Puerto Rico | Mujeres marcharon contra medida que limita aún más el derecho al aborto

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Protestan contra medida que limita aún más el derecho al aborto en Puerto Rico

La Coalición de Centros de Terminación de Embarazos del Área Metropolitana mostró el martes, su oposición a una medida legislativa que impondría nuevos requisitos para realizar abortos en la isla al resaltar que el proyecto se aleja del derecho existente que protege la posibilidad de las mujeres a decidir si continuar o no con un embarazo.

El Proyecto del Senado 591 busca establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida”.

Presentada el pasado 16 de septiembre, esta medida impondría nuevos requisitos a los abortos en la isla, además de que restringiría los procedimientos en todas sus instancias, incluyendo cuando es practicado en menores.

De la autoría de los senadores novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme, el proyecto limita el acceso al aborto a menores de 18 años, requiere inspecciones anuales por parte del Departamento de Salud a los centros de terminación embarazos, exige que esas instalaciones tengan seguridad privada y legisla protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

Según la doctora Yarí Vale Moreno, portavoz de la Coalición, la medida va en contra de la seguridad de adolescentes gestantes pues elimina la posibilidad de que menores de 18 años puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, según lo establecido en el caso Pueblo vs. Duarte.

El 17 de Abril de 1980 el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en el caso Pueblo de Puerto Rico versus Pablo Duarte Mendoza que la práctica del aborto era legal en Puerto Rico debido a que jurisprudencia establecida en la decisión del caso federal Roe vs. Wade (1973) era aplicable en la isla.

“Bajo la premisa de salvaguardar la salud de las mujeres, este proyecto de ley expone una falsa problemática respecto a la necesidad de regular el aborto en Puerto Rico, cuando ya existe exhaustiva regulación al respecto y se está en cumplimiento con los requisitos de operación requeridos por el Departamento de Salud, quien es la agencia con el expertise al respecto”, comentó, por su parte, la licenciada Frances Collazo Cáceres, codirectora ejecutiva de Profamilias y también portavoz de la Coalición.

En conferencia de prensa, miembros de la Coalición advirtieron que, según estadísticas del Departamento de Salud, el 9% de los abortos realizados el año pasado en Puerto Rico fueron en menores de 18 años, mientras que el restante 91% fueron en mujeres de 19 años en adelante.

“Nosotros como Coalición confirmamos que en nuestras clínicas los abortos en menores de 18 años son la excepción. La gran mayoría de los abortos son realizados en mujeres entre 20 y 35 años, según rendimos cuenta en nuestros informes al Departamento de Salud”, agregó Collazo Cáceres.

La letrada añadió que la Ley de los Derechos y Servicios Médicos para la Mujer Embarazada establece que embarazadas menores de edad no necesitan el consentimiento de sus padres o custodios para continuar un embarazo y recibir cuidado prenatal y posparto.

“Si se le reconoce capacidad decisional a una menor para continuar su embarazo y tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva esenciales, se le debe reconocer la misma capacidad decisional para interrumpir su embarazo y tener acceso al procedimiento médico correspondiente”, sostuvo.

De acuerdo con la abogada, esta medida promueve la violencia de género al crear las condiciones legales para obligar a las mujeres a ser madres.

Por otra parte, Collazo Cáceres comentó que el proyecto legislativo convertiría en ley el reglamento de Salud para regular los centros de terminación de embarazos. Esto, advirtió, resulta contrario a poderes ya delegados a Salud por su ley orgánica, entre otros estatutos. Además, señaló que esto impediría, además, modificar el reglamento de los centros, según los avances de la medicina y otros factores.

“No existe actualmente en Puerto Rico un problema con el aborto que no sea la falta de mayor acceso a este servicio esencial”, insistió Collazo Cáceres al resaltar que tampoco hay querellas al respecto, ni se han emitido multas o cierres a estas facilidades.

La Coalición está compuesta por el Centro de Planificación Familiar Santa Rosa, Darlington Medical Associates, Women’s Medical Pavilion de Carolina y la Clínica IELLA, de Profamilias.

Actualmente, la medida es evaluada por la Comisión de Asuntos de las Mujeres, que preside la senadora Migdalia González Arroyo. Según se informó a través de esta Comisión, las vistas públicas de esta medida comenzarán el 27 de octubre y se llevarán a cabo entre cuatro a cinco audiencias para discutir el proyecto.

El Nuevo Día

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