UNPAZ | Hacia la despenalización del aborto en Chile – Por Nicole Darat Guerra

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El pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó en general la despenalización del aborto hasta las primeras 14 semanas. En esta nota, Nicole Darat Guerra, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, presenta esta moción parlamentaria y sus antecedentes en el país, a la vez que explora sobre las posibilidades y los desafíos que su aprobación abre a futuro.  

 El pasado 28 de septiembre la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba en general la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Esta votación es interesante por varias razones, una de ellas es que ocurre en medio de un año electoral y en medio de un proceso constituyente donde la Asamblea (o convención como se ha dado en llamar, quizá en un último intento de parte del poder constituido por retener la soberanía) está mayoritariamente a favor de cambios sociales profundos, los que muy probablemente incluyan la eliminación del polémico inciso segundo del artículo 1 de la actual constitución que dice “la ley protege la vida del que está por nacer” y con el cual hemos estado lidiando desde la imposición de la Constitución hecha en plena dictadura, en el año 1980.  

El año 2017 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal. En ese momento el debate en el Congreso ya exhibió las posiciones contrarias a los derechos sexuales de las mujeres y cuerpos gestantes, mostrando particular resistencia a aprobar la causal de violación. Hoy, a 4 años de la entrada en vigor de dicha ley, y en medio de la pandemia del covid-19, el “Monitoreo social”,1 hecho por varias organizaciones feministas, da cuenta de que, a las ya existentes dificultades para acceder a la interrupción del embarazo en alguna de estas causales, producto fundamentalmente de la objeción de conciencia permitida por la ley, se sumaron las dificultades propias de la pandemia y las consiguientes cuarentenas.  

La ley aprobada en 2017 ponía en evidencia la desigualdad territorial. Existen centros de salud donde no hay suficiente personal no objetor de conciencia como para llevar a cabo un aborto. Así, si se es de la capital, y en particular, de la zona centro de la capital, se tienen mayores posibilidades de acceder a un aborto en estas condiciones extremas permitidas por la ley.  Según las cifras del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se han registrado 1827 abortos legales.  

Sin duda lo de 2017 fue un avance, pero la objeción de conciencia individual, e incluso institucional, ha representado un gran obstáculo para muchas niñas, mujeres y otras personas gestantes. Con todo, desde entonces la consigna del movimiento feminista ha sido “infinitas causales” y “no bastan 3 causales”.  Estas consignan buscan poner de relieve que las 3 causales legalizadas hace 4 años no logran cubrir la infinidad de causas por las que una mujer o cualquier persona gestante, puede decidir poner fin a un embarazo. Las 3 causales, tal como lo destaca la Corporación Humanas,2 no garantizan el derecho a interrumpir el embarazo a la mujer en su calidad de sujeto de derecho, sino que lo consideran una excepción para casos extremos, dejando la verificación de esa excepción al personal médico, mediatizando una decisión que acaba no perteneciéndole del todo.  

El aborto fuera de estas tres causales sigue teniendo una pena que va de 3 años y un día a 5 años de cárcel. Si bien no hay cifras actualizadas de cuántas mujeres están presas por abortar en nuestro país, la verdad es que la cárcel acaba siendo el destino para las personas más pobres. Nuevamente, lo que se encarcela es la pobreza. Y, como sea, la amenaza de cárcel sigue actuando fuertemente sobre las conciencias de mujeres y personas gestantes que temen ser encarceladas si piden ayuda para interrumpir su embarazo o si llegan a un centro asistencial producto de complicaciones por un aborto con pastillas. Esta limitación del derecho de las mujeres y otras personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos produce que, quienes tenemos capacidad de gestar, gocemos de una ciudadanía parcial, sin reconocimiento de nuestra autonomía y, por ende, sin derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida. Mientras no exista aborto legal, las personas con capacidad de gestar no gozaremos de una igualdad sustantiva.  

Fue en 2018 cuando se introdujo esta moción que buscaba modificar el artículo del código penal que impone penas de cárcel por el delito de aborto, ya sea a la persona gestante o a quienes la ayuden con su consentimiento. Se trata de una indicación que busca modificar algunos artículos del código penal, de modo tal que solo penalicen el aborto cuando este ocurre con posterioridad a la semana 14 de gestación. Esta moción fue introducida por un grupo de parlamentarias de izquierda y de partidos de centro (Partido Comunista, Frente Amplio y la ex -Concertación). Esta indicación había dormido en el congreso hasta enero de este año, cuando se retomó la discusión en la comisión de Mujeres y Equidad de género, lo que condujo a la instancia de su aprobación en general a fines de septiembre. Dadas las limitadas atribuciones de las diputadas y diputados, el proyecto de ley no puede incluir el gasto de fondos públicos, por lo que se trata meramente de un proyecto de despenalización, y no de legalización, es decir, no hace forzosa la provisión del acceso al aborto en los centros de salud pública.  

De momento el proyecto ha vuelto a la comisión de Mujeres y Equidad de género para estudiar las observaciones que recibió en la Cámara. En esta comisión las fuerzas están divididas, en la discusión previa a su presentación en la Cámara, la votación al interior de la comisión no fue favorable, no solo por el voto de las diputadas de derecha presentes en la comisión, sino también por el voto en contra de una parlamentaria demócrata cristiana. Esto último no debería sorprendernos, si no fuera porque la candidata a la presidencia, abanderada por dicho partido, se ha manifestado a favor del aborto, e incluso ha resaltado su condición de ser la única candidata mujer, como sinónimo de un sello feminista. Todavía falta por ver qué puede suceder al interior de esta comisión, que otras indicaciones pueden hacérsele al proyecto, y cómo será votado en el Senado, ya que esta instancia es mucho más conservadora que la cámara baja, y tiene menor presencia de las nuevas fuerzas de izquierda y del Partido Comunista, que son quienes, en suma, han impulsado este avance.  

El gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, ya ha manifestado a través de su Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, que se opondrán al proyecto y lo llevarán al Tribunal Constitucional, buscando aferrarse al marco normativo de una Constitución a la cual muy probablemente le quedan sus últimos estertores de vida. La apelación al Tribunal Constitucional ha sido la estrategia preferida de la derecha cuando pretende frenar transformaciones sociales. No es de extrañarse que se opongan tanto a las modificaciones a la Carta Magna, ni que obstruyan continuamente el proceso constituyente en curso.  

La celebración de este hito fue transversal en el movimiento feminista, y en general parecen haber quedado atrás las sospechas que suscitó el proyecto cuando se presentó como moción parlamentaria en 2018; entonces parte del movimiento feminista vio como un intento de captura por parte de la llamada “bancada feminista”, de una demanda que le pertenecía al movimiento. Con todo, los desafíos para el movimiento feminista en Chile continúan. De aprobarse la despenalización del aborto, su acceso no queda garantizado por el sistema de salud pública, por lo que acceder a un aborto seguro seguiría dependiendo de si se tienen los medios y/o las redes para acceder a él. Adicionalmente, el proyecto solo pone una indicación en el código penal donde añade que se penalizará solo si se realiza “después de las 14 semanas”, y no cambia el concepto de “mujer” como la destinataria de esta despenalización. ¿Qué pasará con las personas trans y no binarias, pero en particular con las personas trans que ya han hecho el cambio de sexo registral? 

A mediano plazo, el escenario es auspicioso para el avance del aborto legal. Con una nueva Constitución en vigor, es muy probable que el tramposo inciso sobre la protección legal de la vida del que está por nacer salga del escenario y pueda avanzarse en garantizar un acceso igualitario a la interrupción voluntaria del embarazo y, con ello, a un mayor goce de los derechos sexuales y reproductivos de quienes tienen capacidad de gestar.   

La campaña feminista iniciada en 2017 con la consigna “no bastan 3 causales”, no exige precisamente “aborto legal”, sino aborto libre, seguro y gratuito. La legalidad genera sospechas entre los colectivos autónomos que desconfían del control del Estado sobre los cuerpos gestantes y que, con dicho control, nuevamente la decisión sea arrancada de las manos de las mujeres y personas gestantes. Existe una larga historia de colectivas feministas que han ayudado a abortar en la clandestinidad y que no aspiran a que dicha labor sea relevada por el Estado, reivindicando así las prácticas de cuidado y apoyo mutuo que son propias de los grupos subalternos. Esta discusión, sin duda, no es sencilla. Pero garantizar la gratuidad del aborto, al menos para hacerlo de manera generalizada y segura, requiere del aparato del Estado para llevarse a cabo, por lo que, cuando lleguemos a esa fase de la discusión, es decir, cuando hablemos finalmente de legalización del aborto, puede que reactivemos algunas de las diferencias que nos han desarticulado en años anteriores. Esperemos que el efecto de nuestros disensos no sea la desmovilización, sino la búsqueda de un terreno de construcción colectiva, que no abandone la calle y los territorios, pues será preciso seguir monitoreando la implementación de estos avances, como se ha hecho hasta ahora con las 3 causales; pero que tampoco renuncie a disputar el plano institucional que se hace imprescindible en la lucha por los derechos. Una lucha que es de largo aliento.

 

Nicole Darat Guerra es académica, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez e integrante del colectivo Ruta Feminista.


1 Informe Monitoreo Ley IVE 2021. Recuperado de https://mesaborto.cl/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-MONITOREO-FINAL.pdf

2 ONG feminista que ha sido un pilar importante en el activismo a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

Fuente-Universidad Nacional de José C. Paz


 

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