Más de 800 personalidades, partidos y organizaciones piden a la ONU el fin de las medidas coercitivas unilaterales

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Llamamiento conjunto a las Naciones Unidas a favor del levantamiento de las medidas contra Venezuela

Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y populares abajo firmantes, hacemos un
llamamiento conjunto
en favor de requerir a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) en el disfrute de los derechos humanos Alena Douhan, que solicite formalmente al Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) el levantamiento incondicional de las medidas coercitivas unilaterales que ha venido desarrollando contra el país.

Desde el año 2014 el Gobierno de Estados Unidos ha venido aplicando un gran número de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, que de manera arbitraria y unilateral producen efectos jurídicos y responsabilidad internacional por parte de quien las aplica, y configuran un delito de lesa humanidad, ya que dificultan el acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo social del pueblo venezolano, además de violar el derecho internacional y el principio de autodeterminación del pueblo.

Durante los últimos años, el régimen de Estados Unidos y la Unión Europea, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus de la COVID-19, dificultando a las instituciones estatales cualquier iniciativa para comprar las vacunas requeridas, impidiendo el acceso a sus propios recursos depositados en la banca privada internacional. El objetivo principal del bloqueo financiero de EE. UU., ha sido el negar o impedir a Venezuela el acceso a los medicamentos, alimentos, combustible, servicios, infraestructura esencial, etc., con el fin de provocar una crisis en materia de salud.

El bloquear financieramente a un país constituye un Crimen de Lesa Humanidad según la definición dada por el Estatuto de Roma, en su artículo 7. Recientemente, el presidente Joe Biden, ha señalado que se reserva las sanciones de la era de  su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al Gobierno venezolano en la mesa de negociaciones.

Tal condicionamiento es ilegal, ilegítimo, inmoral, y criminal, dado que ha sido suficientemente evidenciado por los organismos y relatorías de las Naciones Unidas que tales medidas coercitivas unilaterales “constituyen una violación del derecho internacional”, denegatorias de la igualdad soberana de los Estados, constituyendo una intervención en los asuntos internos de Venezuela. En este sentido,  la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU –del 24 de octubre de 1970– reafirma la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna, estableciendo que:

…ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.

En suma, la aplicación de MCU ha implicado un bloqueo de facto contra Venezuela, que infringe las obligaciones contraídas por los países que las imponen en materia de derechos humanos , y que ha tenido como propósito atacar la economía venezolana para acrecentar la presión sobre el país, dificultando la capacidad del Estado venezolano de ejecutar sus responsabilidades internacionales en materia de derechos sociales, en particular las políticas de alimentación, salud, vida, educación, y el desarrollo –agravada por el contexto de la pandemia de la COVID-19–, ya que como efecto del bloqueo los ingresos del Estado se contrajeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos.

Por último, señalamos que, en el Informe realizado por la Relatora en su visita a Venezuela, la alta funcionaria recordó a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

Sures.org.ve


Bachelet apoya diálogo en México y reconoce daños de medidas coercitivas de EE.UU. pero las llama “sanciones sectoriales”

Este lunes 13 de septiembre la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, exteriorizó su “confianza” al diálogo que en México sostienen el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro y la delegación de la ultraderecha que durante años alteró la paz del país librando acciones terroristas; así lo expresa un reciente informe en el que reconoció el daño de “sanciones sectoriales” pero sin mencionar al autor, EE.UU., por su nombre.

Bachelet pidió “a todos los países que mantienen sanciones sectoriales” contra Venezuela que pongan fin a sus medidas restrictivas, al lamentar que el pueblo venezolano sufre la precaria situación económica y social bajo la presión de estas acciones, reportó RT.

“Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, manifestó, sin mencionar por su nombre a estos países ni cuestionar la ilegalidad de tales medidas unilaterales.

Así quedó plasmado en el informe “sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la cooperación entre mi Oficina y la República Bolivariana de Venezuela” presentado en Ginebra, Suiza.

“Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”, indicó Bachelet, luego de haber mostrado un balance efectuado sobre diversos ítems, reseña el Diario VEA.

Bachelet señaló “su satisfacción” en torno al compromiso que con este proceso asumieron “las autoridades con mi Oficina”, confiando “en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”.

Diversos programas

Bachelet, de origen chileno, identificó en “sanciones sectoriales” (denominando así, sin mencionar al gobierno de EE.UU., las ilegales medidas unilaterales aplicadas por el régimen imperial), las causas del desequilibrio y la distorsión económica que desde 2014 afectan a la población.

El informe interpreta en dichas “sanciones” la razón de que “los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación”.

Apuntó que, a pesar de ello, la Revolución Bolivariana ha puesto en marcha programas económicos y sociales “para aliviar la situación”, reconociendo que se han obtenido “algunas mejoras” en los últimos años.

Enfrentando la pandemia

Aludió el efecto agravante generado por la pandemia de COVID-19, que sumado a las “sanciones sectoriales”, mellan “la situación humanitaria y económica preexistente”.

Dijo: “Reconozco los esfuerzos realizados por el Gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19”. No obstante, aseguró que “esto significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud”.

Dijo más, y consideró ante la insuficiencia de las dosis de vacunas disponibles hasta ahora, “recordar a todas y todos los presentes que el acceso a las vacunas es un derecho humano y debe considerarse un bien público mundial”.

Ampliando la cooperación

Anunció que será renovada por segunda vez la Carta de Entendimiento, suscrita con las autoridades nacionales hace 2 años a raíz de la llegada de su equipo al país.

El acuerdo se concretó el viernes 10 de los corrientes en aras de seguir “ampliando nuestras áreas de cooperación, así como nuestro acceso y presencia” para lo cual se estará “doblando el número de oficiales de derechos humanos en el país de 6 a 12”.

Se busca así, dijo, seguir centrándose “en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas policial y judicial recientemente anunciadas”.

Citó “las reformas policiales y judiciales en curso”, aseverando que existe la disposición de acompañarlas en pro de “contribuir a su conformidad con las normas de derechos humanos.

Precisó que los mecanismos de cooperación entre las partes dieron sus frutos: 152 detenidos han sido liberados desde junio 2020. “Doy la bienvenida a la absolución de Jaulio Bratar» (sic).

El informe contiene otros señalamientos que este mismo lunes fueron severamente cuestionados por el Gobierno Bolivariano, en vocería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso inexorable para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como único camino para la realización de la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano”, expresa la respuesta del Estado Bolivariano.//MT

VTV.GOB


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