Impacto de la guerra contra el terrorismo global en América Latina – Por Tamara Lajtman y Silvina Romano, especial para NODAL

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Por Tamara Lajtman* y Silvina Romano**

A inicios de 1961, el presidente Eisenhower, de salida de su cargo (teniendo en su haber el derrocamiento de Mossadegh en Irán y de Arbenz en Guatemala), advertía sobre la amenaza del enorme complejo industrial militar que movía la economía estadounidense. ¿Qué pasaría cuando alguien que no fuera tan responsable como él, ocupara la presidencia y abusara de ese arsenal? Sí, seguramente aparece en nuestras mentes el nombre de Trump, o incluso el de Bush o Nixon.

La amenaza, sin embargo, no se reduce ni radica particularmente en los liderazgos irresponsables, sino en aspectos más estructurales, como el hecho de que EE.UU., potencia militar, se haya arrogado para sí el rol de líder y guía de la humanidad. Liderazgo hoy decadente, que logró construir practicando de modo sistemático diferentes tipos de guerra (articulando el poder blando y el poder duro: guerra política, psicológica, económica, de baja intensidad, irrestricta, híbrida), expandiendo los intereses económicos, políticos y geopolíticos de sus elites.

En efecto, la “guerra antiterrorista global” impulsada por Bush luego de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 es una más. Llegó en el momento “justo” (todavía no está claro cómo sucedieron los ataques) para darle un nuevo aliento a una hegemonía estadounidense en decadencia. Pero como lo dijeran analistas críticos, un imperio en decadencia se vuelve más violento y descarnado. Menos diplomático y carente de doble discurso. Tal como ilustra la célebre frase de Bush: “Quien no está con nosotros, está contra nosotros”.

De inmediato, todos los sectores, gobiernos, agrupaciones políticas, dentro y fuera de EE.UU., en tensión con los lineamientos político-ideológicos, económicos o de seguridad planteados por el Estado estadounidense, fueron rebautizados como “terroristas”. No solo en la región de Oriente Medio (espacio que se transformó en el target de sistemáticas acciones criminales legitimadas por el relato del anti-terrorismo) sino en otras periferias que venían disputando su condición dependiente y subsumida al imperialismo de EE.UU., como América Latina (históricamente considerada como “patio trasero” de EE.UU.). Los gobiernos y sectores políticos y sociales que se estaban articulando en aquel momento en torno al progresismo, definidos como Estados Fallidos, Estados parte del Eje del Mal, gobiernos dictatoriales, han sido y son sistemáticamente amenazados de formar parte de la lista de “Estados terroristas”, como Cuba (y las sucesivas amenazas de sumar a Venezuela).

Securitización y criminalización de determinados sectores políticos en la región
De la mano de la política antinarcóticos, el relato antiterrorista quizás esté menos presente de manera oficial (discursos de altos funcionarios, etc.), pero sigue vigente, orientando la estrategia de seguridad de Estados Unidos hacia ALC –siendo EE.UU. el principal proveedor de productos y servicios de seguridad para la región, desde la Guerra Fría hasta hoy. Algunos ejemplos poco conocidos ilustran el modo en que esta guerra se ha materializado en la región en los últimos años:

  • En ALC la persistencia del “problema” del terrorismo se asocia a la supuesta presencia de grupos terroristas transnacionales, como ISIS, al-Qaeda e Hizballah en regiones estratégicas como la Triple Frontera entra Argentina, Brasil y Paraguay y la preocupación de que estos grupos puedan “explotar las brechas en las capacidades antiterroristas nacionales y regionales, incluidas la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley, el financiamiento antiterrorista y el intercambio de información”.
  • La amenaza narcoterrorista -repertorio utilizado en el marco de la guerra contra las drogas y potenciados después del 11S- también volvió a figurar como gran peligro para el hemisferio. Durante la gestión de Trump, por ejemplo, destaca la vinculación establecida con líderes “autoritarios” y “populistas”, principalmente Maduro en Venezuela, pero también Evo Morales en Bolivia.
  • La hipótesis del “terrorismo interno” sigue siendo utilizada como argumento para cooperación en materia de seguridad. Por ejemplo, el Departamento de Estado considera el EPP en Paraguay, las FARC en Colombia y a “pequeñas fracciones de Sendero Luminoso que actúan en la zona del VRAEM” en Perú como “organizaciones terroristas internas”. En base a estas evaluaciones se concretan una serie de medidas que van desde la firma de memorandos de entendimiento para compartir información sobre financiamiento del terrorismo hasta las acciones de Comandos Especiales entrenados por las Fuerzas Armadas estadounidenses en estos territorios.
  • Según el último informe Global Terrorism Index 2020, elaborado por el Institute for Economics and Peace (Australia) con apoyo del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START) del Homeland Security, el nivel general de terrorismo de América del Sur sigue siendo mucho más alto que hace dos décadas, y nueve países aumentaron sus niveles de terrorismo en 2019 en comparación con 2002.
  • El documento plantea que Colombia tiene el mayor impacto del terrorismo en la región y que las muertes por terrorismo aumentaron de 96 en 2018 a 112 en 2019, y se añade que, de las muertes atribuidas a grupos terroristas, más del 96% se atribuyeron al ELN o miembros disidentes de las FARC.
  • En relación a Chile, se plantea que en 2019 se produjeron 27 atentados terroristas en el país, de los cuales un tercio se atribuyó a extremistas de los indígenas mapuche.
  • México ha registrado el mayor impacto del terrorismo en la región de Centroamérica y el Caribe desde 2007.
  • En marzo de 2021 el comandante del Comando Sur calificó las redes terroristas y criminales globales como la mayor amenaza del Comando Sur de afectar corrosivamente la estabilidad y la seguridad de los Estados Unidos y de la región.
  • La estrategia de Building Partner Capacity (BPC) articulada en el post 11S para aumentar las capacidades de los estados en desarrollo para vigilar y patrullar mejor sus vecindarios y cerrar el espacio para los grupos insurgentes sigue orientando las acciones del Comando Sur en la región. De acuerdo con su página web, el objetivo principal “es una región donde los países socios tengan capacidades autosuficientes para protegerse y prevenir la inestabilidad regional.”
  • Por lo menos tres programas de asistencia enfocados al combate del terrorismo fueron implementados en ALC en años recientes:
  • Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP)
    Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Panamá, Perú, Suriname y Uruguay. Los principales receptores (2016) fueron Colombia ($879,000), Mexico ($737,000) y El Salvador ($329,000)
  • Section 333 Building Partner Capacity
    Argentina, Bahamas, Colombia, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago. Los principales receptores (2019) fueron México ($27,325,000), Argentina ($9,835,000) y Colombia ($9,320,000)
  • Nonproliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Programs (NADR)
    Argentina, Brazil, Caribe (subregión), Chile, Colombia, México, Panamá, Perú. Los principales receptores (2020) fueron Colombia ($14,000,000), México ($1,160,000), Panamá ($500,000)

Por último, retomando lo dicho sobre guerra contra determinados sectores políticos (y los países que componen el Eje del Mal o son Estados Terroristas), vale recodar que luego del Golpe de Estado contra el gobierno del MAS en Bolivia (mediante desestabilización avalada desde EE.UU.), el gobierno de facto de Añez, denunció e imputó a Evo Morales por terrorismo. Asimismo, el reciente gobierno llegado a Perú por la vía democrática, bajo el liderazgo de Pedro Castillo y apoyado por un sector denominado como “ala radical” (Vladimir Cerrón, Guido Bellido), ha sido recreado por la prensa y sectores de derecha como enemigo terrorista, siguiendo la tradición anticomunista de ese país y de América Latina.

*Tamara Lajtman es becaria del CONICET (Argentina) e investigadora del CELAG. Silvina Romano es investigadora del CONICET y del CELAG. Ambas son especialistas en temas de geopolitica y relaciones de Estados Unidos con América Latina


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