Organizaciones sociales e indígenas presentan acción en la Corte contra el estado de sitio

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Estado de sitio en El Estor, Izabal, es inconstitucional; presentan acción en la CC

Organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas presentaron en la Corte de Constitucionalidad una acción en contra del estado de sitio en el municipio de El Estor (319 kilómetros al nororiente de la ciudad capital), en el departamento de Izabal, “porque contraviene las normas fundamentales y los principios constitucionales”, declaró la abogada Wendy López, del Bufete de Pueblos Indígenas.

La jurista señaló que, de acuerdo al mandato constitucional, ante la declaratoria de cualquier estado de excepción se deben tener todos los fundamentos debidamente razonados, en los que se determinen las circunstancias por las cuales se acude a dicho recurso.

Esto es importante, porque en el decreto 13-2021, la justificación para la instalación del estado de sitio indica que “se ha alterado el orden y hay ingobernabilidad”. En criterio de López, la palabra “ingobernabilidad” no está contenida ni en la Constitución ni en los motivos de procedencia de los estados de excepción, mucho menos cuando se trata de un estado de sitio.

A raíz de esta “ingobernabilidad”, que se supone existe, es que se decreta el estado de sitio. No hay que olvidar que en los estados de excepción es un peldaño previo a llegar a la máxima imposición, que sería un estado de guerra. En teoría serían circunstancias bastante fuertes para su aplicación, indicó.

Ahora, a las personas que manifestaban en El Estor y ejercían un libre derecho se les reprime a través de la imposición de un estado de sitio. Desde el viernes 22 de octubre hubo más presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar. “Es increíble que haya más de 150 vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) y muchos elementos de seguridad para reprimir, a favor de la minera.

A partir de la sentencia de 2020 de la Corte de Constitucionalidad las operaciones de la minera están suspendidas, sin embargo, el Estado defiende los intereses mineros, extractivos, empresariales; se presta a esta condición y emite el estado de sitio para favorecerlos.

En el contexto, debe quedar claro que se omitió la consulta a los pueblos que son afectados por la minera. El Ministerio de Energía y Minas redujo el ámbito de afectación de la empresa de 248 kilómetros cuadrados a 6 kilómetros cuadrados, cuando en la sentencia de la CC se indica claramente que son 248, subrayó López.

Otros intereses de por medio

Para Daniel Pascual, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waq’ib Kej, lo que ocurre en El Estor es responsabilidad única y exclusivamente del Estado, debido a que los distintos gobiernos cedieron las concesiones de explotación del níquel, pero también debe tomarse en cuenta que ese municipio está acechado por la palma africana. Han ocurrido muertes y hay persecución de hermanos y hermanas de distintas regiones por esa causa.

En otra región de El Estor hay procesos y amparos todavía en ejecución. Creemos que el interés en El Estor no es solo el níquel, son distintos intereses de empresas transnacionales que acechan la región. Ahí está la alerta, porque hoy, con el estado de sitio podrán ejecutar órdenes de desalojo, de capturas, alegando incluso flagrancia, cuando fue el Estado el que provocó la ingobernabilidad, destacó Pascual.

Las autoridades del Consejo Maya Q’eqchi’ y la Gremial de Pescadores reclaman su libre ejercicio a la consulta; tienen derecho a ser parte de dicho proceso. Cuando las instituciones del Estado, como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los excluyen, violan doblemente sus derechos, porque el Estado de Guatemala está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a consultar bajo las costumbres, tradiciones y normas de las comunidades mayas, desde antes que se instalara la mina, pero además la CC emitió una resolución a favor de los pueblos. Es justa la reacción de las comunidades, en cuanto a protestar frente a una doble o triple violación a sus derechos, indicó.

Solidaridad y acompañamiento

Por su parte, Esperanza Tubac, de Waq’ib Kej envió un saludo a las comunidades en resistencia de El Estor “les mandamos un abrazo solidario y decirles que estamos con ellas y ellos en su lucha”; además, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar atenta a lo que pasa.

Tubac responsabilizó al Estado por todos los derechos que puedan ser vulnerados, principalmente de las mujeres, “porque hoy vemos un territorio totalmente militarizado, por aire, por agua y por tierra, que lo único que hacen es intimidar a nuestras hermanas y hermanos que defienden la vida”.

Sebastiana Par, del Consejo de Pueblos K’iche’, dijo que el sistema de justicia es utilizado para reprimir a los pueblos originarios, a las mujeres y a las autoridades ancestrales. “Estamos viviendo en un estado de terror y aquí estamos, como mujeres, como defensoras, como autoridades ancestrales, para decir alto a esa violencia del Estado y no vamos a permitir que se haga una consulta en estos contextos”, agregó.

Las limitaciones a la libertad de expresión en El Estor, un regreso al pasado

La abogada Wendy López considera que el Estado está viendo a la prensa en El Estor como enemiga “y al enemigo hay que callarlo, hay que reprimirlo, hay que silenciarlo de alguna manera”. Esto es preocupante porque se está volviendo a épocas del conflicto armado interno, cuando el Estado iba a buscar a su enemigo y lo desaparecía.

Esperamos que estas condiciones no se cumplan en El Estor y con el apoyo de las compañeras y compañeros que van a la verificación puedan determinarse y establecerse los parámetros de actuación de las autoridades. La labor que realizan los periodistas allá es muy importante para evidenciar esas violaciones a los derechos humanos, indicó.

A decir de López, es común que desde perfiles falsos se difame a personas y que el Estado realice investigaciones a partir de sus publicaciones, cuando los requerimientos para una investigación no deberían ser los perfiles de Facebook, como lo han hecho en contra de algunos periodistas.

Prensa Comunitaria


El Estor: ¿Por qué la intimidación y el acoso a Prensa Comunitaria?

La mañana de este martes la Policía Nacional Civil (PNC), el ejército y fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron nueve allanamientos en el municipio de El Estor, Izabal, en los que se incluyeron las viviendas de los periodistas Juan Bautista Xol Col y Carlos Ernesto Choc, quienes han dado cobertura a los hechos, desde el pasado 4 de octubre, cuando se instaló el campamento en el lugar.

Los allanamientos se registraron en el contexto del tercer día del estado de sitio decretado por el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta medida de excepción se concretó luego de que se argumentara una respuesta violenta por parte de los representantes de 94 comunidades que impedían el paso a los vehículos de la minera, conocidos como “góndolas”, en contra de agentes de la policía, que según dijeron “iban desarmados”.

Sin embargo, Prensa Comunitaria documentó que la resistencia se llevaba a cabo de forma pacífica y que se permitía el paso a los vehículos particulares.

El viernes 22 de octubre, durante el primer intento de desalojo, Prensa Comunitaria registró en video cuando un agente antimotines pide al periodista que no lo grabe, porque ellos van armados y podría ser peligroso. Imágenes captadas ese mismo día evidencian esta situación, así como la forma en que fuertemente armados custodiaban a los camiones de la minera.

A pesar de ello, al día siguiente, cuando se concretó el desalojo, con presencia de elementos del ejército, la naval, la fuerza aérea y antimotines, el gobernador departamental, Héctor Alarcón, insistió en que los agentes de policía no portaban armas y que cuatro elementos habrían resultado heridos de bala y piedras.

También fue documentado por Prensa Comunitaria que entre la población Q’eqchi’ que se mantenía en resistencia había mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Ese día, 23 de octubre, los antimotines lanzaron gases lacrimógenos de forma indiscriminada; un pequeño, fue trasladado en estado de shock a un centro de salud.

Personas vinculadas a la empresa minera, como el alcalde auxiliar Rigoberto Bo, quien es trabajador de la minera, han manifestado abiertamente su rechazo al trabajo de Prensa Comunitaria e incluso en al menos dos ocasiones ha amenazado al periodista, Carlos Choc con expulsarlo del barrio donde vive.

Grupos interesados en descalificar la protesta y la libertad de expresión

En los días en que se instaló el campamento de la resistencia pacífica también fueron instalados dos bloqueos de carretera, por parte de grupos a favor de la minera; en uno se hacían cobros ilegales a vehículos, cerca de la finca El Recreo, salida a Río Dulce y en el otro, cercano a la colonia minera, fueron colocadas mantas, difamando a la dirigencia pacífica.

Asimismo, en redes sociales proliferaron los señalamientos de perfiles falsos, acusando a Carlos Ernesto Choc, de ser parte de los organizadores de la resistencia pacífica, así como en contra de Juan Bautista Xol Coc, a quien se le señalaba de portar una escopeta el día en que fueron heridos los policías, el mismo día en que realizó una amplia cobertura periodística para Prensa Comunitaria.

En horas de la mañana de este mismo día el Presidente Alejandro Giammattei afirma que existen 40 órdenes de captura y 50 más en proceso, con lo que se espera que la criminalización contra la Prensa y la organización comunitaria se haga evidente en los próximos días.Autoi

Existen indicios de una estrategia que intenta presentar a los periodistas de Prensa Comunitaria como activistas y miembros de la organización comunitaria, sin embargo, la labor de Prensa Comunitaria es estrictamente periodística, labor que de esta forma es criminalizada y censurada.

A raíz de estos señalamientos, que no constituyen ninguna prueba, se llevaron a cabo los allanamientos en las casas de los periodistas de Prensa Comunitaria. A Xol Coc lo retuvieron junto a su familia durante dos horas y en la casa de Choc, provocaron daños a un ropero y dejaron todas sus pertenencias tiradas.

Estos hechos, según el abogado de Prensa Comunitaria, Oswaldo Samayoa, buscan censurar el trabajo periodístico, pero principalmente la labor informativa de Prensa Comunitaria; criterio que fue compartido por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade e indicó que se violenta el artículo 35 de la Constitución Política de la República, en cuanto al trabajo de la prensa.

Agentes antimotines armados resguardan una “góndola” de la empresa minera el 22 de octubre, mientras otros, desarmados, lanzan piedras contra la resistencia pacífica.

Prensa Comunitaria

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