La marcha de las víctimas de Senkata y Sacaba llega a El Alto a exigir justicia y una audiencia con Arce

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La marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata llega a la ciudad de El Alto

La marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó la tarde de este domingo a la urbe alteña.

La movilización, que demanda justicia, partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, y prevé ingresar este lunes al centro de la ciudad de La Paz.

El sábado, una delegación de la marcha dejó en la Casa Grande del Pueblo un pliego petitorio de 22 puntos y pidió una audiencia con el presidente Luis Arce.

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación); (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entonces entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

Luego, el director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio. De hecho, “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”, sostuvo.

Incluso, el viceministro de Justicia, César Siles, anunció este domingo que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños a las víctimas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

La Razón


¿Qué se dijo y quiénes fueron los expositores en el panel organizado por Bolivia en la OEA?

El gobierno de Luis Arce pidió “que la verdad brille” durante un panel en la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que especialistas convocados por Bolivia, Argentina y México descartaron un fraude en las elecciones bolivianas de 2019.

Una auditoría de la OEA concluyó que hubo “manipulación dolosa” en esos comicios, en los que el entonces mandatario Evo Morales se declaró vencedor, aunque terminó renunciando en medio de una fuerte conmoción social por los cuestionados resultados electorales.

Pero el viernes, al acoger en la sede de la OEA en Washington el foro “¿Qué pasó realmente en las elecciones de Bolivia de 2019?”, el gobierno de Arce, que llegó al poder tras una nueva votación en 2020, volvió a negar irregularidades.

“Señores y señoras, no hubo fraude en mi país”, aseguró el fiscal general boliviano, Wilfredo Chávez, al reseñar el resultado de la verificación de todas las actas realizado en Bolivia.

“El debate no es un caso cerrado (…) porque tenemos la verdad por encima”, añadió, y prometió un libro para “aclarar” lo ocurrido el 20 de octubre de 2019.

“Que la verdad brille al final”, afirmó Chávez, deplorando que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no estuviera presente a pesar de que su despacho está “a seis metros de acá”.

Ni Almagro, cuya oficina ratificó en agosto los “graves hallazgos” de la auditoría de la OEA y desestimó un estudio de la Universidad de Salamanca solicitado por la Fiscalía boliviana que descartó maniobras electorales, ni otros funcionarios de la OEA asistieron al foro.

La elección de 2019 en Bolivia es un “tema cerrado”, dijo Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, al declinar en una carta la invitación a participar.

Tampoco estuvo el director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo De Icaza, quien ha denunciado como “parciales” y “sin rigor técnico” estudios que cuestionaron el análisis de la OEA.

Los expositores

En el centro del debate está la paralización de un conteo preliminar en la noche de las elecciones y su reanudación un día después, con un considerable aumento de la ventaja de Morales, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo.

Pero según algunos expertos, lo que se presentó como evidencia de irregularidades en realidad fue un “error” de valoración.

En el panel del viernes, Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), un grupo de estudios con sede en Washington y coautor del informe “Observando a los observadores”, volvió a indicar “fallas” en la pesquisa del organismo regional.

“La conducta de la OEA en relación con las elecciones de Bolivia de 2019 ha dado lugar a una clara intervención política, que se basó en estadísticas defectuosas y una tergiversación incluso de sus propios hallazgos”, dijo.

Otro de los expertos, Francisco Rodríguez, de la Universidad Tulane en Luisiana, indicó “errores de procesamiento de datos” en la auditoría de la OEA.

Rodríguez, quien en julio de 2020 publicó con profesores de la Universidad de Pensilvania el trabajo sobre Bolivia “¿Señalan fraude los cambios en los votos contados tardíamente?”, agradeció los datos obtenidos por el diario The New York Times de las autoridades bolivianas, que según dijo les permitieron detectar problemas de metodología en el informe de la OEA.

Por otra parte, el politólogo Jack Williams, insistió en sus hallazgos en un estudio solicitado por el CEPR, en el que concluyó que “es muy probable que Morales haya obtenido el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera vuelta”.

Las conclusiones de Williams y el académico John Curiel, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) pero que según el CEPR hicieron la pesquisa de manera “independiente” del prestigioso centro, fueron difundidas en febrero de 2020 en Monkey Cage, un blog publicado por el diario The Washington Post.

La investigación de Williams y Curiel fue refutada en mayo de 2020 por John Newman, un economista exrepresentante del Banco Mundial en Bolivia y consultor en Estados Unidos, quien ratificó las conclusiones de la OEA.

“Fuerte presión”

La auditoría de la OEA desencadenó la dimisión de Morales tras casi 14 años en el poder, luego de que policías y militares le retiraran el apoyo. Tras su renuncia, buscó refugio primero en México y luego en Argentina.

Los embajadores de esos dos países ante la OEA, la mexicana Luz Elena Baños y el argentino Carlos Raimundi, elogiaron que llegara “la hora de la verdad” sobre este tema.

“Valoramos que los expertos hayan presentado sus análisis a pesar de la fuerte presión de la Secretaría General”, dijo Baños, usual crítica de Almagro.

Chávez dijo que la violencia desatada como “consecuencia” del informe de la OEA dejó 38 muertos, más de 300 heridos de bala y 2.500 detenidos.

Correo del Sur

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