En Guatemala, la democracia también está sufriendo un deterioro que impacta en la región – Por Sergio Morales Rodas

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Por Sergio Morales Rodas

Los destinos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han ido de la mano desde tiempos de la colonia. Las guerras internas, dictaduras militares, y ahora sus frágiles democracias los hacen hermanos muy parecidos que hasta tienen en común el libre tránsito entre sus territorios.

No es casualidad que las cuatro naciones compartan pobres indicadores sociales. El más reciente Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las ubica entre los puestos 124 al 132, de 189 países evaluados.

Con la economía más grande de estos cuatro países, Guatemala parecía ser el caso menos grave. Al menos, hasta hace poco EE. UU. lo veía como un socio confiable y prueba de ellos fue la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y la donación de 4.5 millones de vacunas contra el covid-19.

Además, en la memoria están aún las manifestaciones que en 2015 se levantaron en contra del Gobierno de Otto Pérez Molina y que terminaron con su renuncia y la de su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión hoy en día.

Pero después de estas muestras de descontento social que suponían un volver a comenzar del sistema político guatemalteco, principió lo que algunos consideran, un declive paulatino de la democracia y la institucionalidad.

Para empezar, el Gobierno de Jimmy Morales expulsó al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, que, en 2015, junto con el Ministerio Público (MP) había dirigido las investigaciones de actos de corrupción de la pareja presidencial que detonaron las protestas. También había investigado a familiares del mandatario Morales.

La decisión le significó al Gobierno de Morales fuertes críticas en el país y en el extranjero, pero las resistió, a pesar de una dura batalla legal que implicó cuestionadas interpretaciones de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que rayaron en la desobediencia, en cuanto a que la máxima Corte había permitido el regreso de Velásquez a Guatemala, puesto que se encontraba en EE. UU., cundo el Gobierno lo declaró non grato.

Velásquez ya no regresó.

Ya en el Gobierno de Alejandro Giammattei el tiempo de vida de la Cicig expiró y ya no se pidió a las Naciones Unidas, organismo al cual pertenecía la Cicig, otra extensión de su mandato, pese a que esta comisión de la ONU gozaba de una notable aceptación en el país, según encuestas.

Retrasos en la justicia

Pero si de violentar la Constitución se habla, no puede evadirse mencionar a la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recién cumplió dos años de excederse en sus funciones. Los 13 magistrados que la conforman fueron electos por un pacto entre los extintos partidos Patriota y Líder en 2014 y debieron haber dejado el cargo el 13 de octubre del 2019.

No han sido sustituidos después de que una resolución de la CC ordenó la elección de magistrados idóneos, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) denunciara vicios en el proceso. La resolución no ha sido obedecida porque los diputados oficialistas han hecho su propia interpretación de las leyes y hasta el día de hoy no eligen nuevos magistrados.

Contrario a la CSJ, la CC si fue renovada en octubre del año pasado. La anterior Corte, con sus resoluciones, habían sido incómodos al Congreso y a las administraciones de Jimmy Morales e incluso a la de Giammattei.

De esa cuenta, los diversos actores se las ingeniaron para elegir una CC que no representara un obstáculo, según analistas, y la única magistrada que podría considerarse una piedra en el zapato, Gloria Porras, que había sido reelecta en representación de la Universidad de San Carlos no logró tomar posesión de su cargo.

De nuevo, interpretaciones dudosas de leyes y de resoluciones judiciales fueron el fundamento del Congreso para no juramentarla en un nuevo periodo. Porras era bien vista por EE. UU. país que, tras la no juramentación emitió fuertes críticas.

Pero la relación Guatemala-EE. UU. se deterioraría aún más.

En julio pasado la fiscal general Consuelo Porras destituyó al jefe de la Feci Juan Francisco Sandoval a sabiendas que la acción le significaría el rechazo absoluto del Gobierno de EE. UU.

Sandoval había sido reconocido por la administración de Joe Biden como el bastión principal de la lucha contra la corrupción; mal que, según EE. UU., ha alimentado las condiciones de pobreza que es a su vez la principal causa de la migración irregular en el Triángulo Norte de Centroamérica.

El exfiscal, incluso recibió el título de Campeón Anticorrupción, premio otorgado a aquellos que luchan “incansablemente” contra la corrupción y fomentan la rendición de cuentas. Acá se destaca que Giammattei ya se había expresado desfavorablemente de Sandoval en más de alguna entrevista cuando lo señaló de dirigir las investigaciones con sesgos ideológicos.

Además, Porras habría echado a Sandoval justo cuando este se disponía a iniciar una investigación que involucraría al mandatario guatemaltecos con sobornos de ciudadanos rusos para hacerse de un área de la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

En respuesta el Departamento del Estado de EE. UU. no tardo en colocar a la fiscal general en la lista Engel de sospechosos de corrupción y de socavar la democracia, anunció la suspensión de cooperación con MP y enfatizó en que Porras ya no era una socia de confianza para aquel país.

Tras el escándalo por la remoción de Sandoval, el Gobierno de Giammattei se ha limitado a comunicar que “el MP es una entidad autónoma” y que respeta la independencia de las instituciones.

Diferencias con el istmo

Diversos detractores del Gobierno señalan que el oficialismo ha cooptado todas las instituciones del Estado y que al igual que ocurre en estos momentos en países como Nicaragua y El Salvador no existe más un sistema de pesos y contrapesos.

Aunque en Guatemala no existe un caudillo como Daniel Ortega o Nayib Bukele, afirman que hay una dictadura corporativa en la cual diversos actores promueven sus intereses desde el Ejecutivo, Congreso, cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, Ministerio Público e incluso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Afinidad autoritaria en la región”

Hay quienes consideran que Guatemala perdió la oportunidad de construir una relación más cercana y de mayor confianza con EE. UU. ya que al principio de la administración Biden este Gobierno parecía dispuesto a fortalecer sus lazos con el de Giammattei.

Con esto, se dejó de aprovechar un posible incremento de la cooperación en diferentes ámbitos no solo en el institucional.

Con esta relación antagónica, sin duda, “se están cerrando muchas puertas que costará abrir de nuevo”, opina Francisco Villagrán de León, exembajador de Guatemala ante la ONU y la OEA, quien considera que los acontecimientos ocurridos en los países centroamericanos son “desfavorables” y contribuyen a ese antagonismo.

“Las relaciones con Washington no son buenas y se han enfriado. El debilitamiento de las instituciones del sector justicia en nuestros países y el retroceso democrático ha tenido mucho que ver en esto”, afirma Villagrán.

Añade que pareciera que existe una “confluencia de intereses que han entrado en conflicto con las políticas de Estados Unidos hacia la región”.

El exembajador precisa que en el campo político da la impresión de que hay “una convergencia autoritaria en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, con las mismas amenazas a las democracias, aunque más agudas en el país gobernado por Daniel Ortega.

Prueba de esa “afinidad autoritaria”, agrega, es la abstención de Guatemala en la votación de la OEA sobre las elecciones en Nicaragua con la cual se exige la liberación de los presos políticos, en una decisión que no es congruente con la posición del Gobierno de Guatemala respecto de Venezuela.

“El futuro de Centroamérica se ve sombrío y se vienen tiempos difíciles”, teme Villagrán.

Sanciones

De no dar muestras de interés de cambiar el rumbo, hay analistas que no ven tan lejana la posibilidad de que EE. UU. imponga sanciones a Guatemala y al resto de países de la región, tal como lo ha hecho con Venezuela. De hecho, en la Ley Renacer, que ya fue aprobada por el Senado, se habla de la posibilidad de dejar fuera a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio.

“Hasta ahora EE. UU. solo ha recurrido a la presión diplomática, pero las sanciones es una posibilidad que siempre estará sobre la mesa”, expuso Williams Álvarez, licenciado en Relaciones Internacionales y catedrático de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.

El analista coincide con que en los gobiernos de la región han armado un bloque “antiestadounidense” cuyo objetivo es “no perder los esquemas de poder que han mantenido y los han enriquecido” durante años y que se ven amenazados por la lucha contra la corrupción, mal que EE. UU. ha determinado como el origen de la pobreza y la migración irregular.

Todo lo que está sucediendo en la región va en la línea de una postura de “cinismo” frente a EE. UU. de que los gobiernos pueden hacer “lo que les da la gana y no les tengo miedo”, apunta Álvarez.

“Estos sectores siempre se han beneficiado del poder y pelean contra la posibilidad de perderlo. Siente que con la lucha contra la corrupción estaban perdiendo ese poder y la mejor manera de garantizarlo es ese vuelco al autoritarismo y a un no ceder frente a EE. UU.”, explicó.

En el caso de Guatemala, Álvarez opina que una forma rápida de evitar posibles sanciones sería la renuncia de la fiscal Consuelo Porras o bien sea que el presidente Giammattei le pidiera públicamente revisar su continuidad al frente del Ministerio Público.

Sin embargo, el catedrático universitario ve difícil que suceda cualquiera de los dos escenarios puesto que el MP y el Gobierno van en la misma línea, y en el caso del segundo “está empecinado en ver hasta dónde puede llegar” en su antagonismo contra su par de EE. UU.

Preocupación de EE. UU.

Roberto Izurieta, analista político y profesor de la universidad George Washington, considera que “el nivel de desarrollo de la democracia y de la transparencia y la lucha contra la corrupción afecta las relaciones de EE. UU. con los países vecinos”.

Citó como ejemplo el deterioro institucional que existe en Venezuela “cuyas consecuencias lo vemos en el crimen organizado y sin lugar a duda en la trágica migración”.

Por la cercanía que implica habitar el mismo continente, añadió Izurieta, “el problema del uno es el problema del otro”.

“En términos generales lastimosamente ha existido un retroceso en casi toda la región, Brasil, Argentina, México, Guatemala, El Salvador… en lo que respecta a la democracia y desarrollo”, aseveró el analista político.

No obstante la preocupación del Gobierno de EE. UU., Izurieta cree que este país no dejará de cooperar con sus vecinos ya que “la cooperación económica nos va a ayudar a mejorar la situación de la gente más pobre de nuestros países”.

Por tal razón, estos gobiernos deberían “dar la bienvenida” a esta asistencia, así como a otros instrumentos de cooperación “que nos ayuden a vivir con más democracia, transparencia y seguridad”.

“Deseamos y necesitamos que los países se desarrollen, con mejores estándares y más transparencia, lo que se busca es limitar los efectos negativos de gobiernos dictatoriales y promover el desarrollo de la democracia, el desarrollo económico y el bienestar de nuestros vecinos”, dijo Izurieta.

Prensa Libre

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