El Salvador | Corte Suprema habilita la reelección presidencial

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Contexto NODAL
El 1 de mayo de 2021 entró en funciones la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador con mayoría oficialista. La primera medida aprobada fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un mes después y en un trámite express el Congreso aprobó la Ley Bitcoin para el uso legal de esta moneda virtual, siendo el primer país en el mundo en instrumentar dicha medida. El 1 de septiembre el bitcoin se convirtió en moneda oficial pero diferentes sectores de la población protestaron y rechazan su uso. Además, el 31 de agosto la Asamblea reformó una ley por la cual expulsa a un tercio de los jueces de todo el país. Aunque el presidente Nayib Bukele afirma que la reforma es para sacar a jueces y fiscales corruptos, los críticos del gobierno afirman que estas medidas acentúan el perfil autoritario del primer mandatario. El bitcoin y la avanzada sobre el Poder Judicial son las principales causas de las protestas en el país.

Sala de lo Constitucional avala reelección presidencial: postulante podrá renunciar 6 meses antes al mandato

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló este viernes 3 de septiembre la reelección presidencial inmediata, a pesar de la Constitución de la República lo prohíbe.

La Carta Magna claramente establece que no puede ser candidato a presidente quien haya ejercido el cargo por más de seis meses “durante el periodo inmediato anterior”.

Sin embargo en la resolución, la Sala de lo Constitucional, impuesta el pasado 1 de mayo por la Asamblea Legislativa oficialista, cita como erróneas las limitaciones establecidas en interpretaciones históricas de la Constitución. Para el caso, ejemplifica con la interpretación hecha en la sentencia 25-VI-2014, Inc. 163-2013 sobre el contenido del artículo 152 ordinal 1°. En él se hace referencia específica de las inelegibilidades, estableciendo que las mismas “están dirigidas a la conservación de fines, bienes o intereses constitucionalmente relevantes, tales como la libertad del sufragio activo (que los electores decidan sin presiones o coacciones indebidas), las competencias electorales equitativas (con igualdad de oportunidades o sin ventajas discriminatorias) y la integridad de la función pública (al evitar los conflictos de intereses)”.

“Al evitar la ocupación reiterada del poder por una misma persona se contribuye a la pureza o regularidad de los procesos electorales, y no solo a favor de la libertad de voto, sino también de condiciones más equitativas entre los competidores. (…) hay que agregar que la limitación temporal del mandato pone de manifiesto el carácter inestable del ejercicio del poder, que finaliza en cierto momento y que debe responder ante los ciudadanos por la forma en que se haya desempeñado”, continúa la sentencia 25-VI-2014, ahora vista a menos por la nueva sala para dar libre paso a la continuidad del presidente en un segundo período.

La nueva resolución de los magistrados impuestos ahora argumenta que “la Sala (dijo) en esa ocasión que todas esas disposiciones citadas indican que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata, esto sin tratar de encontrar una interpretación conforme con la realidad”.

La nueva interpretación considera que aquella sentencia “deja de lado que el permitir la postulación del Presidente para competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegue a ser electo, implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia, y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta”

Además, alega que hay una lectura errónea de la Constitución, pues según los magistrados, la prohibición va dirigida a los candidatos y no al presidente, por lo que consideran que este último tiene todas las facultades para una reelección si tan solo renuncia 6 meses antes de finalizar su mandato presidencial.

Otro de los argumentos de la Sala para pretender fundamental la resolución es que “no se puede pretender el congelamiento de la jurisprudencia”. Asegura que, aunque los antecedentes de la misma tienen la fuerza vinculante que obliga a los tribunales a someterse a sus propias decisiones, en virtud de la función y el rol que juegan los tribunales constitucionales en la interpretación y la actualización del contenido de la Constitución, “la jurisprudencia puede flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos”

Los diputados de la bancada oficialista no tardaron en empezar a reaccionar y aplaudir la resolución de la Sala. El diputado por Nuevas Ideas, Christian Guevara, publicó en su cuenta de Twitter que será el pueblo salvadoreño el que decidirá para las próximas elecciones presidenciales.

También, la diputada Dania González del partido oficialista compartió en su Twitter una fotografía de Nayib Bukele con el próximo período presidencial.

La Prensa Gráfica


Relator de la ONU pide acciones por golpe a la independencia judicial

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó este viernes a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones y condenar el desmantelamiento de la judicatura de El Salvador por autócratas faltos de memoria histórica, que atropellan los estándares internacionales adoptados por las Naciones Unidas”, publicó en su cuenta de Twitter.

García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó “consternado por las medidas autoritarias impulsadas por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa en la que tiene mayoría”.

“El último paso es demoler la institucionalidad e independencia tanto del sistema judicial como de la Fiscalía”, agregó.

Los señalamientos se dan días después de que la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobara un reforma que cesa a los jueces y fiscales sexagenarios, para supuestamente depurar el sistema judicial y la Fiscalía.

Condena desde los EE.UU.

Estados Unidos y Human Rights Watch (HRW) han criticado la decisión, que los jueces afectados buscarán recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde que los partidarios de Bukele tomaron el control de la Asamblea de El Salvador en mayo, han tomado medidas drásticas que parecen tener como objetivo destruir la independencia de la Corte Suprema y la Fiscalía General”, apuntó en un comunicado José Miguel Vivanco, director de HRW.

La medida no afecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los que se encuentran exasesores y abogados de altos funcionarios del Gobierno.
Un grupo de jueces llegó el jueves a la CSJ para pedir audiencia y que el pleno de este órgano solicite la derogación de las reformas, pero no fueron recibidos por los magistrados.

El Salvador


Jueces amenazan con paro judicial de dos semanas si Asamblea no deroga reformas: “Es más caótico que se atrape y secuestre el poder”

Jueces y magistrados de segunda instancia denunciaron la tarde de este viernes las medidas que tomarán si el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, que reforma la Ley de la Carrera Judicial no es derogado.

Una de las medidas que pretenden realizar es un paro judicial en la que buscarán reprogramar audiencias durante 15 días. “Estamos valorando un paro judicial reprogramar audiencias durante dos semanas y que no hayan audiencias judiciales durante ese tiempo, es caótica esta situación pero es más caótico que se atrape y secuestre el poder judicial y que los ciudadanos tengan una justicia a la carta”, dijo el juez Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán.

Añadió que es un secreto a voces que para el año 2022 se anunciará la supresión de plazas en el sistema judicial y eso se dará a conocer cuando se revele el Presupuesto General de la Nación del próximo año.

El colectivo de jueces y magistrados denunciaron también que han intentado callarlos, “en llamadas telefónicas a compañeros de parte de magistrados, de colegas que están diciendo que no hagamos conferencias. Lastimosamente la codicia y las aspiraciones ilegítimas de llegar de manera abrupta es lo que ha desunido al gremio”, aseguró Durán.

Esta es la segunda ocasión que los jueces y magistrados se pronuncian por las reformas realizadas por el Órgano Legislativo que obligarán a cesar de sus funciones a jueces y magistrados que tengan más de 60 años o más de 30 años de servicio.

La Prensa Gráfica


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