Arturo Jarrin asesinado extrajudicialmente hace 35 años, su crimen sigue en la impunidad – Por Soledad Buendía Herdoíza

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Por Soledad Buendía Herdoíza, especial para NODAL

El 26 de octubre se recuerdan 35 años del asesinato de Arturo Jarrin Jarrin, comandante de la organización clandestina Alfaro Vive Carajo. La verdad con relación a su muerte y la sanción para sus perpetradores es una tarea inconclusa que convocamos a no abandonar.

En 2007 se instaló en el Ecuador la Comisión de la Verdad, tribunal de justicia que buscaba esclarecer 31varios crímenes de lesa humanidad infligidos entre otros contra los miembros de la organización guerrillera Alfaro Vive Carajo. En este marco se develaron archivos clasificados, testimonios y elementos de convicción que permiten reescribir la historia desde las víctimas.

El lunes 27 de octubre de 1986, los noticieros del medio día repetían una mentira oficial: “Arturo Jarrín, líder de AVC fue abatido en un enfrentamiento con la policía”, al día siguiente su madre, Beatriz Jarrin con inmenso dolor, en la funeraria daba una rueda de prensa, pedía al gobierno de León Febres Cordero que pare la represión y denunciaba que Arturo no murió en enfrentamiento, su cuerpo tenía huellas de tortura, “fue asesinado” repetía.

Los archivos de la década del 80’ de la Policía Nacional, dan cuenta de una estrategia planificada para “eliminar” a todos aquellos que eran considerados subversivos, utilizando métodos por fuera de la ley.  Estos documentos calificados como “secretísimos” fueron elaborados por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y tuvieron como base la Ley de Seguridad Nacional expedida por el Triunvirato Militar en 1979.

La planificación para combatir al denominado “enemigo interno” configuró un sistema represivo entre 1984 y 1988, desplegado por el Frente Militar (dirigido por el Ministro de Defensa y operativizado por las Fuerzas Armadas) y el Frente Interno (dirigido por el Ministro de Gobierno y operativizado por la Policía Nacional). En este marco represivo, desde 1984 la Policía Nacional creó una estructura clandestina al interior del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), conocida como SIC-10, para encargarse de la lucha “contrainsurgente”.

La existencia del SIC-10 ha sido negada históricamente –incluso hasta la actualidad por algunos miembros policiales–, está demostrado su funcionamiento en Quito, Guayaquil y Cuenca, así como los nombres de sus principales integrantes. Con el transcurso del tiempo, el SIC-10 fue institucionalizándose, y el 14 de febrero de 1986, a través del Decreto Ejecutivo Reservado No. 1601, se consolidó orgánicamente como Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional encargada de las tareas antisubversivas.

Específicamente en el caso de Arturo Jarrín, fue esta estructura policial la encargada de su persecución, detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial. Arturo Jarrín llegó a Panamá el 07 de octubre de 1986, conforme consta en el permiso de entrada sellado en su pasaporte por el Departamento de Migración de ese país. Debido a la persecución, Arturo Jarrín viajó con el nombre de Milton Cervantes. En Panamá, Arturo Jarrín tomó contacto con miembros del M-19, entre ellos Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolf, quienes le brindaron apoyo y protección en su estadía, antes de su viaje a Europa, confirmada con el pasaje aéreo de la compañía KLM con destino final Belgrado – Serbia, el sábado 25 de octubre de 1986. Este documento, junto con el pasaporte, quedaron entre sus pertenencias en la ciudad de Panamá y fueron entregados a sus familiares tiempo después de su muerte.

El viernes 24 de octubre de 1986, Arturo Jarrín salió a una reunión en Panamá, sin protección ni acompañamiento. Ese día, mientras realizaba llamadas telefónicas internacionales fue detenido por Pablo Quintero Reyes militar de las Fuerzas de Defensa de Panamá, la detención se produjo en los exteriores de las cabinas telefónicas. Arturo Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición del entonces Embajador de Ecuador en Panamá, General Grivaldo Miño y finalmente enviado a Quito. Al arribar a Ecuador, fue trasladado con el conocimiento del Coronel Holguer Santana y el Teniente Marco Paredes, Jefe y Oficial del SIC-P respectivamente, al sector de Tambillo. Ahí funcionaban las caballerizas de la Policía Nacional conocidas como La Remonta. En dicho lugar fue salvajemente torturado, conforme se refleja en la autopsia realizada a su cadáver. En ese lugar se encontraban los oficiales de la UIES, Edgar Vaca y Alberto Revelo, con el personal de tropa Wilson Zapata y José Benigno Rivas.

El 26 de octubre de 1986, aproximadamente a las 22h30, Arturo Jarrín fue ejecutado extrajudicialmente en el sector de Carcelén. Los policías que supuestamente intervinieron en el enfrentamiento son Carlos Toapanta y Raúl Venegas, agentes del SIC-P, cuyo jefe inmediato era Holguer Santana, además del agente Bernardo Arévalo de la UIES, bajo el mando de Edgar Vaca. Los policías mencionados fueron obligados a atribuirse la responsabilidad en la muerte de Arturo Jarrín, con la firma de un parte policial que fraguaba un enfrentamiento.

Estos policías también fueron obligados a dar su testimonio en el proceso judicial dirigido por el Juez de Policía Luis Méndez, prevenidos de que serían sobreseídos, con el aporte de la fraudulenta investigación realizada por Jorge Rodríguez, oficial del SIC-P.

El desenlace fue efectivamente el sobreseimiento de los tres policías por parte de una Corte Policial, como ha sucedido en otros casos de violaciones de derechos humanos los asesinos fueron condecorados y el crimen sigue en la impunidad.

* Ex asambleísta de Ecuador y activista por los derechos humanos

 

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