Argentina | Marcha de comunidades originarias para pedir nueva prórroga de Emergencia Territorial

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La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con un plazo de vigencia de 4 años, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades originarias del país. La norma venía a subsanar el incumplimiento de derechos que desde la Reforma de 1994 el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, estipulaban.

La ejecución del relevamiento territorial ordenado corresponde a las provincias y a las volubles voluntades de gobernadores, intendentes y poderes locales, por lo tanto ha avanzado lentamente y, de acuerdo a las diferentes gestiones nacionales, con poco o nulo presupuesto. Esto ha obligado a que periódicamente los pueblos originarios deban presionar para exigir la prórroga de la ley y la vigencia de la emergencia territorial que prohíbe los desalojos, que de todas formas –por vía judicial o de hecho– siguen ocurriendo.

Este miércoles 6 de octubre, nuevamente una movilización de pueblos y naciones originarias con delegaciones de todo el país marchó hasta el Congreso Nacional para exigir la prórroga de la norma que vence el 23 de noviembre. “Marchamos hacia el Congreso donde nos recibirán los diputados y las autoridades del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). Exigimos la prórroga de la 26.160, que se haga realmente efectiva y pedimos presupuesto para la ley. Sobre todo, exigimos que los desalojos no sigan ocurriendo. Esa ley la hemos ganado con lucha, pero como el país es federal en muchas provincias no se cumple, los desalojos continúan y ha habido muertes en ellos. Estamos pidiendo que el poder político nos escuche, que la prórroga sea efectiva y el relevamiento tenga presupuesto”, expresó a Canal Abierto Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, del pueblo nación mapuche.

La organización de la movilización destacaba la presencia de delegados de los pueblos coya, guaraní, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, pilagá, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, ranculche, mapuche, quechuas, aymara y lule, provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente las comunidades, suspende todo proceso de desalojo y ordena la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.

La vigencia de esta demanda se hace patente cuando hace más de diez días la policía de Río Negro mantiene sitiada a la lof mapuche Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, de la zona rural de El Bolsón, tras la orden de desalojo librada por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien. El 24 de septiembre cerca de 50 efectivos ingresaron por la fuerza al territorio recuperado por la lof y con violencia detuvieron a varias personas. Los fiscales dispusieron un cerco policial con el impedimento de ingresar alimentos, abrigo u otros implementos e impidiendo el ingreso al territorio.

“El problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos ancestralmente estas tierras”, explicita el comunicado de la organización de la marcha.

En el pliego de demandas, los pueblos originarios vienen exigiendo que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permitiría obtener los títulos de propiedad, no privada sino comunal, de los territorios relevados.

Acompañamiento

La CTA Autónoma estuvo presente en la movilización. Su secretario General Adjunto Hugo Cachorro Godoy denunció “la inhumana situación (que vive la lof Quemquemtrew),  esperamos que no se avance con más represión sino que se avance con más reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos originarios. Vamos a seguir sosteniendo estos reclamos junto con los del conjunto del pueblo que ya no da más, la situación es cada día más angustiosa y requiere de parte del gobierno medidas más rápidas y más profundas”.

También entre los organizadores de la marcha se encontraba la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que desarrolla desde hace décadas un fuerte trabajo con las comunidades originarias de la región chaqueña. En la Cámara de Diputados quien se encargó de ser anfitrión para la delegación de los pueblos originarios fue el diputado del PTP-PCR en el Frente de Todos Juan Carlos Alderete, histórico referente de la CCC.

Reunión con diputados nacionales

Los bloques del Frente de Todos y el Socialismo en la Cámara de Diputados se reunieron con la delegación de organizaciones y naciones originarias de todo el país. “Los legisladores se comprometieron a tratar la prórroga de la ley 26.160, trabajar para que tenga quórum y pedir presupuesto para que la ley se haga efectiva. Acordamos tener un diálogo permanente y los pueblos se declararon en asamblea permanente, en expectativa y alerta. Los diputados dieron por descontado un trámite fluido en Senadores pero en la Cámara Baja están teniendo más dificultades para alcanzar el quórum como se vio ayer. Los pueblos respondieron que la movilización continuará hasta que se apruebe”, resumió la reunión Miriam Liempe.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas y diputados Paula Penacca (CABA, actual secretaria parlamentaria del bloque FdeT), Hernán Pérez Araujo (La Pampa), María Rosa Martinez (Buenos Aires), Juan Carlos Alderete (Buenos Aires), María Lucila Masin (Chaco), Marcelo Koenig (Buenos Aires), Natalia Souto (Buenos Aires), Ayelén Sposito (Río Negro) y asesores de Alcira Figueroa (Salta) y Enrique Estévez (Santa Fe – Socialista). También participó del encuentro Magdalena Odarda, presidenta del INAI.

La reforma de 1994: un hecho histórico para los pueblos

La Convención Nacional Constituyente de 1994 en Santa Fe, a cargo de la Reforma de la Constitución Nacional, marcó un hito en lo que refiere a los derechos indígenas incorporados desde entonces a la Carta Magna. Hasta ese momento en el texto constitucional la única mención a los pueblos era en el artículo 67, inciso 15, que rezaba: “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Desde entonces, el inciso 17 del artículo 75 establece:

  • Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
  • Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
  • Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
  • Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
  • Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Canal Abierto


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