Manifestantes protestan contra la Ley Bitcoin y la reforma judicial

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Contexto NODAL
El 1 de mayo de 2021 entró en funciones la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador con mayoría oficialista. La primera medida aprobada fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un mes después y en un trámite express el Congreso aprobó la Ley Bitcoin para el uso legal de esta moneda virtual, siendo el primer país en el mundo en instrumentar dicha medida. El 1 de septiembre el bitcoin se convirtió en moneda oficial pero diferentes sectores de la población protestaron y rechazan su uso. Además, el 31 de agosto la Asamblea reformó una ley por la cual expulsa a un tercio de los jueces de todo el país. Aunque el presidente Nayib Bukele afirma que la reforma es para sacar a jueces y fiscales corruptos, los críticos del gobierno afirman que estas medidas acentúan el perfil autoritario del primer mandatario. El bitcoin y la avanzada sobre el Poder Judicial son las principales causas de las protestas en el país.

“No somos un 3 %, somos montón ya”: Salvadoreños protestan contra Bitcóin, militarización, endeudamiento y detención de Mario Gómez

Decenas de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegaron este miércoles en la noche al monumento a la Constitución en la calle a San Antonio Abad y bulevar Constitución de San Salvador para protestar contra abusos del Gobierno de Nayib Bukele.

Los principales reclamos fueron contra la militarización, la imposición del bitcóin, una “criptomoneda volátil”, el alto endeudamiento del Gobierno apoyado por la Asamblea de mayoría oficialista y la detención calificada de arbitraria ocurrida esta mañana contra Mario Gómez, un especialista digital y opositor de la Ley Bitcóin.

“Muchos militares, poca educación… más educación, menos militares”, decía una de las consignas coreadas al grito de los presentes. “Abajo la dictadura, se va a caer, se va a caer”, decía otra.

“Nosotros estamos en contra de que se siga reclutando”; dijo una asistente contra la militarización y mencionó que esos fondos deberían ser dirigidos a Educación, Salud e infraestructura. “Nosotros no estamos en guerra para estar reclutando”, dijo. Agregó que a su parecer “el Gobierno está asegurando las instancias para instaurar la dictadura”.

“Estamos hasta la médula de deudas. Todas las plenarias son préstamos. Queremos que pare la persecución, justicia para Mario, que quiten el Bitcóin, que sea un Estado pacífico. No somos un 3 %, somos un montón ya”, dijo otra de las jóvenes que participó de la protesta.

Gómez fue retenido por varias horas este miércoles por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo intervinieron con engaños mientras se conducía en su vehículo con su madre, sin exponer ninguna órden de detención en su contra, denunció su abogado. Después de que organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares y medios de comunicación llegaron hasta donde estaba detenido y se volviera tendencia en redes sociales una campaña para exigir su liberación, la Policía lo puso en libertad y alegó que mantiene una investigación por supuestos delitos de fraude.

Los protestantes anunciaron que también realizarán una manifestación el 15 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Ese día, el Gobierno tiene previsto la presentación de reformas a la Constitución.

Por otra parte, denunciaron el corte de la energía eléctrica en el lugar por parte de la Alcaldía de San Salvador con motivo de la protesta. “Mario Durán nos mandó a quitar la luz en esta plaza, porque esta plaza siempre está iluminada”, reclamaron.

La manifestación en el monumento a la Constitución se convierte en la tercer protesta que enfrenta el Gobierno en un mismo día. Por la mañana, organizaciones protestaron contra la Ley Bitcóin y llevaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley.

Por la tarde también se manifestaron jueces y juezas del país en el Centro Judicial Isidro Menéndez en contra de la reforma tachada de inconstitucional que permite al oficialismo deshacerse de los jueces, magistrados y auxiliares fiscales mayores de 60 años de edad o con 30 años de servicio.

Los juristas han advertido que recurrirán a instancias internacionales para restituir el estado de derecho y estado democrático vulnerado con la reforma. Explicaron que no es posible debido a que este tipo de modificaciones solamente puede hacerse mediante una iniciativa presentada por la Corte, lo que no ha ocurrido. Es decir, que ni la Asamblea ni el presidente de la República tiene iniciativa de ley en este ámbito.

La Prensa Gráfica


Jueces rechazan reformas

“Que nos vean la cara, que corruptos no somos”. Esa fue una de las frases que expresaron los jueces ayer, luego de leer un comunicado en el que manifestaron su rechazo a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto.

José Alberto Franco, juez de primera instancia, dio lectura al comunicado en el que aseguran que los jueces recurrirán a las instancias respectivas, nacionales e internacionales, para evitar que se vulnere el estado de derecho.

Los jueces cuestionaron los debates que hubo en el Órgano Legislativo antes de aprobar las reformas y los calificaron de “indignos y ofensivos a la investidura judicial”.

En el Oriente del país los jueces también mostraron su preocupación con lo aprobado y no descartan realizar manifestaciones o un paro de labores si no son escuchadas sus denuncias. Además, rechazaron el despido masivo que la reforma conlleva, ya que según datos de la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) son 156 magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz los que sobrepasan los 60 años y que quedarían fuera, de acuerdo a las reformas aprobadas a la Ley de Carrera Judicial.

Los jueces rechazaron lo aprobado por la Asamblea Legislativa al sostener que es una reforma inconstitucional.

Las recientes reformas ordenan el retiro de los jueces y magistrados que tengan más de 60 años o 30 en función del cargo, acción que fue rechazada ayer en una reunión de jueces. Manifestaron que los diputados no tienen iniciativa de ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, que señala únicamente le corresponde a la CSJ en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales.

Otras posturas

Este medio consultó al actual presidente de la CSJ, Óscar López Jeréz, sobre el caso de los 156 jueces y magistrados que podrían ser afectados y sostuvo que es algo que analizarán en la sesión de Corte Plena que se realizará este día.

Las reformas aprobadas generaron también varias opiniones que, en su mayoría, van encaminadas en una crítica hacia a la separación de poderes y respaldan la insconstitucionalidad expresada por los jueces y magistrados.

Sonia Rubio Padilla, oficial de programa senior de Fundación para el Debido Proceso (DPLF), aseveró que se trata de una forma de someter al poder judicial: “Es una lógica que atenta contra su propia naturaleza y eso es incompatible con el estado democrático de derecho y pone en riegos los derechos humanos de la población salvadoreña. De manera inconsulta, opaca y expedita, se impone un límite al ejercicio judicial por razones de la edad, cuyas razones no atienden a criterios objetivos ni racionales y podrían ser causa de actos discriminatorios”.

Asimismo, la abogada penalista Marcela Galeas explicó que las reformas están encaminadas a aprobar la manipulación del retiro de jueces bajo el uso de la figura de depuración. “Es una clara violación a las garantías de los jueces mayores de 60 años y discriminación por edad que no va enfocada a la depuración del ejercicio judicial”, enfatizó.

Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cristosal también señalaron que lo aprobado por los diputados supone un atentado y afectación a la independencia judicial, donde el Ejecutivo y Legislativo no deben interferir mediante iniciativa de ley. Al cierre de esta nota se anunció una protesta para hoy.

La Prensa Gráfica


Oficialismo elimina totalmente la independencia judicial

De forma exprés, los diputados oficialistas reformaron la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para que juristas, magistrados y fiscales con más de 60 años deban jubilarse de forma obligatoria e inmediata.

Con estas reformas presentadas en la tarde del martes por el oficialismo y aprobadas minutos después, se pretenden obligar a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz que sobrepasen los 60 años, a su retiro inmediato. El mismo caso pasa con fiscales quienes sobrepase los 60 años o 30 años ejerciendo el cargo debe ser cesado de su cargo. Sin embargo, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pasa lo mismo; ya que según mencionó la iniciativa, estas reformas no les aplicarán a ellos. Que, de hecho, ya son afines al Ejecutivo, al menos la mayoría en Corte Plena.

Los oficialistas defendieron dichas iniciativas que se sacaron debajo de la manga, según manifestaron, se trata de “hacer una depuración del órgano judicial y FGR”.

«La reforma busca que todo el capital humano responda al pueblo, que los salvadoreños no tengan que pasar horas en una sede de la FGR para ser escuchados y que no vean con total normalidad que los casos cuando llegan a sede judicial se tengan que caer», comentó la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas.

Estas reformas no fueron aceptadas por la oposición, ya que según ellos, se volvió a quebrantar la independencia judicial.

«Creí que muy poco me iba a sorprender de lo que (Nuevas Ideas) podían aprobar, pero sacaron la pelota de la cancha. Creí que podían mesurarse después de ser publicados algunos nombres en la Lista Engel por la violación al Estado de Derecho. Pero le tiraron el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador, no les bastó controlar la Corte Plena, hoy quieren poner jueces y magistrados afines al Gobierno de turno”, externó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.

El tricolor afirmó que no existió ningún solo artículo que vaya encaminado a regular la pronta y cumplida justicia; dicha reforma a la Ley de la FGR, lo que habla es que “el fiscal general de la República tiene la potestad de ordenar traslados sin el debido proceso”.

Estas reformas fueron fuertemente criticadas por la oposición y además por sectores de la sociedad civil, ya que afectaría a la independencia judicial y fiscal; ya que con el cese de los actuales jueces y fiscales que cumplan los 60 años serán remplazados por personajes afines al Ejecutivo.

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