Conflicto por minera | Organizaciones sociales e indígenas denuncian persecución y rechazan el estado de sitio

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Manifestantes rechazan Estado de Sitio frente a la CC y MP

Por Jeanelly Vásquez

A nombre propio y representantes de organizaciones sociales y populares se reunieron frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en el Barrio Gerona y de la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir la investigación de los últimos hechos suscitados en El Estor, Izabal.

Entre las diligencias más recientes destacan cinco allanamientos, incluida a una radio comunitaria y una defensoría en el municipio y el despliegue masivo de elementos policiales.

RESPONSABILIZAN A LAS AUTORIDADES

Rosalina Tuyuc, representante de la organización Waqib’ Kej, comentó a nombre de los presentes que responsabilizan a las fuerzas de seguridad por las violaciones a los derechos humanos de los indígenas del pueblo Q’eqchi’.

“Estamos aquí para pedir un alto a la criminalización y a la persecución contra las comunidades del pueblo maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal. Hacemos responsable a las autoridades de seguridad pública por lo que pueda pasar en El Estor”, sentenció Tyuc.

Ayer, luego de decretar Estado de Sitio en Izabal, la Fiscalía de Distrito del MP en Izabal y la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron cinco allanamientos en El Estor. El Parlamento del Pueblo Xinka reportó entre los sitios allanados a una radioemisora que transmite en Q’eqchi’ y español las denuncias de las comunidades en resistencia al proyecto minero Fénix. Se reportan dos capturas.

Además, alertó sobre el allanamiento a las oficinas de la Defensoría Q’eqchi.

Mientras, otra lideresa lamentó el despliegue excesivo de las fuerzas de seguridad: “para llegar al territorio Q’eqchi’, para reprimir y para tratar tan brutalmente a nuestros hermanos, para eso sí son buenos. Lamentamos que elementos de la policía estén al servicio de la transnacional y estén para optimizar el uso indebido de la fuerza”.

Seguidamente, Rosalina Tuyuc mencionó que en conjunto rechazan el proyecto minero Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y otras empresas extractivas transnacionales. “Desde la Corte de Constitucionalidad, queremos enviar nuestro respaldo, apoyo moral y político a los hermanos del pueblo maya Q’eqchi’, porque esta vez también reafirman los intereses económicos y transnacionales que han hecho nuestros gobiernos”, resaltó Tuyuc.

Esta parte del discurso fue referente a un supuesto pago de ciudadanos rusos al presidente Alejandro Giammattei, el cual consistió en una alfombra enrollada con dinero en efectivo adentro. “En este caso el gobierno de Giammattei, en contubernio con esas empresas, que vienen a saquear los bienes naturales de la madre tierra, que son propiedad del territorio maya Q’eqchi’”, declararon.

RESPALDAN A LA RESISTENCIA Q’EQCHI’

Del mismo modo, Rosalina y otras lideresas expresaron en unísono su respaldo hacia la resistencia indígena de El Estor. En coro, los manifestantes pronunciaron “¡Que viva el pueblo Q’eqchi’!”, “¡Que viva!”.

La última frase en el discurso de Tuyuc enfatiza su apoyo a la distancia: “queremos alertar a todas las comunidades, pero también a las distintas expresiones sociales a que no están solas y solos. No pueden seguir violentando los derechos territoriales y el derecho a la resistencia de todas las personas”.

Para otra representante, el trato hacia la resistencia ha sido racista y fomenta el terror colectivo. “Es la práctica de callar la demanda colectiva de los pueblos”, definió. Ella pidió respeto por la manifestación frente al MP y la CC.

Por último, recordó que, aunque El Estor es el centro mediático de la represión hacia los pueblos indígenas, existen más comunidades que padecen esta violencia. “Los humillaron, los pisotearon, los trataron como que no son personas, pero no es la primera vez que lo hacen. En el territorio ixil, chortí, pocomam es diario”, finalizó.

La Hora


Congreso ratifica estado de sitio en El Estor; despliegan a más de 500 agentes

Por Regina Pérez

Con el voto de 85 diputados, el Congreso ratificó el decreto de estado de sitio en el Estor, Izabal, declarado por el presidente Alejandro Giammattei en consejo de ministros, con lo que se restringirán los derechos de la población de ese municipio, donde en los últimos 20 días las autoridades del pueblo Q’eqchi’ realizaron un plantón para exigir su derecho a participar en la consulta comunitaria sobre el proyecto Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Únicamente 27 diputados votaron en contra y 49 estaban ausentes.

La discusión de ratificación del decreto comenzó alrededor de las 3 de la tarde, con tres horas de retraso. Con la aprobación del estado de sitio, el gobierno de Giammattei ha decretado al menos 14 estados de excepción desde que inició su gobierno, un dato que proporcionaron varios congresistas que se opusieron al mismo.

La medida fue decretada el pasado 24 de septiembre por el gobierno de Giammattei tras el desalojo violento que realizaron antimotines, policías y miembros del ejército de la resistencia pacífica organizada por las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Maya Q’eqchi’ que pide ser incluido en el proceso de consulta sobre el proyecto minero Fénix.

El diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, manifestó su oposición a esta medida y dijo que llamaba la atención que el vocero del ejército dijera con orgullo que enviaron a 500 soldados a “proteger” a la población.

Batres señaló que existe una dinámica histórica que persiste y recordó que la minería de níquel en Izabal, se remonta a 1970, cuando gobernaba Carlos Manuel Arana Osorio.

“Hago mención de ello, porque esta mina que hoy nos tiene en discusión fue aprobada en el tiempo de Arana Osorio y es responsable de algunos asesinatos, por ejemplo del congresista, Luis Mijangos López, alguien que por su lucha en contra de la fue objeto de asesinato y quedó parapléjico y aun así lo asesinaron en su silla de ruedas y por la espalda”, manifestó el diputado de la bancada Winaq.

El diputado Román Castellanos, de la bancada Semilla, indicó que ellos también votarían en contra del estado de sitio. “Lo único que han estado reclamando las comunidades es participación en los procesos de preconsulta, donde claramente lo que el Ministerio de Energía y Minas está haciendo es una consulta comunitaria a la medida de la empresa minera, en lugar de dar participación a los líderes comunitarios legítimos que representan a las comunidades, está bloqueando todo un proceso de participación”, dijo Castellanos.

La legisladora Ligia Hernández, de la misma bancada, señaló que votar a favor del estado de sitio es resolver la conflictividad causada por la minería con represión, sin profundizar en las causas de ese problema social y económico. El modelo de la minería vigente nos deja miserias en regalías, se lleva la paz de las comunidades, indicó.

Por último, Hernández agregó que no hay que olvidar los graves señalamientos que involucran al presidente Giammattei en sobornos otorgados para favorecer concesiones a la compañía de níquel. “Recordemos que investigar estas acciones le costó el puesto al fiscal Sandoval”, indicó, en referencia a la destitución de Juan Francisco Sandoval por parte de la fiscal general, Consuelo Porras.

La congresista Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, señaló la incapacidad del Gobierno y su gabinete, para resolver un problema profundo que se está dando en las comunidades y que tiene una solución, no necesariamente con estados de excepción.

Gutiérrez agregó que el gobierno tiene que ejecutar y cumplir con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC). Aquí no hubiera conflicto si se respetara el Estado de derecho, pero no se cumple y por eso han tenido que salir los comunitarios para poder exigir lo que en derecho les corresponde, indicó.

El diputado Aldo Dávila también lanzó una fuerte crítica hacia el mandatario de quien dijo tenía la complicidad de Gendri Reyes, el ministro de Gobernación, para violentar los derechos de la población Q’eqchi”. “Todo porque no se cumple con la sentencia de la CC donde quedaba muy claro que quedaba suspendida la explotación minera, lamentable y más aún ahora que hasta los medios de comunicación son perseguidos”, dijo Dávila, quien fue llamado al orden por la presidenta.

Por otro lado, diputados como Manuel Conde Orellana, Boris España, designado corrupto por el gobierno de Estados Unidos, la diputada Patricia Sandoval y Antonio Arenales Forno arremetieron en contra de la población Q’eqchi’ en El Estor, que exige su derecho a la consulta.

Finalmente, tras casi tres horas de discusión se aprobó una moción para aprobar en un solo acto el decreto 9-2021, lo cual fue ratificado con el voto de 85 diputados.

Despliegan más de 500 agentes en El Estor

Luego del estado de sitio en El Estor que decretó el gobierno de Giammattei en consejo de ministros, el Ministerio de Gobernación desplegó a más de 500 agentes en ese municipio, donde hoy se reportó que varias radiopatrullas e incluso elementos del ejército asediaron al periodista Juan Bautista Xol, corresponsal de Prensa Comunitaria, en su residencia.

El estado de sitio fue declarado un día después de que cientos de agentes de la Policía y elementos del ejército desalojaron a la resistencia pacífica que se realizó en dicho municipio por los integrantes de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Maya Q’eqchi’, quienes exigen su derecho a participar en el proceso de consulta sobre el proyecto minero Fénix, que impulsa actualmente el Ministerio de Energía y Minas.

En una rueda de prensa, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, justificó el envío de más de 500 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de El Estor y el estado de sitio, por varias manifestaciones que se dieron en 2021.

Por otro lado, el Mingob evidenció que usaron drones durante el desalojo que efectuaron cientos de agentes de la PNC y elementos del ejército de la resistencia pacífica, los días 22 y 23 de octubre y acusó a manifestantes de haber lanzado piedras.

Según información enviada a Prensa Comunitaria, el periodista Bautista Xol, quien cubrió el plantón pacífico por 20 días, así como los desalojos efectuados, también fue criminalizado en redes sociales por su labor informativa durante los 20 días que duró la resistencia pacífica de las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales del Pueblo Maya Q’eqchi’ que dieron inicio el pasado 24 de octubre.

Prensa Comunitaria

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