Familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba llegan a La Paz y se reúnen con el gobierno

422

Marchistas llegan a La Paz y exigen justicia y juicios por los hechos de 2019

Para las 08.00 de hoy, el Gobierno convocó a la dirigencia de la marcha de Huayllani (Sacaba) y Senkata (El Alto) a dialogar sobre la agenda de 22 puntos del pliego de peticiones presentado el sábado, confirmó ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

La afirmación fue realizada antes de la entrega de la invitación formal a los representantes de la columna que llegó pasado el mediodía hasta la Casa Grande del Pueblo, luego de siete días de caminata desde el municipio de Caracollo hasta la ciudad de La Paz exigiendo justicia y el enjuiciamiento a los autores intelectuales, materiales y cómplices de la masacre de noviembre de 2019 por el régimen de facto de Jeanine Añez.

UNIDAD

La autoridad aseguró que el objetivo del Gobierno es dialogar de manera conjunta con todas las asociaciones de víctimas conformadas en el país, toda vez que los 38 asesinatos se cometieron en Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.

En ese contexto, Roberto Ríos adelantó que la dirigencia de la marcha de Senkata y Sacaba deberá presentar una nómina de 12 representantes para iniciar el diálogo desde las 08.00 de hoy en instalaciones del salón ‘Rodolfo Illanes’, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

“No tenemos que olvidar si bien los familiares de las víctimas son bastantes en el país, han marchado dos asociaciones, y lo que estamos buscando es la unidad, por lo que también se está convocando a otras instancias para que participen de la misma, (…) porque el propósito es trabajar de manera integral, la idea es no dividir para ir avanzando de manera paulatina en cada uno de los puntos”, sostuvo.

COMISIÓN

El Viceministro de Seguridad Ciudadana adelantó que la comisión de diálogo estará integrada por representantes de los ministerios de Justicia, de Gobierno y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).

Además, que inicialmente se informará sobre los avances de las acciones asumidas por el Gobierno y cuál es el estado de situación actual respecto a las demandas que han presentado, “a partir de ello avanzar por temática, sectores o los puntos para atender sus demandas”.

Ríos expresó su confianza en la voluntad de los movilizados para instalar el diálogo y encontrar de manera consensuada soluciones a sus demandas, en el marco de las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

DESCANSO

Asimismo, Roberto Ríos dijo que en el marco de precautelar la seguridad y la atención médica de las y los marchistas se ha dispuesto de un lugar para que puedan pernoctar con todas las condiciones, además de recibir alimentación.

MÁXIMA HERRERA PIDE CÁRCEL PARA MESA, CAMACHO Y MILITARES

“Hemos marchado porque no hay justicia, ya han pasado casi dos años y hasta ahora Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, los militares y policías siguen caminando en las calles. Hemos llegado hasta La Paz para pedir cárcel para Mesa, Camacho y para todos los que nos han masacrado, ni siquiera hay proceso, siguen ganando sus sueldos. Mi hijo de 19 años ha sido baleado en la rodilla izquierda y en su muslo derecho. Ya no es normal, no puede caminar y dice que hubiera preferido morir a estar así. El sufrimiento no es sólo de él, lo es para mí también porque no sé cómo lo voy a ayudar; ya estaba en su primer año en la Escuela Industrial, ahora ya no quiere caminar, no quiere comer, no quiere estudiar, no sé lo que voy a hacer”.

NANCY JAMACHI: HEMOS MARCHADO PORQUE NO HAY JUSTICIA

“Hemos partido el martes en la marcha desde Caracollo junto a los hermanos de Sacaba porque hay retardación de justicia, queremos que los que han ordenado matar al pueblo estén en la cárcel, ese va a ser nuestro consuelo. Hasta ahora en una semana más ya van a ser dos años y no tenemos justicia porque no tenemos plata, para los que tienen plata la justicia funciona rápido, pero queremos decirles que nosotros somos pobres, pero no ignorantes, por eso nos vamos a quedar aquí hasta que los asesinos estén en la cárcel. Tenía la esperanza de que el Gobierno nos reciba, pero en vez de eso nos manda policías, pero no importa porque ya hemos decidido declararnos en huelga de hambre hasta morir. Se han olvidado de nosotros, el fiscal no agiliza los procesos. Mi hermano ha sido el primer fallecido y ha dejado a tres hijos huérfanos y cada día reclaman a su papá, no nos vamos a rendir porque tenemos la esperanza de que haya justicia para nosotros”.

A CASI DOS AÑOS DE LA MASACRE, ZENÓN CASILLA AFIRMA QUE NO SE RENDIRÁN

“Las verdaderas víctimas de Huayllani hemos marchado exigiendo justicia, a mí me han baleado en los dos hombros, estoy inválido porque no puedo hacer nada. Hermano, yo quería escapar, pero no he podido porque aquí nomás ya he sentido dos, y aquí uno, ya no he podido y me he caído nomás y me han llevado al hospital. Pedimos justicia porque en unos pocos días ya va a ser dos años y hasta ahora los que han ordenado la masacre siguen caminando, se ríen en nuestra cara. No nos vamos a rendir, ya debía estar en la cárcel el (Carlos) Mesa, el (Luis Fernando) Camacho, los militares y los policías que nos han masacrado. Ya hemos sufrido, seguimos sufriendo, hemos aguantado el frío, el calor, las piernas me duelen; no nos vamos a rendir y nos vamos a quedar aquí con comida o sin comida, queremos que la justicia trabaje, no nos vamos a ir”.

RUBÉN VELÁSQUEZ: EN SIETE DÍAS HEMOS CAMINADO POR DIGNIDAD, TAMBIÉN SOMOS PERSONAS

“Nosotros somos personas, no somos animales para que nos maten y no se haga justicia, nuestra marcha es por dignidad de los masacrados, de los encarcelados injustamente y de los torturados. A mí me han detenido los policías sin pruebas, ellos (policías) han montado todo, yo estaba en la marcha y me han tratado feo, tengo rabia, tengo bronca cuando veo a los policías porque me han gasificado, me han torturado, tengo fracturas en mis manos, me han golpeado fuerte hasta perder la memoria varias veces y gracias a ellos he perdido el oído. Después de que me han pegado fuerte por más de una hora me han llevado hasta la FELCC de la Laguna Alalay, donde me han torturado psicológicamente y físicamente para que acepte primero el delito de terrorismo, después de sedición, de narcotráfico y luego de robo agravado, igual me han mandado a la cárcel de San Sebastián”.

MÁS DE UN CENTENAR DE MARCHISTAS LLEGAN A LA PAZ Y SE DECLARAN EN VIGILIA PERMANENTE

Cerca de las 15.00 de ayer, más de un centenar de familiares de los asesinados, de los heridos, torturados y perseguidos durante el régimen de facto entre septiembre de 2019 y octubre de 2020 arribaron ayer a la ciudad sede de gobierno e instalaron una vigilia permanente indefinida exigiendo justicia y la reparación integral de daños, conforme establece las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Portando wiphalas, la tricolor nacional y los epitafios de sus familiares asesinados descendieron desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto por la avenida Panorámica. Previamente, en la Planta de Senkata, la columna de marchistas se detuvo para rendir homenaje a los caídos el 19 de noviembre de 2019 con tres padres nuestros y tres aves marías.

Ya en la avenida Potosí, la columna se detuvo frente a la Fiscalía Departamental de La Paz y al unísono gritaban: “Justicia, justicia, justicia”.

VIGILIA

Minutos más tarde, la marcha continuó rumbo a la Casa Grande del Pueblo. En la esquina Socabaya-Potosí, un grupo de policías de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP) impidió que la columna llegue hasta la plaza Murillo.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, llegó hasta el lugar para hacer entrega a la dirigencia, la invitación formal al diálogo a partir de las 08.00 de hoy en instalaciones del Ministerio de Justicia. Después de socializar el documento, los más de un centenar de marchistas rechazaron la convocatoria a dialogar e instalaron una huelga de hambre indefinida en el lugar exigiendo la audiencia con el Presidente del Estado y descartaron cualquier acercamiento con ministros o viceministros.

PLIEGO

El 23 de octubre, una comisión de la alianza de víctimas de Sacaba-Senkata presentó su pliego de peticiones de 22 puntos al Gobierno y demandaron una audiencia pública con el presidente Luis Alberto Arce Catacora para iniciar el diálogo, caso contrario asumirían una huelga de hambre en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo hasta que sean atendidos favorablemente. Entre sus principales demandas está el inicio de un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez, su gabinete de ministros y sus aliados.

Ahora el Pueblo


Activan caso golpe con cita a los Camacho y otra baja en la Policía

La Fiscalía decidió retomar el caso denominado golpe de estado con la citación al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho para esta semana.

Así lo informó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, aunque no precisó si la declaración informativa se dará en la ciudad de La Paz o Santa Cruz.

Entre tanto, se reactivan los procesos por los conflictos de 2019, en el marco del caso motín policial con la baja definitiva del décimo miembro de la institución policial.

La decisión del Tribunal Disciplinario de la Policía en Chuquisaca, en contra de la suboficial Cecilia Calani, que en ese entonces era dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos y Clases, fue apelada por su defensa.

Según Lanchipa, citado por ERBOL, una comisión de la Fiscalía Departamental de La Paz que lleva adelante la investigación hará la recepción de la declaración de padre e hijo y se definirá la modalidad.

Los Camacho ya debían declarar a inicio de mes, pero José Luis Camacho se excusó de ir a la sede de Gobierno por temas de salud y su certificado médico ya fue homologado y se corroboró su imposibilidad de viajar a ciudades de altura, lo que deberá tomarse en cuenta.

PROCESOS

Por otro lado, el abogado de la suboficial Calani, Ronald Chuquimia, citado por ERBOL, anunció que se apelará la sentencia, que se dio a conocer ayer, con el objetivo de que el Tribunal Superior de la Policía revoque esa decisión o, de lo contrario, presentará una Acción de Amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Anteriormente, Calani denunció que se le estaban violando sus derechos constitucionales con este proceso. En su defensa, ella alegó que estaba de vacaciones al momento del motín.

Dijo también que para la sentencia hubo una suerte de presión de parte del Gobierno, por la presencia de sus personeros en un proceso que es interno de la Policía.

El caso fue denunciado por el Viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, quien entregó una lista de 26 uniformados, acusados de vulnerar el Régimen Disciplinario.

También se suman procesos penales por la comisión de delitos de sedición, instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos nacionales.

A la fecha ya existen otros nueve policías dados de baja en La Paz y Cochabamba, principalmente.

El último, antes de Calani, fue el ahora exmayor Jorge Salazar Ramírez, de Cochabamba. Fue acusado no solo por el motín, sino por atentar contra la wiphala al arrancarla de su uniforme por lo que su baja es “sin derecho a reincorporación.

Una semana antes, se asumió la misma medida contra el mayor Edwin Silva García y se sumaron la capitana Ivonne Barrenechea, el coronel Aníbal Rivas, el mayor Jhamil Jhasmany Sandy, el capitán Marcelo Gutiérrez, el coronel Nelson Flores, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas y el excomandante de la institución Yuri Calderón.

Opinión

Más notas sobre el tema