Un informe de RUGE para avanzar en políticas de género – Por Sandra Torlucci, rectora de la UNA

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Por Sandra Torlucci*

Durante el año 2020, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante el primer diagnóstico sobre la implementación de políticas de género en el sistema universitario argentino a partir de un financiamiento de Iniciativa Spotlight Argentina (UNA, 2020). El informe muestra el grado de avance de las políticas de género en las instituciones académicas como así también las experiencias de discriminación y violencia en estudiantes, docentes y no docentes.

De los datos relevados queremos destacar, por un lado, que desde 2014 comenzó un proceso de discusión y aprobación de los protocolos de actuación frente a las situaciones de discriminación y violencia de género dentro de las instituciones universitarias, y ya para el 2019, el 79% de las universidades contaban con ese instrumento. El periodo 2018-2020, cuando se crea la RUGE, fue el auge de la creación de los protocolos con el 38% de las universidades. La unión de los activismos feministas de los últimos años en las universidades, sumado a las genealogías de los estudios de género y mujeres y que nacen finalizando la década de los 80, generó un proceso de transformación de sentidos y material que algunas autoras han denominado “la segunda reforma universitaria” (UNA, 2021).

No solamente se construyó normativa, sino que se viene avanzando con el cambio cultural a partir de la adhesión a la “Ley Micaela” que hace el sistema universitario en el año 2019. A partir de ese momento se abrió todo un proceso que ha tenido como resultado hasta el momento que el 93% de universidades haya adherido a la ley; el 80% comenzado con las capacitaciones; y de ese porcentaje, el 80% haya logrado capacitar a sus máximas autoridades.

Otro indicador relevante es el grado de jerarquización que vienen adquiriendo los espacios de género en las universidades. En estos años, el 75% creó un espacio de gestión de políticas de género: más de la mitad son de dirección, Programa, Coordinación o Consejería (55,8%), es decir, un grado de institucionalización medio; el 37,2% son Observatorios, Comisiones, Comités y Mesas de trabajo, lo que marca un grado de institucionalización bajo; y, en menor medida, el 7% son espacios de mayor jerarquía tales como Secretarías, Sub-secretarías y áreas específicas.

En relación a las representaciones y experiencias de los distintos claustros sobre la violencia de género, prevalecen las descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación al cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género (30%), y los comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades (60%). Mientras los/as estudiantes padecen mayormente situaciones de violencia simbólica y psicológica, el claustro no docente manifiesta los más altos valores de violencia y acoso sexual grave. Los y las docentes, por su parte, también enfrentan desaliento y descalificaciones, que se potencian en tanto les asignan más tareas dependiendo de su género. Pese a estos relatos, entre un 40 y 55% de los estudiantes, docentes y no docentes están de acuerdo en que la universidad es un espacio de escucha y cuidado, donde se sienten protegidos en relación a la violencia de género.

El sistema universitario, a pesar de los esfuerzos y los logros de los últimos años, no logra erradicar la violencia de género ni alcanzar la igualdad. El informe elaborado por la Ruge es una herramienta que permite elaborar políticas precisas para lograr esos objetivos.

*Rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y rectora-coordinadora de la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE).

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