La Organización Internacional del Trabajo pidió universalizar la protección social tras el impacto del Covid-19

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La crisis por COVID-19 puso en evidencia las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, y colocó en la agenda regional el gran desafío de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades, así como para enfrentar nuevas emergencias en el futuro.

“Los efectos de la pandemia se amplificaron pues había millones de personas sin redes de protección ante la pérdida de ingresos y empleos, mientras los sistemas de salud estaban al borde del colapso”, recordó Vinícius Pinheiro, Director de la OIT para América Latina y el Caribe, al presentar un nuevo estudio sobre protección social en la región.

Antes de la pandemia solamente 56 por ciento de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social. Los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, incluían apenas 46 por ciento de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, comentó Pinheiro. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

La nota técnica de OIT “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia ”, hace una revisión de la situación de la protección social y de los desafíos en el futuro, incluyendo la necesidad de estar preparados para nuevas crisis, como las que podría ocasionar el cambio climático.

El documento de OIT plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección, que cuenten como base un piso de protección social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

“La protección social es fundamental para la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la vez que facilita la transformación productiva y la mejora de la productividad”, dijo Pinheiro.

El informe de la OIT destaca que como consecuencia de la crisis por COVID-19 se estima que los sistemas contributivos de protección social registraron una baja de 7,9 por ciento en el número de cotizantes, lo que significó un retroceso de casi una década.

Al mismo tiempo, en el último año y medio la emergencia sanitaria y sus consecuencias colocaron bajo una presión sin precedentes a los sistemas no contributivos, que dependen de recursos fiscales, y que fueron esenciales para amortiguar el impacto de la crisis.

A junio de 2021 se habían implementado 273 medidas no contributivas en la región, de las cuales un 64 por ciento fueron programas nuevos y el resto adaptaciones de programas existentes.

El informe agrega que las políticas más usuales fueron para proteger los empleos y los ingresos, entrega de alimentos y atención en la nutrición y políticas enfocadas en la salud.

“El gasto enfocado a mitigar la crisis de la COVID-19 ha permitido contrarrestar el incremento aún mayor de la pobreza y pobreza extrema, donde los países que destinaron más recursos son los que más han evitado el incremento de la pobreza”, dice el documento. Particularmente los hogares con niños, niñas y adolescentes que dependen de los ingresos que generan trabajadores y trabajadoras en el segmento informal de la economía vieron aumentar su vulnerabilidad y exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

Pinheiro destacó que en el contexto actual de recuperación de una crisis sin precedentes “es fundamental adaptar y ampliar la protección social, hemos sido testigos como las prestaciones sociales han sido la primera línea de defensa para quienes perdieron sus ingresos y a la vez constituyen un importante motor para estimular la actividad económica”.

El informe recuerda que existe una correlación entre la desigualdad y la cobertura contributiva de la seguridad social. Solo entre el 20 a 40 por ciento cotizan cuando forman parte de los quintiles de población de menores ingresos.

De igual forma, a medida que las unidades económicas crecen, mayor es la cobertura. En empresas con 20 o más personas, todos los países tienen cobertura que superan el 60 e incluso 80 por ciento. Contrariamente, en su mayoría las unidades económicas con cinco personas o menos presentan un nivel de cobertura inferior al 20 por ciento.

En el caso de la seguridad económica para las personas de mayor edad, se plantea que este es “un desafío pendiente”, ya que según los datos más recientes 30 por ciento de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre los mayores, 47,2 por ciento recibe solo pensión o jubilación, 7 por ciento recibe tanto una pensión como ingresos laborales, y 14,9 por ciento solamente ingresos laborales.

“Para todos la pandemia ha sido difícil, pero para los mayores ha sido brutal, tanto por el impacto de los contagio, como por la falta de ingresos lo cual los dejo en una situación particularmente crítica”, afirmó Pinheiro.

Tras la pandemia, el futuro de la protección social enfrenta “una compleja combinación de desafíos”, dice el informe de la OIT.

Entre estos destacan la necesidad de avanzar hacia pisos de protección social que garantices prestaciones mínimas para todas las personas, ampliación de políticas para la población infantil, expandir los seguros de desempleo, ofrecer protección universal en salud, y en un momento de crisis como el actual “garantizar la sostenibilidad de financiamiento, especialmente frente a elevados niveles de deuda y procesos inflacionarios”. La gobernanza es otra dimensión crítica para el futuro de la protección social.

“Al momento de ser redactado este informe, la recuperación socioeconómica sigue siendo incierta y destinar más recursos a la protección social seguirá siendo decisivo”, añade el documento.

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OIT

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