuestionan la constitucionalidad del gobierno de Áñez a partir de las observaciones que el GIEI hace sobre su designación, lo que reforzaría, al mismo tiempo, la denuncia de que lo que en realidad sucedió a finales de 2019 fue un golpe de Estado. De comprobarse esto quedarían comprometidas las credenciales democráticas de la mayor parte de los actores de la actual oposición política, pudiendo incluso ser duramente sancionados por haber interrumpido el orden constitucional del país.

La segunda línea parte de una constatación que todos los informes comparten: la violación sistemática de los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, incluyendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, arrestos injustificados, casos de tortura, delitos sexuales y más, iniciados con la emisión del Decreto Supremo 4078. A pesar del carácter comprobado de estos delitos, la oposición trata de relativizarlos o desviar la atención hacia otros aspectos del informe con el fin de evadir responsabilidades judiciales que afectarían a varios de sus miembros, provocando, en efecto, impunidad en contra de miles de víctimas.

La tercera línea consiste en denunciar que si bien se dieron serias violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, también hubo víctimas fatales en el gobierno de Morales. Se propone, así, la instalación de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Morales y miembros de su entorno, lo que lograría: primero, bloquear toda posibilidad para que él vuelva a postular a la presidencia en el futuro; segundo, impactar la legitimidad del partido de gobierno como un todo. Debe advertirse, sin embargo, que, aunque sí se dieron víctimas fatales en los últimos días del gobierno de Morales, estas fueron el resultado de enfrentamientos entre civiles y no acciones planificadas y apoyadas por el Estado.

La cuarta línea discursiva, también esgrimida por la oposición, enfatiza la responsabilidad del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en haber provocado la crisis de Estado que derivó en su propio derrocamiento a finales de 2019, al haber insistido en repostularse a la presidencia a pesar de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, para lo cual se sirven de las premisas de las que parten algunos informes, incluyendo el presentado por el GIEI, y del último pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que niega que la reelección indefinida sea un derecho humano.

Finalmente, la quinta línea discursiva denuncia al MAS en el ejercicio del gobierno por más de 14 años como un responsable de la grave crisis que atraviesa la Justicia en Bolivia, y demandan su reforma inmediata, lo que podría implicar retrasar el enjuiciamiento de los responsables por las violaciones a los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez. Esta línea discursiva se propone demostrar que el MAS como partido de gobierno no tiene intención en reformar las instituciones judiciales, sino que, de hecho, se propone profundizar su dependencia del poder político para utilizarlas en contra de sus detractores y oponentes circunstanciales.

Informes investigativos: un bloque con diferencias pero sin contradicciones

Ahora procederemos a revisar brevemente los informes acerca de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas a partir de finales de 2019 elaborados por: la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, la Defensoría del Pueblo en Bolivia (dos informes), el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Clínica Internacional de Harvard para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Human Rights Watch (HRW), y el mencionado informe del GIEI.

El primer informe elaborado por la CIDH fue entregado el 10 de diciembre de 2019, como Observaciones Preliminares, después de un breve periodo de entrevistas y visitas, siendo el primero en reconocer oficialmente las masacres de Sacaba, Senkata y otros asesinatos, hechos de violencia racial, detenciones arbitrarias, heridos entre la población civil, persecución de opositores políticos, ataques a la libertad de expresión y el uso de la violencia por grupos privados. El informe fue desestimado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien acusó a uno de los miembros de la comisión, Paulo Abrão, de simpatizar con Morales, pidiendo que la comisión revelara sus resultados al gobierno transitorio. Algo, sin duda alguna, no permisible cuando de lo que se trata es de confirmar o descartar la participación del Estado en la violación de Derechos Humanos.

El segundo informe corresponde a la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, Informe final: Estado Plurinacional de Bolivia, entregado el 20 de diciembre de 2019. Registra diferentes vulneraciones a los Derechos Humanos, desde las masacres, asesinatos selectivos, intimidación a particulares, delitos sexuales, delitos contra la libertad de expresión, actos de racismo y discriminación, violencia de género, arrestos injustificados y casos de tortura, todos cometidos tanto por agentes del Estado como por civiles estrechamente vinculados unos a otros. La delegación fue asediada por cívicos desde su arribo a la ciudad de Cochabamba, y sufrió amenazas y obstaculización de su labor por parte de Murillo.

El tercer informe corresponde a la Defensoría del Pueblo, titulado Situación de los Derechos Humanos en Bolivia después de las elecciones el 20 de octubre de 2019, del 28 de febrero de 2020. Registra diferentes violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia antes y después del derrocamiento de Morales, sin necesariamente referirse a este como un golpe de Estado. Documenta el hostigamiento de militantes y exautoridades del MAS, vulneración del derecho a la vida en Senkata, Sacaba y ejecuciones en Pedregal, Ovejuyo, Rosales y Chasquipampa, al derecho a la integridad personal, al derecho a la igualdad y no discriminación, vulneraciones a la libertad de expresión, y hechos de persecución político judicial. No contiene conclusiones ni recomendaciones.

El cuarto informe fue presentado por el ITEI el 4 de junio de 2020. Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre 2019 en La Paz – Bolivia constata los casos de tortura que se dieron en la ciudad de La Paz por la Policía en noviembre a través de entrevistas individuales a las víctimas. Registra hechos como posiciones forzadas del cuerpo, golpes en las partes más sensibles del cuerpo, amputación de la oreja de un preso e intención de colocarla con pegamento, rotura de dientes, amenazas de violación, amenazas a sus familiares, entre otras. No contiene conclusiones ni recomendaciones, pero sí un registro fotográfico de las víctimas y citas textuales.

El quinto, uno de los de mayor impacto mediático, es “Nos dispararon como a animales”. Noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia, presentado el 27 de julio por la Clínica Internacional de Harvard para los Derechos Humanos. Se concentra en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde que Áñez asumió el poder, el 12 de noviembre, en adelante. Además de confirmar la perpetración de masacres y ejecuciones extrajudiciales, el informe encuentra otros resultados llamativos. Sus hallazgos se clasifican en: Violencia del Estado contra protestantes; Obstáculos impuestos a investigaciones imparciales y justicia; Persecución del disenso; Violencia civil y para-estatal. El informe ofrece recomendaciones al gobierno interino, fiscales, proveedores de salud y a Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El sexto informe es Curando la Pandemia de Impunidad: 20 recomendaciones sobre derechos humanos a los candidatos en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia, publicado por Amnistía Internacional el 20 de agosto de 2020. Abarca violaciones a los Derechos Humanos más allá del periodo posterior a la crisis postelectoral de 2019, hasta el análisis de las regulaciones del gobierno interino que violaban los estándares internacionales para los Derechos Humanos. Este trabajo alerta sobre el riesgo de impunidad para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba y la desconfianza generalizada en el sistema judicial.

El séptimo informe es La situación de los Derechos Humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2020 en Bolivia, emitido el 24 de agosto de 2020, por Acnudh. Registra violaciones al derecho a la vida y la seguridad, incluyendo las masacres de Senkata y Sacaba; al derecho a la libertad personal, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato; a las garantías del debido proceso; al derecho a la libertad de expresión; a la no discriminación; y ataques en contra de la Defensoría del Pueblo. Concluye alertando que hasta la fecha no hubo rendición de cuentas por las muertes y contiene una serie de recomendaciones al gobierno interino como rendición de cuentas y una progresiva reforma del sistema de justicia.

El octavo informe, Informe defensorial: Crisis de Estado: violación de los DDHH en Bolivia (Octubre – noviembre 2019), nuevamente de la Defensoría del Pueblo, fue presentado el 16 de septiembre de 2020. Contiene un registro detallado de los acontecimientos suscitados antes, durante y después del derrocamiento de Morales, relacionados a la violación de Derechos Humanos, incluyendo aspectos como el rol de los medios de comunicación en la crisis y casos que afectaron a ciudadanos extranjeros y también de opositores a Morales. Comprueba la perpetración de masacres, asesinatos, torturas, violencia paramilitar, delitos sexuales y muchas otras violaciones a los Derechos Humanos. Concluye con una serie de determinaciones donde destaca el llamado a “investigar, hasta el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”.

El noveno informe corresponde a HRW y titula: La justicia como un arma: persecución política en Bolivia. Fue presentado en septiembre de 2020 y señala que la interferencia política en la Justicia es un problema de larga data en Bolivia, que la administración de Morales perpetuó al impulsar juicios motivados políticamente. No obstante, nota que el mismo patrón fue repetido por el gobierno interino, llegando a presentar cargos desproporcionados contra el exPresidente y exautoridades de su entorno, quienes sufrieron presentación de cargos sin pruebas, violaciones al debido proceso, infracciones contra la libertad de expresión y uso excesivo de la prisión preventiva.

Finalmente, el trabajo del GIEI, Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, fue presentado el pasado martes 17 de agosto y confirma que en Bolivia se dieron masacres, asesinatos extrajudiciales, casos de tortura, delitos sexuales, violencia paramilitar y muchos otros delitos contra los Derechos Humanos.

Conclusiones

Ahora bien, si comparamos el contenido de cada uno de estos informes con las cinco líneas discursivas que actualmente se constituyen como los principales núcleos de discusión entre el oficialismo y la oposición, pueden destacarse las siguientes observaciones.

En primer lugar, el único informe que se refiere al periodo en el que se dieron las violaciones a los Derechos Humanos como un golpe de Estado es el emitido por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano. No obstante, solo los informes del GIEI, HRW y Amnistía Internacional no se refieren a la constitucionalidad del gobierno transitorio, mientras que el resto mencionan tanto el desconocimiento de los resultados del 21 de febrero de 2016 como un antecedente directo de la crisis, al igual que las irregularidades que acompañaron la posesión de Áñez como presidenta, tal como lo hacen Acnudh, GIEI y el informe de la Clínica de Harvard. El informe defensorial menciona el pedido de las Fuerzas Armadas por la renuncia de Morales de la presidencia.

En segundo lugar, el conjunto de los informes, sin excepción alguna, registran y denuncian la violación sistemática de los Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, recomendando, en todos los casos, la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables, o bien llamando a evitar que dichos delitos queden en la impunidad; con excepción del ITEI, que es solamente descriptivo de los casos de tortura sufridos en la ciudad de La Paz.

Y, finalmente, en tercer lugar, los informes que coinciden en reformar la Justicia como un paso necesario para garantizar que las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos no sufran por impunidad son los de Acnudh, HRW y Amnistía Internacional. Sin embargo, todos los informes, con la excepción del ITEI, llaman a detener cualquier acción que pueda considerarse como una violación a los Derechos Humanos y a investigar y sancionar a los culpables, a tiempo de proteger a las víctimas.

Queda patente, entonces, que el principal foco de atención de los mencionados trabajos fue, sin excepción alguna, la violación de Derechos Humanos en el gobierno de Áñez, por tener en ese momento justamente un carácter sistemático y promovido desde el Estado. Preocupación que fue registrada, corroborada y denunciada en todos y cada uno de los casos, quedando el resto de los ejes discursivos actuales, en segundo o tercer plano. En resumidas cuentas, todos y cada uno de estos informes son alegatos contra la impunidad.

*Cientista político, analista de La Epoca.


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