Repudios a la Iglesia por el caso de la niña violada: ONU Bolivia recuerda que el embarazo forzado es tortura

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ONU: El embarazo forzado en niñas es una tortura

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia considera que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. Este pronunciamiento lo hizo cuando se hizo público el caso de una menor de 11 años que resultó embarazada tras sufrir abusos sexuales por parte del padre de su padrastro.

La instancia internacional, en el comunicado, exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, resalta en el documento.

A su vez manifiesta que “es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”.

Sostiene que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo igual solicitó informes a la maternidad Percy Boland sobre la atención que se brindó a la niña mientras estuvo internada y a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, municipio donde se sentó primero la denuncia.

El representante regional de la Defensoría del Pueblo, Carlos Lara, cuestionó la intervención de la iglesia Católica porque la niña fue traslada hasta uno de sus centros, donde recibirá atención para continuar con el embarazo, pese a que la decisión inicial fue la interrupción.

El Deber



Defensoría acude a la Justicia para retoma de la interrupción del embarazo de una niña

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este miércoles que en los inmediato presentará un recurso de Acción de Libertad para que la Justicia ordene la interrupción del embarazo de la niña de 11 años que fue llevada a un albergue por personeros de la Iglesia Católica para garantizar que continúe con su estado de gravidez.

“Hemos presentado una Acción de Libertad contra las defensorías de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz de la Sierra, el Arzobispado de Santa Cruz y el Hospital Percy Boland a fin de que la justicia constitucional ordene a las defensorías cumplir con acciones de protección a fin de reencaminar el proceso de interrupción legal del embarazo de la menor de 11 años”, informó en una conferencia de prensa en La Paz.

La segunda acción tiene que ver con la solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares “para que el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña.

La niña fue violada por el padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz. Sus dos hermanas también fueron ultrajadas sexualmente. Inicialmente la familia de la víctima había autorizado la interrupción del embarazo, pero después desistió tras visitas –se denunció- de personeros de la Iglesia Católica.

“Finalmente, la Defensoría, ante la gravedad del hecho y principalmente desprotección de las niñas en Bolivia, está presentando una acción penal contra el personal médico del Hospital Percy Boland, servidores públicos de las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz, Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de disposición del ser humano con o sin fines de lucro, con fines de embarazo forzado con fines de guarda o adopción”, explicó.

Según Cruz, la sanción por estos delitos tiene entre 15 y 20 años de cárcel.

El martes, la niña de 11 años violada y embarazada por su abuelastro fue dada de alta de la Maternidad “Percy Boland” y permanecerá en un hogar de acogida. “Se cumplirá las promesas de “sanar a la niña” en la parte médica y psicológica, afirmó el delegado Episcopal de Salud de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, quien también asesora a la familia de la víctima.

La Razón


Colectivos de mujeres protestan en puertas de la Conferencia Episcopal por el caso de niña embarazada

Colectivos de mujeres se apostaron en puertas de las oficinas de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en la calle Potosí de la ciudad de La Paz, para protestar por la intervención de la Iglesia Católica que se opone al cumplimiento de una sentencia constitucional que avala la interrupción de embarazos en casos de violación, específicamente en el caso de la niña de 11 años que fue violada por su abuelastro y que resultó embarazada en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

“No pueden obligar a una niña abusada a dar a luz”, gritaban las mujeres indignadas por el caso que fue dado a conocer en los últimos días.

Además de organizaciones de mujeres activistas, exautoridades también se hicieron presentes en la protesta expresando su respaldo a niñas y adolescentes ante injerencia de la Iglesia Católica.

La exministra de Salud, Gabriela Montaño, señaló que “la iglesia intenta debatir algo que no se puede debatir como es el derecho a la vida”.

Por su parte, Sonia Brito, activista por los derechos humanos, dijo que “la iglesia está naturalizando la violación de una niña”.

Abi

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