Bolivia | La UE niega haber participado en el golpe y el canciller pide construir “una relación sin injerencia”

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La UE rechaza la acusación de Arce sobre su supuesta participación en el ‘golpe’

Por Edwin Condori

La Unión Europea, a través de un comunicado difundido este jueves, rechazó la acusación del presidente de Bolivia, Luis Arce, sobre la presunta participación de un exrepresentante de esa organización en la “ruptura constitucional” de 2019, que acabó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que ahora es investigado en el país como un supuesto golpe de Estado.

“La UE rechaza firmemente la acusación formulada por el presidente Luis Arce contra el exembajador de la UE en Bolivia (León de la Torre), alegando que éste participó en ‘la ruptura del orden constitucional’ en el contexto de la crisis política de Bolivia en 2019”, cita el documento.

La organización remarca que, en noviembre de 2019, la UE solo ayudó a facilitar reuniones involucrando a “actores claves” de todos los partidos políticos, incluidos los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de la Iglesia Católica y “por solicitud explícita del gobierno del presidente Evo Morales”.

“El objetivo de esas reuniones fue ayudar a pacificar la situación en el país en un momento de extrema tensión, a través de la creación de una plataforma de diálogo, con el objetivo de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió a Bolivia. Otros países también contribuyeron al proceso de facilitación en diferentes momentos”, indica otro párrafo del pronunciamiento de la UE.

El comunicado concluye que la UE trabaja por una relación sólida y constructiva con Bolivia en todos los ámbitos, basada en el respeto mutuo.

El pasado 23 de septiembre, durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Arce dijo que “la ruptura del orden constitucional” en Bolivia tuvo la participación de actores nacionales: políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos.

Pero “también contó con la participación de la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general Luis Almagro, de otros gobiernos, como de Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, agregó entonces Arce.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una profunda crisis política y social generada a partir de denuncias de presunto fraude electoral. Antes de su renuncia, la Policía también se amotinó e incluso las FFAA “sugirieron” su dimisión.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió el mando del país a través de un cuestionado proceso de transición y ahora está encarcelada, precisamente, por una investigación denominada caso Golpe de Estado.

La Razón


El Gobierno responde a la UE y comparte su visión de construir una relación sin injerencia

Por Edwin Condori

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante un comunicado, informó este jueves que el gobierno de Luis Arce comparte la visión de la Unión Europea (UE) de construir una relación sólida de respeto mutuo y sin injerencia.

“El Gobierno del Estado Plurinacional del Bolivia, comparte la visión de la Unión Europea respecto a construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, complementariedad, solidaridad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados”, cita el documento.

Este pronunciamiento de la Cancillería surge después de que la UE, mediante otro comunicado, rechazó “firmemente” la acusación del presidente Arce sobre la presunta participación de un exrepresentante de esa organización (León de la Torre) en la “ruptura constitucional” de 2019, que acabó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que ahora es investigado en el país como un supuesto golpe de Estado.

La organización internacional remarcó que, en noviembre de 2019, la UE solo ayudó a facilitar reuniones involucrando a “actores claves” de todos los partidos políticos, incluidos los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de la Iglesia Católica y “por solicitud explícita del gobierno del presidente Evo Morales”.

El comunicado de la organización concluyó que la UE trabaja por una relación sólida y constructiva con Bolivia en todos los ámbitos, basada en el respeto mutuo.

Por otra parte, la Cancillería boliviana recordó que el Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “determinó que durante la crisis política de noviembre de 2019, en el que se rompió el orden constitucional, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

Ahora “estos hechos se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado”, cita otro párrafo del documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El pasado 23 de septiembre, durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Arce dijo que “la ruptura del orden constitucional” en Bolivia “también contó con la participación de la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general Luis Almagro, de otros gobiernos, como de Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una profunda crisis política y social generada a partir de denuncias de presunto fraude electoral. Antes de su renuncia, la Policía también se amotinó e incluso las Fuerzas Armadas “sugirieron” su dimisión.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió el mando del país a través de un cuestionado proceso de transición y ahora está encarcelada de manera preventiva, precisamente, por una investigación denominada caso Golpe de Estado.

La Razón


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